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El mensaje no es nuevo. Llegó reiterado —y cargado de agotamiento— tras meses de inconformidades acumuladas que organizaciones étnico-territoriales del Chocó volvieron a expresar en Belén de Bajirá este viernes 24 de abril.
Allí, en la séptima sesión de la Mesa Humanitaria, dejaron sobre la mesa los riesgos que ven en la negociación que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
El espacio —organizado por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH)— contó con la participación de representantes de los consejos comunitarios y el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep), que presentó las preocupaciones que han alertado desde hace meses.
También estuvieron alcaldes municipales, la Defensoría del Pueblo, la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y representantes regionales de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Además, hubo presencia de organismo internacionales como la MAPP/OEA, ONU Derechos Humanos y Diakonia.
La delegación del Gobierno Nacional en ese proceso de paz no asistió, aunque había sido convocada desde hace meses. Richard Moreno, director del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), expresó la molestia a raíz de esa ausencia —que según dijo, no es la primera—, sobre todo teniendo en cuenta que la delegación del Gobierno se encontraba en el territorio los días anteriores.
“Nosotros invitamos a los negociadores a espacios como estos. Sí hemos tenido reuniones de grupos muy pequeños, pero no en escenarios como este donde hay representación de diferentes procesos para que le puedan explicar a la gente realmente qué es lo que está pasando, cómo va el proceso, cómo van a participar, cuál es el nivel de avance que tiene. No llegan; le huyen a cualquier tipo de diálogo y discusión y eso es irresponsable”, expresó el líder.
Para él, su inasistencia refleja, además, un nivel de “desprecio” por quienes ponen la cara e intentan construir paz en el territorio.
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La sesión, que se extendió por cerca de ocho horas, tuvo como objetivo justamente exponer esas preocupaciones en torno al proceso y dialogar con las organizaciones sociales del Bajo Atrato y Darién sobre los compromisos de paz anunciados en dicha negociación. También fue un espacio para sentar posición sobre la participación efectiva de los pueblos en los diálogos socio-jurídicos que se adelantan en los municipios de Unguía, Acandí, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá.
Las dudas sobre el mecanismo de monitoreo
El encuentro se dio tres días después de que se conociera un informe del mecanismo tripartito de verificación a los acuerdos de la mesa de negociación, que cubre el periodo entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026. El documento señala que “todos los compromisos presentan avances”, pero se clasifican como “parcialmente cumplidos”.
Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep, señaló durante su intervención que se trata de un “mecanismo incipiente", en el que no se conocen las metodologías reales. Además, encendió las alertas sobre el riesgo de legitimar las narrativas del EGC.
“El sistema está centrado principalmente en avances institucionales y procedimentales, pero con escasos cambios verificables en las dinámicas de control territorial y de protección comunitaria. Persiste limitación de verificación independiente, riesgo de legitimar la narrativa de la EGC y una participación comunitaria aún débil”, señaló Guerrero. También cuestionó que el mecanismo sea tripartito –Gobierno, MAPP/OEA y EGC–, pues excluye a las autoridades étnicas que conocen las realidades de sus territorios.
Lo que ocurre en cada consejo comunitario, en cada cabecera municipal, no admite entonces una sola lectura. Ramiro Rodríguez Padilla, asesor y representante legal del FISCH, reclamó que la metodología tenga una mirada heterogénea que reconozca las realidades distintas ante el mismo actor armado. Para que eso sea posible, añadió, hacen falta canales que permitan a las autoridades locales hablar sin exponerse.
“Todos esos procesos requieren de unos canales de comunicación que permitan que las autoridades de su territorio, sin correr ningún riesgo, puedan también tener la oportunidad de expresar los desafíos y los retos que tienen frente al cumplimiento de esos compromisos y al desarrollo de las actividades propias de del actor armado en el territorio”, afirmó. De lo contrario, dijo, los informes seguirán señalando que el cumplimiento de los pactos ha sido eficiente.
Uno de los puntos que más ruido generó en el documento presentado por el mecanismo tripartito fue el del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Según ese balance, el Clan del Golfo no tiene menores de edad en sus filas.
Sobre el tema del reclutamiento, Mariana Ardila, delegada para la Justicia Transicional y el Derecho a la Paz de la Defensoría del Pueblo, señaló que hay que recordar los alcances de esta práctica violenta.
Según indicó, desde la entidad han hecho 34 recomendaciones y solicitudes al espacio socio-jurídico con el Clan del Golfo. “La mayoría de ellas han sido relativas al reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que cuando hablamos de ello, no solo tenemos que tener en la cabeza la visión más estricta y limitada de reclutamiento, que es cuando van y sacan a la fuerza de una escuela o de una casa a un niño, niña, adolescente. Pero resulta que el reclutamiento, el uso y la utilización tienen otras formas”, aseguró la funcionaria.
Durante su intervención, Andreas Hahn, coordinador de la Oficina Regional Quibdó de la MAPP/OEA, reconoció las críticas al mecanismo y las consideró bienvenidas. Para él, la explicación de por qué las comunidades no participan de forma directa —que ha sido una de las falencias identificadas dentro del mecanismo— se encuentra en que algunos líderes se sienten expuestos al presentar denuncias concretas. “Nosotros fungimos como puente: podemos llevar casos anonimizados o transmitirlos tal como están”, señaló e invitó a las comunidades a usar ese canal.
No repetir errores de otros procesos, uno de los pedidos de los líderes
El alcalde de Belén de Bajirá, Leopoldino Perea —uno de los primeros en intervenir—, fue enfático en que el territorio le apuesta a ese proceso de paz, pero que ese camino debe ser construido por las comunidades y desde los territorios. Esa participación —dice— no existió durante diálogos como los que se sostuvieron con las antiguas FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“En este no sé si sea por hipocresía o por lo que sea, hablaron de un proyecto piloto. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que salir a hacer el análisis. Porque en ese proyecto piloto lo que están es invitando a mirar si es que somos capaces o no”, dijo el alcalde.
