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Doha, Catar, volvió a ser el escenario de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo –autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y la mayor estructura armada del país, con cerca de 9.000 integrantes–. Este viernes 5 de diciembre, culminó el segundo ciclo de negociaciones con un acuerdo de cuatro puntos que, si bien se ha visto como uno más pragmático, sigue dejando interrogantes.
Aunque, en esencia, lo pactado vuelve a girar sobre la idea de implementar pilotos de desarrollo territorial, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que algunos de los puntos son menos complejos de implementar porque se concentran en territorios donde hay baja disputa armada.
“Son territorios donde hay menos disputa. Son zonas donde el EGC tienen control y hay muy poca probabilidad de que haya competencia armada, entonces hay menos probabilidad de que estos municipios terminen como en clústeres de violencia más complejos. Eso también facilita la labor en las zonas del Ejército, de la Policía y de lo que lo que tiene que rodear el cumplimiento de los acuerdos por parte de la fuerza”, señala Bonilla.
Sin embargo, en medio de la cuenta regresiva del Gobierno y con un año electoral por delante, persisten dudas sobre la capacidad de ejecutar los compromisos.
Uno de esos puntos –y quizá el que más llamó la atención de todo el documento– es el de la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Chocó y Córdoba “para la ubicación gradual y progresiva, a partir del 1 de marzo de 2026, de combatientes del EGC en cada una de ellas”, según se lee en el documento.
Este tipo de mecanismo ya había sido acordado en otras mesas que adelanta el Ejecutivo, como la del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) –al mando de Calarcá Córdoba–, y la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) –al mando de Wálter Mendoza– sin mostrar los resultados esperados.
Es un acuerdo que, hasta ahora, no se ha implementado en ningún proceso de paz, y deja en entredicho la capacidad del Gobierno de concretar resultados que recuperen la confianza de las comunidades en la paz total.
“Eso (el avance de las ZUT) depende exclusivamente de la presión de la presidencia de la República y depende exclusivamente del compromiso del presidente. Va a ser muy complejo porque es un año electoral y cualquier cosa que el Estado vaya a mover este año va a ser lenta. Lo que yo tengo entendido es que esta es una mesa muy realista. Entiendo que lo que quieren hacer es dejar como esto ya sentado para el próximo Gobierno”, explica Bonilla.
Ese traslado de los miembros del Clan del Golfo a las ZUT trae consigo la posibilidad de que se les suspendan órdenes de captura y aquellas con fines de extradición. Esto con el objetivo “de brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes”.
Frente a este punto, Bonilla señala que la medida no tiene ningún efecto en los territorios: “Al desempeño que está haciendo el Estado en estos territorios, que tengan la orden o no tengan la orden, honestamente no sirve de nada. Lo único que realmente los está afectando a ellos y, a todos los grupos que tienen vínculos con narcotráfico, es la incautación”.
Con una confianza minada en la paz total, el apoyo de la comunidad internacional al proceso parece limitado, y la capacidad de los mecanismos para garantizar avances reales en los territorios se muestra frágil.
“Me preocupa mucho la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, no por la Misión, que ha sido clave y ha hecho un gran trabajo, sino porque en este momento no hay recursos suficientes. Tenemos una Misión debilitada, entonces yo quiero saber cómo se van a comportar los países que hacen parte de la OEA, si efectivamente –que es lo que debería pasar–, le van a dar un apoyo explícito a la Misión. Esto no es culpa de este proceso en específico, sino en general de la mala reputación de la paz total en la comunidad internacional”, advierte Bonilla.
El proceso queda ahora en manos de la capacidad del Gobierno para aterrizar los compromisos en los territorios ampliados y de la voluntad del Clan del Golfo para cumplir lo pactado.. Mientras tanto, las comunidades esperan que esta nueva fase marque avances reales en la reducción de la violencia.
Los Protocolos de Comunicación y de Seguimiento, Monitoreo y Verificación
Al cierre del ciclo, las delegaciones compartieron dos protocolos que también se firmaron el viernes en Doha: el del Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación y el de comunicaciones.
En el acuerdo general se estableció un mecanismo tripartito que se instalará el próximo 18 de diciembre, para vigilar la implementación de lo pactado.
El documento establece que el Mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación tendrá tanto una instancia nacional como instancias locales y que estará integrado por un representante de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) -que será cabeza del Mecanismo-, un representantes del Gobierno y uno del Clan del Golfo.
“La instancia adoptará sus decisiones por consenso. Cada integrante con voz у voto podrá contar con un equipo técnico de apoyo”, dice el documento.
¿Qué hará el mecanismo?
Su mandato incluye “informar y prevenir incidentes” y “recopilar, clasificar, verificar, evaluar y calificar” cualquier hecho que pueda interpretarse como un incumplimiento de los compromisos de Doha, y “emitir los conceptos y diagnósticos correspondientes”
El mecanismo también deberá “monitorear el cumplimiento”, servir como “instancia de resolución de controversias”; y “proponer medidas de solución y correctivas” cuando sea necesario.
