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A modo de balance, la delegación de Gobierno, en el espacio de diálogo socio jurídico de Medellín y Valle de Aburrá, entregó detalles sobre lo que fue el cierre de 2024 y el arranque del 2025 en materia de seguridad y paz.
A través de un comunicado, el equipo negociador de Petro moestró la reducción histórica de homicidios en Medellín -que coincide con las cifras de la Secretaría de Seguridad de la ciudad-, así como en delitos como el secuestro, la desaparición forzada y la extorsión.
Sin duda, uno de los mayores logros que ha resaltado esa mesa de paz urbana ha sido la disminución de homicidios del que no se tenía un registro tan bajo desde hace casi tres décadas. Según datos oficiales, el año pasado ese delito se redujo en un 16% en comparación con el 2023, pasando de 526 casos a 441 en 2024, con una tasa de 10,20 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para el caso particular de Medellín, la disminución se registró en un 18%, es decir, 297 homicidios frente a los 359 del año anterior.
Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia, en lo que va de 2025 se han registrado 12 homicidios, y para el mismo periodo de 2024, se reportaron 16 casos.
Para la delegación del Gobierno, esto se explica a raíz de los diálogos de paz con las bandas urbanas. “El único factor que se diferencia entre lo sucedido en el 2023 y el 2024 es la consolidación del Espacio de Diálogo Socio Jurídico con las Estructuras del Crimen Organizado de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá como parte del proceso de Paz Total del Gobierno del Presidente Gustavo Petro”, se lee en el comunicado oficial.
La mesa de diálogos urbanos en ese territorio se instaló oficialmente el 2 de junio de 2023, y si bien las conversaciones con las bandas criminales han representado un auxilio para las comunidades en términos de reducción de violencias, algunos analistas apuntan a que los bajos índices de homicidios también corresponde a unas nuevas dinámicas del crimen.
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“La reducción de la violencia homicida es resultado también de la sofisticación que se explica en que han desarrollado unos mecanismos para que los conflictos no escalen en grandes expresiones de violencia. Es un aprendizaje de las organizaciones criminales frente a las respuestas estatales de las últimas décadas. Ellos aprendieron a que no se puede calentar el parche y que la solución no violenta además es buena para consolidar el control territorial”, explicó Sebastián Londoño, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Otros analistas que han seguido de cerca el conflicto en Medellín y Valle de Aburrá también señalan que las estructuras armadas urbanas también han adoptado nuevas formas en su accionar violento, en ese caso, el sicariato ha dejado de ser común, pero en el territorio crecen los casos de personas asesinadas y embolsadas.
En una reciente entrevista con Colombia+20, Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), señala que “encontramos una reducción histórica de homicidios, de casos de desaparición forzada y desplazamientos forzados. Hay cosas que están ocurriendo positivamente, mientras hay otras deudas como el tema de embolsados, la intolerancia, la problemática por hurtos y la presencia de bandas colombo-extranjeras que ya son una realidad en el Valle de Aburrá”, explicó.
Sin embargo, para Max Yuri Gil, investigador del conflicto urbano, las dinámicas actuales responden a una voluntad de paz latente. “Están cansados de la confrontación. Quieren pasar a otra fase en su actividad, retirarse y saldar sus cuentas con la justicia”.
Mientras tanto, en los barrios, líderes sociales apuntan a que la realidad que se vive en los barrios todavía carga con otras dinámicas como la extorsión. “Las bandas lo que buscan ahora es mantener su negocio de finanzas sin usar la violencia, siempre y cuando su renta no se vea afectada. Es una forma de sostener a un montón de jóvenes porque en Medellín hay más combos que barrios”, contó un líder social a Colombia+20.
Para el caso de otros territorios como Barbosa y Caldas, el informe señala que los casos de homicidio cayeron en un 42% y 41% respectivamente, mientras que en Bello la tasa de homicidios fue de 8 por cada 100 mil habitantes.
El fenómeno de la extorsión en Medellín
Según el reporte de la delegación de Gobierno, la extorsión fue otro de los indicadores de seguridad que cayeron en un 13%. Ese delito ha sido principalmente la mayor fuente de financiación de las bandas criminales que tienen presencia en Medellín y Valle de Aburrá y que además están sentadas en el espacio de diálogo urbano con el Gobierno.
Un reporte de la Secretaría de Seguridad de Medellín, hasta el 20 de noviembre de 2024, se reportaron 815 casos frente a los 851 que se registraron en el mismo periodo en 2023, lo que señaló una leve disminución. Sin embargo, algunos expertos en el tema coinciden en que debe tenerse en cuenta el subregistro a raíz de la falta de denuncias, así como la imposibilidad de medir un fenómeno de ese tipo. Por eso, las cifras se entienden como la punta del iceberg.
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Frente a ese contexto, el espacio de diálogo urbano anunció recientemente una serie de medidas para desescalar la violencia en la ciudad. El pasado 19 de diciembre, ambas delegaciones se reunieron en la cárcel de Itagüí para anunciar los compromisos con miras a la construcción de paz en el territorio, así como nuevos mecanismos de monitoreo.
Dentro de esas medidas se pactó la puesta en marcha de un plan piloto para frenar la extorsión en 25 barrios de Medellín y Bello hasta el próximo 19 de enero. Según explicó Isabel Zuleta, coordinadora del espacio de diálogo, la idea es hacerle seguimiento a la medida durante ese periodo de tiempo para luego trabajar en nuevas estrategias contra la extorsión.
Al finalizar el primer mes del plan, la delegación del Gobierno presentará un informe en el que se recopilen los resultados y se trabajará en las mediciones para determinar si el compromiso firmado en la cárcel de Itagüí tuvo resultados positivos.
Las organizaciones sociales esperan que el primer reporte entregue resultados más allá del discurso. “Hay que mirar cuál es la efectividad y los tipos de extorsión porque no solo es pedir la seguridad en los locales comerciales. Nosotros tenemos casas en Medellín donde cada casa paga un impuesto, entonces ese tipo de prácticas de control de la vida cotidiana se deben revisar. Puede que este sea el camino para erradicar la extorsión, pero no se puede quedar en un anuncio y ya”, dijo a este medio Weimar Guarín, coordinador de Agenda Ciudadana de Paz, organización de sociedad civil que acompaña el proceso.
Los otros indicadores de seguridad
Más allá de la reducción de homicidios y de la extorsión, el comunicado de la delegación de Gobierno también hace mención a los casos de desaparición forzada y de secuestro. En 2024, según cifras y datos relacionados en la Dijin y en la plataforma de la Fiscalía General de la Nación, disminuyó en un 35% el número de desaparecidos, pasando de 124 a 69. En cuanto al secuestro, el Valle de Aburrá experimentó una reducción del 52%, con 16 casos registrados en 2024 frente a los 33 del año anterior. Asimismo, señalan que el hurto a personas registró una reducción significativa del 24%, con 9,692 casos menos en comparación con 2023.
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“Estos logros no son solo el reflejo el trabajo de las autoridades, sino también del respaldo del proceso de conversaciones para la paz urbana con Estructuras Organizadas de Crimen de Alto Impacto que ya completa más de un año y que ha propiciado la transformación territorial a partir de la implementación de acciones y la generación de compromisos (por parte de estas estructuras) para reducir significativamente las violencias contra la sociedad civil, entre ellas la reducción y posible eliminación de problemáticas como la producción y comercialización de estupefacientes, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la extorsión, entre otras”, celebró la delegación de Gobierno e hizo un llamado a las instituciones locales, regionales y nacionales para reforzar la paz en Medellín.
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