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Los ojos del país siguen puestos en la región del Catatumbo, Norte de Santander, que desde hace tres semanas está sumida en una ola de violencia por la arremetida violenta de la guerrilla del ELN y los posteriores combates con el Frente 33 de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).
Ante la gravedad de la crisis -que ha dejado más de 52.000 personas desplazadas y 31.000 confinadas- decenas de organizaciones sociales, entidades del Estado, miembros de cooperación internacional, la Iglesia y el Congreso viajaron hasta este territorio en el marco de una caravana humanitaria.
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Negociador del gobierno pidió suspender las hostilidades
Antes de que los asistentes se movilizaran hasta el municipio de El Tarra, el jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el EMBF, Camilo González Posso, destacó la movilización y les pidió a los actores armados un acuerdo de mínimos humanitarios para dar respuesta a la crisis.
“Esos mínimos humanitarios no solamente son una observancia estricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH, hay que ponerle nombre: respetar la vida, no disparar contra una persona inerme. Que no se repita eso de que se busca a la gente en las casas, y por estar acusados de una adscripción o supuestamente una pertenencia a un grupo adversario, son objeto de fusilamiento, expropiación o desplazamiento. Eso tiene que parar”, dijo González Posso.
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El negociador agregó que es necesario que los mínimos humanitarios incluyan la suspensión unilateral por parte de los grupos armados en el territorio de todas las acciones ofensivas que perjudiquen a la población o que signifiquen confrontaciones armadas.
Las alertas de las oenegés que acompañaron la caravana humanitaria
Tras la visita humanitaria a El Tarra, Norte de Santander, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines publicaron un comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación” por la crisis humanitaria y la persistencia del conflicto armado en la región del Catatumbo,
“Hacemos un clamoroso llamado al ELN, al EMBF y al Gobierno Nacional para que habiliten un espacio de diálogo que permita concretar urgentes acuerdos y acciones humanitarias en favor de las miles de personas afectadas por la violencia en la región del Catatumbo”, expresaron en el documento.
Las organizaciones rechazaron los hostigamientos y las conductas violatorias del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados y, a la par, dejaron en claro su desacuerdo con una “respuesta militarista” por parte del Gobierno Petro, pues aseguran que esto llevaría a la prolongación e intensificación del conflicto en el Catatumbo.
En su pronunciamiento, también exigieron un cese inmediato de todas las hostilidades por parte de todos los actores armados, así como cualquier agresión, amenaza o estigmatización a los líderes y población civil, incluidos “a quienes consideren bases sociales o aliados de sus contrapartes”, la desmilitarización de la vida cotidiana en la región, el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario y la implementación de mecanismos de ayuda humanitaria de manera inmediata y eficaz.
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“La consolidación del Catatumbo como territorio de paz solo será posible si las instituciones estatales y los actores armados dan un paso decidido hacia la transformación de esta región, priorizando el bienestar y la seguridad de quienes habitan en ella. El pueblo colombiano no puede continuar sometido al derramamiento de sangre. Aún es posible construir un camino hacia la paz. Por ello, les pedimos que escuchen el clamor de vida y dignidad de la población”, señalaron las oenegés en el documento.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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