En medio de las crecientes alertas sobre posibles presiones armadas de cara a las elecciones de 2026, el Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)-, publicó un comunicado en el que asegura haber prohibido a todos sus integrantes participar en política o actuar en favor de cualquier candidato.
El documento, firmado por el “Estado Mayor Conjunto” del grupo armado y atribuido a Chiquito Malo -Javier dentro del grupo- sostiene que se impartió una orden directa a “todos los comandantes de bloque, de frente y, en general, a todos los combatientes pertenecientes al Ejército Gaitanista de Colombia”.
Según el texto, dentro de esa instrucción quedó “expresamente prohibido participar en política, apoyar, patrocinar, coaccionar o incluso sugerir preferencia por algún candidato en particular”.
La comunicación aparece en un momento especialmente sensible para el país porque, a menos de dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales distintas organizaciones sociales, líderes regionales y autoridades han advertido sobre riesgos de interferencia armada en los comicios en varias zonas del territorio nacional.
En respuesta a esas denuncias, el Clan del Golfo aseguró que cualquier ciudadano que haya sido víctima de presiones para votar por determinado candidato debe acudir al Mecanismo Tripartito de Monitoreo, Verificación y Seguimiento.
“En caso de que algún ciudadano haya sido constreñido, inducido o presionado para votar por un candidato a la presidencia específico, se invita a presentar la respectiva denuncia con todas las pruebas ante el Mecanismo Tripartito”, señala el documento.
Ese mecanismo es uno de los acuerdos que hizo en Doha, Catar, en diciembre pasado la mesa de diálogo que ese grupo armado lleva con el Gobierno Nacional
La secretaría técnica de ese mecanismo -compuesto también por ambas delegaciones- está a cargo de la MAPP/OEA y afirma que las denuncias deberán ser “tramitadas de manera inmediata”.
Las alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE)
La publicación del comunicado ocurre en medio de un ambiente de creciente polarización política y de preocupación por el impacto que puedan tener los grupos armados en el desarrollo de las próximas elecciones.
En regiones como el Caribe, Urabá, Chocó y el Bajo Cauca antioqueño, organizaciones territoriales han advertido sobre controles sociales, restricciones a la movilidad y presiones ilegales que podrían afectar la libertad del voto y la participación política.
Además, esta semana el presidente Gustavo Petro autorizó el avance de cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), una de ellas con el Clan del Golfo en Tierralta, Córdoba.
Aunque en esas zonas no estarán, por ahora, los máximos jefes de los grupos armados que tengan órdenes de extradición, la decisión de suspender las órdenes de captura del resto de personas que entrarían en esas zonas provocó una nueva tensión con la Fiscalía y también el rechazo de los candidatos a la Presidencia.
En contexto: Las Zonas de Ubicación Temporal propuestas por Petro chocan con el viejo dilema de la extradición
Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático dijo en su momento: “Levantan órdenes de captura al Clan del Golfo, socio fundador del Pacto de La Picota que eligió con sus votos a Gustavo Petro, según confesión de su hermano. Narcotráfico puro y duro, aliado natural de Iván Cepeda, a sus anchas desde su zona de despeje”.
Por su parte, el candidato Sergio Fajardo dijo que era una “vergüenza” y una “irresponsabilidad”. “Ya lo hizo en Medellín, sacó a unos criminales de la cárcel y los puso en el espacio público de la ciudad y ahora los integrantes del Clan del Golfo”, señaló. Fajardo.
El también aspirante Mauricio Lizcano dijo que era un atentado a la democracia. “A tres meses de terminar su mandato, les da salvoconducto a los dirigentes y cabecillas del Clan del Golfo. Sospechoso. Estamos a menos de un mes de elecciones”, precisó Lizcano, quien agregó que “es un atentado a la democracia y a la justicia de nuestro país”.
La semana pasada Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró que uno de los principales retos de las elecciones será garantizar que no existan presiones al elector en las Zonas de Ubicación proyectadas por el Gobierno.
“Para poder mantener estas zonas tiene que haber un control estricto de quiénes van a estos lugares y de quiénes son sus jefes, esto con el fin de que no haya ningún tipo de presión a los ciudadanos para dejar de hacer o promover determinada candidatura”, afirmó a Caracol Radio.
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