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La delegación de Gobierno y del Clan del Golfo instalaron el jueves el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación de los compromisos que se hagan en esa mesa de paz.
Este mecanismo fue parte de los acuerdos que se pactaron el pasado 5 de diciembre en la segunda ronda de negociaciones que se dio en Doha, Catar.
“Estamos presentes aquí para instalar el mecanismo tripartito, que hará la verificación de los compromisos que hemos establecido durante las dos sesiones que hemos desarrollado en Catar, y que apuntan fundamentalmente a disminuir las violencias, a transformar los territorios y a lograr la transición del grupo armado hacia una condición de ciudadanía plena”, dijo el jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso de paz, Álvaro Jiménez.
La instalación del mecanismo se dio apenas dos días después de que Estados Unidos anunció que incluirá a ese grupo armado –el más grande del país con unos 9.000 integrantes– en la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En su momento Jiménez habló con Colombia+20 sobre los posibles impactos de esta decisión en la mesa de negociación y dijo que deberán ser evaluados por los participantes del proceso. “Pero creo que es muy temprano para poder decir si eso va a impactar o de qué manera afectará el desarrollo de las conversaciones”, afirmó.
En la rueda de prensa también dijo que era previsible que eso pasara. “Asumimos que no es una novedad para Colombia adelantar conversaciones que buscan la solución negociada del conflicto con grupos que están designados como organizaciones terroristas, tanto la lista de la Unión Europea como analistas de los Estados Unidos. Por tanto, no habría una modificación sustantiva de lo que estamos”, dijo el jueves.
Entre los acuerdos de la segunda ronda también se anunció las tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que se crearán en los municipios de Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), En los documentos firmados por ambas partes se afirma que la ubicación gradual y progresiva de los miembros del EGC en esas zonas será a partir del 1 de marzo de 2026.
“El proceso definitivo será conocido en el momento en que estén iniciados los traslados hacia esta ZUT, que tal como está previsto y anunciado, será antes de que inicie el mes de marzo (...) Los elementos que corresponden a la etapa procedimental de implementación de la Zona de Ubicación se darán a conocer en la medida en que estén definidos para esa fecha”, dijo Jiménez.
También dijo que ha habido un diálogo constante con la Fiscalía sobre el desarrollo de este proceso de paz.
“Hay una articulación permanente con la Fiscalía, que permite darle confianza y tranquilidad, tanto al Gobierno de que lo que estamos haciendo está articulado y correspondiente con los elementos de Ley y con aspectos relacionados con las órdenes de captura y demás,” dijo el negociador.
¿Qué hará el mecanismo?
Según lo que se estableció, un mecanismo tripartito que tendrá tanto una instancia nacional como instancias locales y que estará integrado por un representante de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) -que será cabeza del Mecanismo-, un representantes del Gobierno y uno del Clan del Golfo.
“La instancia adoptará sus decisiones por consenso. Cada integrante con voz у voto podrá contar con un equipo técnico de apoyo”, dice el documento.
Su mandato incluye “informar y prevenir incidentes” y “recopilar, clasificar, verificar, evaluar y calificar” cualquier hecho que pueda interpretarse como un incumplimiento de los compromisos de Doha, y “emitir los conceptos y diagnósticos correspondientes”
El mecanismo también deberá “monitorear el cumplimiento”, servir como “instancia de resolución de controversias”; y “proponer medidas de solución y correctivas” cuando sea necesario.
La MAPP/OEA tendrá un rol adicional: deberá emitir informes bimestrales para las partes y podrá acompañar algunos desplazamientos del Clan del Golfo en el marco del proceso.
Según el protocolo, todo el procedimiento deberá regirse por principios de neutralidad, independencia, confidencialidad y transparencia.
Además, la población civil podrá tendrá canales seguros de comunicación y observación para su participación en el mecanismo.
El protocolo indica que debe garantizarse “la confidencialidad y reserva de la información entregada a los integrantes del Mecanismo y al Espacio de Conversación Sociojurídico” y que las instancias de3ben trabajar con “actores nacionales, locales e internacionales”.