La MAPP/OEA tendrá un rol adicional: deberá emitir informes bimestrales para las partes y podrá acompañar algunos desplazamientos del Clan del Golfo en el marco del proceso.
Según el protocolo, todo el procedimiento deberá regirse por principios de neutralidad, independencia, confidencialidad y transparencia.
Además, la población civil podrá tendrá canales seguros de comunicación y observación para su participación en el mecanismo.
El protocolo indica que debe garantizarse “la confidencialidad y reserva de la información entregada a los integrantes del Mecanismo y al Espacio de Conversación Sociojurídico” y que las instancias de3ben trabajar con “actores nacionales, locales e internacionales”.
¿Cuándo se designarán los integrantes de las instancias nacionales y locales?
De acuerdo con el protocolo esa designación debe hacerse antes del 16 de enero de 2026. “La instancia nacional definirá el manual de funcionamiento y operación de las instancias del Mecanismo”, se explica.
¿En qué lugares se establecerá el Mecanismo?
De acuerdo con el documento, el mecanismo establecerá equipos para realizar la labor de seguimiento, monitoreo y verificación de compromisosen los municipios donde se pactaron acciones piloto con ese grupo armado.
Es decir que estará en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). En Córdoba estará en los municipios de Tierralta, San José de Uré, Ayapel, Montelíbano y Puerto Libertador. En Antioquia tendrá presencia en Mutatá, Nechí, El Bagre y Cáceres. Y Finalmente en Bolívar estará en Carmen de Bolívar y San Jacinto.
En esos puntos seguirá 21 puntos acordados, entre ellos el no reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) hasta los 18 años; la situación sobre la presencia de pandillas que afecten el desarrollo de entornos seguros de NNA y entornos seguros, incluyendo la distribución de sustancias psicoactivas cerca a colegios y lugares de educación o recreación.
Además, el “desarrollo de un programa piloto de pedagogía para la sustitución total de cultivos de uso ilícito” y la “situación la extorsión en el marco del conflicto armado”.
También estará la “adopción e implementación de un programa nacional de atención a la migración, incluyendo la inversa, en los municipios correspondientes” y un compromiso “de respeto y no interferencia a la paz electoral en el desarrollo de los procesos políticos electorales nacionales y territoriales por parte del EGC”.
¿El Mecanismo estará en las Zonas de Ubicación Temporal?
Sí. El documento dice que la MAPP/OEA establecerá equipos para realizar la labor de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos derivados de la creación y funcionamiento de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
“En el desarrollo de sus labores la MAPP/OEA deberá hacer presencia en terreno y realizar visitas de campo; acceder continuamente a las ZUT”, precisa el protocolo.
Además, deberá “diseñar mecanismos y metodología de recepción de información y documentación de incidentes de posible incumplimiento”.
El protocolo finaliza precisando que el Gobierno Colombia adelantará “las gestiones de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarios para el funcionamiento” de las labores de seguimiento, monitoreo y verificación a cargo de la MAPP/OEA.
¿Qué dice el protocolo de comunicaciones?
El protocolo fija las reglas para las comunicaciones conjuntas entre los grupos de trabajo del espacio sociojurídico en el proceso de desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (aEGC). Su objetivo es informar a la sociedad —de manera coordinada— sobre los compromisos y avances del proceso de paz.
“Las actividades de comunicación deberán enmarcarse en los principios de buena fe, centralidad de la paz, preservación y continuidad del proceso, confianza pública, veracidad, precisión y responsabilidad, contrastación de información, respeto mutuo y no estigmatización, impacto sobre los territorios, enfoque de derechos humanos, enfoque de género, étnico, de edad, de discapacidad y territorial, corresponsabilidad y vocería compartida”, dice el protocolo.
La finalidad es proteger el proceso, fortalecer la confianza y garantizar la integridad del espacio sociojurídico.
Las actividades incluyen comunicados y declaraciones conjuntas, manejo de redes sociales, publicaciones web, entrega de imágenes y atención a medios.
Cada grupo de trabajo designará un enlace de comunicaciones para coordinar mensajes y mantener contacto permanente. Estos enlaces deberán diseñar una estrategia para fortalecer la comunicación territorial en los municipios priorizados y en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
¿Qué ocurre cuando deba haber un pronunciamiento?
En situaciones que requieran pronunciamientos urgentes, los enlaces concertarán rápidamente el contenido con los coordinadores del espacio sociojurídico.
¿Qué harán con los informes de seguimiento de la MAPP/OEA?
Los informes bimestrales de seguimiento de la MAPP/OEA serán presentados primero en el mecanismo tripartito y luego socializados con los grupos de trabajo; su divulgación dependerá de lo que se acuerde para comunicación conjunta.
Las pautas específicas sobre las ZUT se desarrollarán en un protocolo aparte.
Aquí los protocolos:
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