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El año 2025 quedará marcado en la historia de Colombia como el periodo en que el Catatumbo sufrió su herida más profunda.
Lo que comenzó la mañana del 16 de enero como un estallido de hostilidades entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y rápidamente se transformó en una crisis humanitaria que la Defensoría del Pueblo ha calificado como un evento de “consecuencias sin precedentes por su masividad y corto tiempo de ejecución”.
Esta ruptura de la estabilidad regional no fue un hecho aislado, sino el detonante de una confrontación feroz por el control territorial que cambió para siempre la vida cotidiana de miles de personas.
A lo largo de 12 meses de fuego cruzado, la región se convirtió en el epicentro de un drama humano que desbordó cualquier capacidad de respuesta institucional.
La magnitud del daño fue documentado por la Defensoría en el informe Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de paz, que fue presentado este viernes en Tibú por la defensora nacional, Iris Marín, y que abarca las acciones de violencia e impactos en la población ocurridos entre ese 16 de enero hasta el pasado 7 de diciembre de 2025.
“Hoy cumplimos el primer de esos hechos. Unos hechos que marcan la historia no solo del Catatumbo, marcan la historia de nuestro país. Cuando pensamos en hacer una primera rememoración de esos hechos, un primer año, pensamos con esperanza que este informe recuperaría las voces de la población del Catatumbo en un contexto en que la violencia se hubiera reducido, hubiera una mayor tranquilidad para la población del Catatumbo. Infortunadamente, a pesar de que los hechos no son en números tan dramáticos como lo fueron en un primer momento cuando se registró el desplazamiento forzado más grande conocido en la historia reciente del país desde que se encuentran desplazados en Colombia. Seguimos en el Catatumbo, en una situación de extrema preocupación”, dijo Marín en la presentación.
Durante el evento, una de las funcionarias de la Defensoría rompió en llanto presentando el informe. “Aún estamos afectados”, dijo.
Según los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) y citados en el informe, un total de 105.203 personas fueron victimizadas en este periodo.
De esta cifra total, 101.587 personas fueron desplazadas, lo que representa una huida masiva de familias enteras que perdieron sus cultivos, su arraigo y su seguridad.
A esta crisis se suman 7.777 personas amenazadas de muerte directamente por líderes de los grupos armados y 3.772 ciudadanos que permanecieron bajo el terror del confinamiento, sin poder salir de sus hogares ni siquiera para buscar alimento.
El origen de la guerra
El asesinato de la familia López Durán fue el punto de quiebre en la ya tensa relación del ELN con el Frente 33. “Los enfrentamientos comenzaron en el sector del kilómetro 25 del municipio de Tibú y se extendieron en distintas áreas del territorio. Miembros del ELN llegaron a las casas, sacaron y retuvieron a algunos pobladores y asesinaron a personas, dejando sus cuerpos en la vía con la orden de no recogerlos”, dice el informe. Cinco firmantes de paz fueron las primeras víctimas.
La respuesta del Frente 33 no se hizo esperar. “Este ataque no quedará impune. Vamos a defendernos con toda la fuerza que tenemos”, dijo esa estructura en un comunicado.
Los pobladores se desplazaron en motos, caravanas, en buses y camiones improvisados e incluso algunos fueron extraídos por vía aérea. Otro más que no alcanzaron a salir se refugiaron sobre los árboles, dice el informe, previendo que lo peor venía.
Con el ataque del ELN y la respuesta del Frente 33 se rompió un pacto de no agresión que por varios años tuvieron ambas estructuras. Ese acuerdo permitía una convivencia tensa pero funcional, donde ambos grupos compartían el control de las rentas del narcotráfico y el dominio territorial.
La ruptura de este pacto se originó principalmente por la ambición de consolidar un monopolio sobre el narcotráfico, que el informe denomina como el “combustible” de la guerra. La Defensoría describe esa crisis, además, como un “conflicto entre hermanos, familiares, vecinos y amigos que compartían previamente el territorio.
El informe dice que este ciclo de violencia en Catatumbo es un eterno retorno del conflicto y el abandono estatal de esa zona que se remonta a 1905, con el inicio de la explotación petrolera.
“Las bombas que caen del cielo”
El informe de la Defensoría tiene también un capítulo dedicado al uso de drones en ese conflicto, una práctica que, según se detalla, no solo se ha extendido en el Catatumbo sino que ambos grupos armados han usado por igual.
“Desde abril de 2024 al 21 de diciembre de 2025 se han presentado 394 ataques con drones, 275 en 2025, que han ocasionado la muerte de dos menores de 18 años y 24 integrantes de la fuerza pública, así como 43 civiles heridos y265 miembros de la Fuerza Pública”, revela el documento.
La Defensoría acuña en su informe una frase que resume el asedio: “las bombas caen del cielo y las minas estallan en el suelo”.
Los pobladores, dice el capítulo, han tenido que “aprender a vivir en medio de las explosiones”, transformando sus prácticas más básicas para sobrevivir. El documento relata cómo las familias han tenido que construir refugios improvisados en sus propias casas y cómo la vida social ha desaparecido bajo el dictamen de los grupos armados.
El miedo paralizó especialmente al municipio de Tibú, epicentro de la tragedia, donde solo en la primera semana de hostilidades —tras el estallido del 16 de enero— 28.848 personas, que representan aproximadamente la mitad de la población del municipio, quedaron confinadas en sus hogares. Este encierro forzado no solo implicó la pérdida de la libertad, sino el desabastecimiento de alimentos básicos y medicinas, configurando una asfixia humanitaria planificada.
Además, el conflicto volvió a mostrar un lado de extrema crueldad contra las mujeres y la infancia. El informe documenta con crudeza la práctica de violencia sexual bajo la modalidad de “pagar con el cuerpo”, donde estructuras ilegales esclavizan a mujeres mediante deudas impuestas o promesas laborales engañosas. A esto se suma el persistente reclutamiento forzado de niños y niñas.
El informe concluye que, mientras el Estado siga limitándose a una presencia militar reactiva y no enfrente las economía ilegales, la cifra de más de 100 mil víctimas en 2025 será solo el preludio de una próxima crisis que puede estar cocinándose en este momento.
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