¿Cuándo se designarán los integrantes de las instancias nacionales y locales?
De acuerdo con el protocolo esa designación debe hacerse antes del 16 de enero de 2026. “La instancia nacional definirá el manual de funcionamiento y operación de las instancias del Mecanismo”, se explica.
¿En qué lugares se establecerá el Mecanismo?
De acuerdo con el documento, el mecanismo establecerá equipos para realizar la labor de seguimiento, monitoreo y verificación de compromisosen los municipios donde se pactaron acciones piloto con ese grupo armado.
Es decir que estará en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). En Córdoba estará en los municipios de Tierralta, San José de Uré, Ayapel, Montelíbano y Puerto Libertador. En Antioquia tendrá presencia en Mutatá, Nechí, El Bagre y Cáceres. Y Finalmente en Bolívar estará en Carmen de Bolívar y San Jacinto.
En esos puntos seguirá 21 puntos acordados, entre ellos el no reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) hasta los 18 años; la situación sobre la presencia de pandillas que afecten el desarrollo de entornos seguros de NNA y entornos seguros, incluyendo la distribución de sustancias psicoactivas cerca a colegios y lugares de educación o recreación.
Además, el “desarrollo de un programa piloto de pedagogía para la sustitución total de cultivos de uso ilícito” y la “situación la extorsión en el marco del conflicto armado”.
También estará la “adopción e implementación de un programa nacional de atención a la migración, incluyendo la inversa, en los municipios correspondientes” y un compromiso “de respeto y no interferencia a la paz electoral en el desarrollo de los procesos políticos electorales nacionales y territoriales por parte del EGC”.
¿El Mecanismo estará en las Zonas de Ubicación Temporal?
Sí. El documento dice que la MAPP/OEA establecerá equipos para realizar la labor de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos derivados de la creación y funcionamiento de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
“En el desarrollo de sus labores la MAPP/OEA deberá hacer presencia en terreno y realizar visitas de campo; acceder continuamente a las ZUT”, precisa el protocolo.
Además, deberá “diseñar mecanismos y metodología de recepción de información y documentación de incidentes de posible incumplimiento”.
El protocolo finaliza precisando que el Gobierno Colombia adelantará “las gestiones de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarios para el funcionamiento” de las labores de seguimiento, monitoreo y verificación a cargo de la MAPP/OEA.
El marco jurídico de este proceso de paz
En la rueda de prensa del jueves también habló el Ricardo Giraldo, representante legal del autodenominado del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Giraldo dijo que el grupo armado ha manifestado múltiples acciones de de de paz.
“Por ejemplo, el no cobro de un impuesto de guerra durante el mes de octubre, noviembre, diciembre y mediados de enero, en los cinco municipios piloto para el desarrollo, acuerdos con los compromisos de hoja (...) ha devuelto capturados de otros grupos amados, se han entregado menores de edad también a la Defensoría del Pueblo, a Bienestar Familiar. Son múltiples hechos y actos de paz, pero lo que le interesa a la delegación del Ejército Gaitanista no es la publicidad o los aplausos, sino que se lleguen a las regiones con resultados concretos y materiales”, dijo.
Sobre el tema del marco jurídico, Giraldo insistió en que no creen en la ley de sometimiento como una solución al conflicto armado, sino que proponen una sistema de justicia transicional.
“Hemos sostenido que una ley de sometimiento no da la solución para el conflicto armado del que llevamos más de seis décadas en Colombia. Ha sido demostrado históricamente que es un completo fracaso. La propuesta jurídica siempre es justicia transicional, Esto es con los territorios y con las víctimas de los territorios. Creemos que una ley de sometimiento no va a ser, digamos, apropiada para la solución del conflicto. Tanto que nosotros hemos tenido unas propuestas que donde decimos en que no es necesario ninguna otra ley, ningún otro instrumento normativo, más allá de los existentes”, indicó.
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