La Amazonía, el llamado pulmón del mundo, está pasando por una mutación silenciosa y peligrosa por cuenta de los grupos armados presentes entre sus selvas y ríos, y que amenaza en convertirla en un gran corredor transnacional que mezcla narcotráfico, minería ilegal, control territorial, lavado de activos y expansión regional.
El nuevo informe de la organización International Crisis Group titulado El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado advierte que el crimen organizado se ha consolidado como uno de los principales motores de destrucción de la selva tropical más grande del planeta, aprovechando la debilidad estatal, las fronteras porosas y la expansión de economías ilegales.
En ese nuevo mapa amazónico aparece Comandos de Frontera, una de las estructuras de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza y con la que el Gobierno de Gustavo Petro mantiene una mesa de diálogos. Geovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, es el jefe de Comandos de Frontera.
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Según el informe, ese grupo armado ilegal dejó de ser una estructura localizada en Putumayo y hoy es uno de los actores que mejor logró aprovechar las condiciones de la selva para crecer en número de hombres y ser parte de una red regional conectada con Perú, Ecuador y Brasil.
“Con el crecimiento de sus filas, Comandos de la Frontera ha extendido su influencia a Perú, donde paga a campesinos para que arrasen los bosques y los conviertan en plantaciones de coca al sur del río Putumayo, la frontera natural entre Colombia y Perú”, indica el documento.
La organización también habría consolidado vínculos con Los Lobos, una de las principales organizaciones criminales de Ecuador. Según Crisis Group, esa alianza le permite participar en la exportación de cocaína desde la costa del Pacífico y proteger operaciones de minería ilegal de oro en territorio ecuatoriano.
Ambas estructuras -Comandos y Los Lobos- se enfrentan a Los Choneros, otro grupo ilegal de Ecuador que ha emprendido una “violenta campaña” de expansión, como lo califica el informe, para quedarse con esas rutas de narcotráfico.
El informe ubica a los grupos colombianos como piezas centrales dentro de las economías ilegales amazónicas. Además de Comandos de la Frontera, menciona al ELN y a disidencias de las antiguas FARC como actores que han logrado combinar control territorial, regulación de economías ilícitas y expansión transfronteriza.
En el caso del ELN, el documento señala que mantiene presencia en zonas del sur de Venezuela -particularmente en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro- desde donde participa en corredores de narcotráfico y minería ilegal conectados con Brasil y Guyana.
Todo ese cóctel explosivo -al que se suman redes venezolanas y los grupos brasileros Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC)- tiene acorralada a la población civil que ha sido víctima de asesinatos, campañas de “limpieza social” y cooptación-.
Según el informe, estas estructuras ya operan en al menos el 67 % de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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“En lugares como Tabatinga, en la frontera de Brasil con Colombia, grupos criminales como Comando Vermelho difunden en redes sociales listas de personas a las que pretenden asesinar, incluyendo supuestos rivales y sus colaboradores, con el fin de silenciar toda oposición”, dice el informe.
Y agrega: “A pesar de sus diversos orígenes, todos estos grupos criminales han aprendido que controlar a los habitantes de determinada zona les da poder. Estos grupos se han infiltrado en las comunidades, donde buscan eliminar o cooptar a los líderes y explotar a la población civil como escudos humanos, mano de obra barata y desechable, así como someterla a prácticas depredadoras como la extorsión. Quienes se resisten enfrentan represalias violentas”, dice el informe que reporta que entre 2012 y 2022, la Amazonía concentró gran parte de los casi 2.000 defensores ambientales y del territorio asesinados en todo el mundo. “Colombia y Brasil representaron más del 40 por ciento del total”, dice Crisis Group.
Crisis Group también advierte que las alianzas entre estructuras colombianas y organizaciones extranjeras son cada vez más frecuentes y funcionales. Algunas veces cooperan para mover cargamentos de cocaína o proteger rutas y minas; otras veces entran en disputa por el control de corredores estratégicos.
El informe incluso señala que organizaciones brasileñas como Comando Vermelho y PCC han encontrado en grupos colombianos socios locales para consolidar cadenas de suministro regionales.
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“Una corporación transnacional”
La red criminal que se ha formado en esa región se concentra en el narcotráfico donde cada grupo armado ha encontrado su propia forma de lucrarse en esa cadena de suministro. Un funcionario de las fuerzas de seguridad de Perú afirmó que el negocio funciona como una “corporación transnacional”.
En el informe se detalla que en el caso de los grupos colombianos como el ELN y las facciones disidentes de las FARC se dedican a “controlar” y “gravar” a productores de coca y pasta base de cocaína y que también se encargan del transporte local.
