Las recientes amenazas y estigmatizaciones por parte del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) —autodenominado Clan del Golfo— contra del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) generó una reacción inmediata de organizaciones sociales del Chocó, de la Defensoría del Pueblo y del propio centro de investigación, que alertaron sobre los riesgos que este tipo de señalamientos implica para defensores de derechos humanos y comunidades.
La polémica se originó luego de que el Clan del Golfo difundiera mensajes en la red social X en los que vinculaba sin pruebas al Cinep con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las afirmaciones -algunas de las cuales fueron borradas de la cuenta del Clan del Golfo- fueron calificadas como infundadas por organizaciones territoriales y por el centro de investigación, que durante décadas ha documentado dinámicas del conflicto armado y acompañado procesos comunitarios.
El episodio ocurre en un momento de alta tensión en el Chocó, donde comunidades y organizaciones sociales han cuestionado, a través de una carta que justamente firmaba el Cinep, la posibilidad de que el Gobierno establezca una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del Clan del Golfo con quien tiene un proceso de paz de septiembre de 2025.
Líderes locales han advertido que cualquier decisión sobre el territorio debe contar con la participación de las comunidades afectadas por el conflicto.
En un comunicado público fechado el 26 de febrero en Quibdó, pero dado a conocer hasta el pasado 2 de marzo, las organizaciones étnico-territoriales del departamento sostienen que el proceso no puede seguir adelante sin condiciones claras, participación efectiva y garantías reales para las comunidades.
Para las organizaciones, avanzar en la definición de una ZUT sin consulta previa ni mecanismos formales de participación no solo vulnera derechos territoriales, sino que arriesga la legitimidad del proceso.
En otro comunicado público divulgado el 6 de marzo desde Quibdó, organizaciones sociales, étnico-territoriales, de mujeres y de derechos humanos rechazaron lo que calificaron como “señalamientos infundados” contra el Cinep.
Según el pronunciamiento, estas acusaciones “carecen de fundamento y representan un riesgo grave para la seguridad y la legitimidad del trabajo” que el centro ha desarrollado durante décadas acompañando a comunidades y produciendo investigación sobre el conflicto armado.
Las organizaciones también advirtieron que vincular a organizaciones civiles con grupos armados “sin evidencia alguna” no solo distorsiona la realidad, sino que expone a investigadores, líderes sociales y comunidades a posibles represalias en territorios donde persisten dinámicas de control armado.
La Defensoría del Pueblo de Colombia también se pronunció sobre el caso y rechazó la estigmatización contra el Cinep y las organizaciones con las que trabaja en los territorios.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que este tipo de señalamientos “no solo vulnera su derecho al buen nombre, sino que pone en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de las personas que trabajan en la defensa de derechos humanos”.
Además, recordó que Colombia tiene una larga historia de violencia contra defensores de derechos humanos, y que el propio Cinep sufrió en los años noventa el asesinato de los investigadores de ese centro Mario Calderón y Elsa Alvarado, un crimen que marcó profundamente al movimiento de derechos humanos en el país.
La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz también se pronunció en su cuenta de X y dijo que expresaban su “profunda preocupación” por las declaraciones del Clan del Golfo sobre el trabajo de las organizaciones sociales.
“Manifestamos nuestro rechazo a toda forma de estigmatización o señalamiento proveniente de estructuras ilegales o de cualquier otro actor que pretenda deslegitimar el trabajo que por décadas han desarrollado organizaciones, instituciones o colectivos en la defensa de los DD. HH., la democracia y la paz en los territorios”, dice el comunicado.
Ricardo Giraldo, abogado del grupo armado, dijo en Xque propondía ante la mesa de paz que “se facilite un espacio de diálogo” directo entre los delegados del EGC y el CINEP.
“Este encuentro permitiría aclarar inquietudes, fortalecer la confianza mutua y prevenir lo que se ha denominado como “estigmatización”, dijo en su cuenta de X.
La propuesta fue respondida por Álvaro Jiménez, jefe delegado ante el Gobierno. “Toda apertura a superar por la vía del diálogo situaciones que debilitan los esfuerzos de construcción de paz es un avance. Bienvenida y aceptada esta iniciativa”, respondió.
Cinep también rechaza las acusaciones
Por su parte, el Cinep, rechazó “de manera categórica” las acusaciones y aseguró que no tiene ni ha tenido vínculos con actores armados ilegales.
“El intento de asociarnos con un grupo armado constituye una afirmación falsa e irresponsable que no solo afecta nuestro buen nombre, sino que pone en riesgo a nuestro equipo y a las comunidades étnicas y campesinas que acompañamos”, señaló la organización.
El centro recordó que lleva más de cinco décadas trabajando en defensa de los derechos humanos y en la construcción de paz, y que ha participado en procesos vinculados al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado tras el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia.
Entre otras labores, el Cinep ha acompañado a comunidades en la elaboración de informes para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, ha apoyado procesos de búsqueda de personas desaparecidas junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y representa judicialmente a víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
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