A su turno, el líder Rodríguez también señaló que no se oponen al proceso e hizo referencia a la experiencia de la negociación en La Habana.
“No estamos en contra del proceso, sino que si estamos hablando de una experiencia piloto que tiene cuatro municipios del departamento de Chocó, y sabemos que el actor armando está en casi todo. Todo lo que resulte de acá va a definir también lo que va a pasar en otros territorios. No queremos que se repita esa narrativa de la experiencia que tenemos de los diálogos con FARC”, afirmó el asesor legal del FISCH.
El llamado que le hace al Gobierno es a que se sienten con las organizaciones “que son las dueñas del territorio”. Para él, las dinámicas de la mesa de diálogos tienen que ser diferentes. “No es lo mismo usted sentarse a dialogar con el actor armado ahí, a sentarse sin él, que es donde las comunidades van a expresar sus preocupaciones y también su posicionamiento. Las comunidades no tienen cómo expresar sus preocupaciones reales”, añadió Rodríguez.
Detrás de esa imposibilidad hay una realidad concreta, que describió la lideresa Elizabeth Moreno, conocida como Chava y representante legal del foro: el clima de zozobra que enfrentan quienes intentan alzar la voz en medio del poder armado. “¿Cómo superamos el miedo? Ese miedo nos ha llevado al silencio. ¿Cómo evitamos las amenazas? ¿Cómo evitamos la muerte en nuestros territorios? Si no podemos hablar porque el actor siempre está presente”. Fue, ante todo, un cuestionamiento a la falta de espacios seguros dentro de la mesa de negociación con el Clan del Golfo.
Las preocupaciones no son solo sobre la participación y las condiciones de seguridad, sino sobre cómo se ven beneficiadas las comunidades en medio de los diálogos de paz con el EGC. Así lo expresó Zenaida Martínez, parte del consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla. “Muy bonito todos los acuerdos, pero tenemos que seguir reclamando que todos nos veamos incluidos y que todos nos veamos beneficiados. Además de eso, en esos documentos que yo siempre he visto y que hemos escuchado, yo no veo cuál es la reparación ni cuál es el beneficio que las comunidades como tal van a ser beneficiadas“, señaló la lideresa.
El informe que presentó el Cinep
Durante la jornada, el Cinep presentó las conclusiones del informe “EGC en el Chocó: violencia, poder y miedo”, así como las de cuatro comunicados a la opinión pública, emitidos entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Esos mismos documentos, que articulan la postura de las organizaciones étnico-territoriales del Chocó frente al proceso, fueron expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre pasado.
La premisa fue clara: “expresar nuestras preocupaciones no nos convierte en enemigos de la paz ni en opositores al proceso”, dijo Guerrero.
Desde el centro de investigación también rechazaron un modelo de paz negociado exclusivamente “desde arriba”, sin consulta a las comunidades, y reivindican su derecho a una participación amplia y efectiva, con agendas propias. “Una paz territorial no puede imponerse y debe ser un ejercicio de diálogo horizontal que reconozca a las comunidades como verdaderas protagonistas de su destino”, añadió Guerrero.
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El subdirector del Cinep también puso sobre la mesa alertas concretas sobre la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Señaló que se han planteado sin consulta previa y que ubicarlas en tierras colectivas de Belén de Bajirá y Unguía podría consolidar el control territorial de un grupo que, según describió, “recoge un nivel de disciplina propio de un grupo guerrillero, un objetivo expansionista propio de los grupos paramilitares y una operación muy precisa, propia de una empresa multinacional”.
La Defensoría del Pueblo coincide en ese punto. Como lo señaló Mariana Ardila, en esas zonas se debe garantizar la seguridad para las comunidades aledañas, una preocupación que han elevado a distintas delegaciones de las mesas de paz total que adelanta el Gobierno Petro. Pero las respuestas, por ahora, no llegan.
“¿Qué va a pasar con las comunidades? ¿Qué les va a ofrecer seguridad? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser la interrelación con las autoridades céntricas del territorio? Todo eso fue parte de lo que la Defensoría transmitió al espacio socio-jurídico”, expresó la funcionaria.
Carlos de la Torre, representante encargado de ONU Derechos Humanos, respaldó tanto las preocupaciones sobre la ZUT como el informe del Cinep, que durante la jornada fue cuestionado por Emigdio Pertúz, enlace entre el EGC y la institucionalidad —como miembro no vinculado al grupo armado—, quien señaló que el documento “no representa a las comunidades”.
El funcionario de la ONU consideró, en cambio, que se trata de un trabajo construido desde las comunidades con una metodología participativa que refleja sus voces y preocupaciones. “Nosotros como oficina hemos respaldado sus conclusiones y hallazgos con el monitoreo que hemos hecho en la zona. Por eso nos pareció muy importante abrir una audiencia temática en la CIDH”, señaló.
El cierre de la jornada dejó una conclusión compartida, pero también una advertencia sobre los riesgos de construir la paz a espaldas de las comunidades étnico-territoriales que habitan en Chocó. Aunque hubo presencia institucional, la ausencia de la delegación negociadora del Gobierno volvió a marcar distancia.
Sin participación real, garantías de seguridad y canales directos de diálogo, el riesgo —advirtieron— no es solo que el proceso se debilite, sino que repita los errores del pasado. En Bajirá, el mensaje fue contundente: las comunidades apoyan al proceso de paz, pero no aceptan que se negocie sin ellas.
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