El documento sostiene que el crecimiento de esas economías ilícitas ha permitido que los grupos colombianos pasen de controlar zonas puntuales a insertarse en cadenas regionales de producción y exportación. La Amazonía, señala el informe, dejó de ser una retaguardia periférica y se convirtió en un nodo central para el narcotráfico continental.
Los grupos ecuatorianos -Los Lobos y Los Choneros- “participan tanto en la producción como en el transporte desde la región amazónica hasta Guayaquil”.
En el caso de las brasileñas Comando Vermelho y el PCC “compran a productores de Bolivia, Colombia y Perú”. Otros grupos más pequeños venden la droga o hacen trabajos menores para las estructuras armadas.
El impacto ambiental de la minería y la droga
Pero, además de que los grupos estén modificando las dinámicas de seguridad y amenazando a la población, sus actividades ilegales -que incluyen también la minería ilegal – están destrozando el delicado equilibrio ambiental de toda la cuenca amazónica.
Uno de los hallazgos centrales del informe es que la Amazonía no es simplemente el escenario donde operan estas organizaciones, sino una de las razones que explican su crecimiento y la víctima más grande de toda la red de tráfico de droga y de oro que se está tejiendo.
“Los ríos son sus autopistas”, dice el informe que cita a un alto funcionario de las fuerzas de seguridad.
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Cada corredor fluvial abierto por las organizaciones criminales termina transformando el ecosistema alrededor suyo. El informe explica que las redes ilegales usan los ríos como ejes para instalar laboratorios de cocaína, pistas clandestinas, campamentos mineros y nuevas rutas terrestres que fragmentan la selva.
“Más del 70 por ciento de la selva deforestada se encuentra a menos de 50 km de alguno de ellos. Los mismos grupos delictivos que se dedican al narcotráfico y la minería ilegal a menudo reinvierten sus ganancias en ganadería y otras industrias gestionadas principalmente con dinero en efectivo, exacerbando así el daño que causan a la selva”, se explica en el informe.
Crisis Group afirma que como para tener minería ilegal o cultivos de coca es necesaria la deforestación, que se ha convertido en otro de los impactos de los grupos armados sobre el medio ambiente e indica que ambas actividades “invaden las áreas protegidas”.
Así mismo se insisten en que la expansión de esas economías ilegales deja una huella química y física sobre la Amazonía y que en el caso de la minería “causa daños más profundos y permanentes, convirtiendo los bosques en terrenos desolados de pozos desbordados y sedimentos” y agrega que datos de 2024 “muestran que al menos dos millones de hectáreas de la selva amazónica sufrieron esta suerte; un aumento del 52 por ciento en seis años”.
Además, a los ríos y quebradas han llegado durante años sustancias que los contaminan -como por ejemplo el mercurio, usado para la minería-, que afectan la pesca, el agua potable y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas y campesinas.
“Debido a la contaminación de los ríos, los niveles de mercurio en la sangre de los integrantes de los pueblos yanomami y munduruku superan los umbrales de la Organización Mundial de la Salud, lo que provoca daños neurológicos y enfermedades crónicas en poblaciones con escaso acceso a la atención médica”, señala.
En el caso del narcotráfico, Crisis Group señala que los laboratorios que procesan hoja de coca descargan residuos como acetona, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico directamente sobre los suelos y fuentes hídricas. Así mismo los cultivos de coca requieren la expansión de rutas y laboratorios y eso implica la apertura de caminos y tala de selva.
Y por si no fuera poco, varias denuncias registradas en el informe afirman que el acceso a las drogas ha provocado un aumento en el consumo de sustancias, especialmente por parte de jóvenes indígenas. “Aunque no existen estudios epidemiológicos sobre este fenómeno, las autoridades brasileñas afirman que la dependencia de las drogas, en particular del crack, se está extendiendo entre los jóvenes indígenas de Brasil. En otros lugares, los pagos en pasta base de cocaína a los campesinos por sus cosechas de coca han propiciado un mayor consumo de la droga. El consumo de cocaína parece estar aumentando entre los trabajadores de la comunidad indígena”, se indica.
El informe también dedica un capítulo completo a las respuestas estatales y advierte que, hasta ahora, los gobiernos amazónicos están reaccionando más lento que las organizaciones criminales. Aunque varios países han realizado operaciones militares y policiales contra minas ilegales, laboratorios y rutas del narcotráfico, Crisis Group sostiene que esos esfuerzos suelen ser fragmentados, temporales y poco coordinados entre países vecinos.
El informe pide controles más estrictos sobre las cadenas globales de suministro de oro, madera y materias primas para evitar que productos ligados a la destrucción ambiental y al crimen organizado terminen entrando a mercados legales internacionales.
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