5 Oct 2021 - 3:31 p. m.

“Comisión de la Verdad debe reconocer que falsos positivos son política de Estado”

En el reconocimiento nacional a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sus colectivos y organizaciones piden que esa entidad supere las versiones que aún hablan de “manzanas podridas” y que el Estado reconozca su responsabilidad en este fenómeno. Reclaman que las voces de las víctimas primen sobre las de expresidentes y militares.
Previo al encuentro en la Comisión de la Verdad, las víctimas, agrupadas en el Movimiento de víctimas de crímenes de Estado intervinieron un mapa a gran escala con los casos de 'falsos positivos' por regiones, divisiones y brigadas, con base en la información que ellas mismas han entregado a la JEP.
Previo al encuentro en la Comisión de la Verdad, las víctimas, agrupadas en el Movimiento de víctimas de crímenes de Estado intervinieron un mapa a gran escala con los casos de 'falsos positivos' por regiones, divisiones y brigadas, con base en la información que ellas mismas han entregado a la JEP.
Foto: Juan Esteban Prado - Movice

No es coincidencia que el reconocimiento nacional a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la Comisión de la Verdad sea en Cali. La capital del Valle del Cauca ha sido este año la ciudad que más ha registrado muertes de civiles, muchos de ellos manifestantes, a manos de la fuerza pública en medio del paro nacional. El mensaje que han construido los colectivos de víctimas es claro: no se puede hablar de no repetición en materia de ejecuciones extrajudiciales mientras en las calles agentes uniformados siguen disparando contra ciudadanos y la represión opera con impunidad.

Martha Giraldo, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) – que agrupa gran parte de las víctimas de los ‘falsos positivos’ – , sostiene: “Hay una fuerza pública que pareciera tener licencia para matar, desaparecer, detener arbitrariamente. Si bien estos hechos recientes no corresponden al mandato de la Comisión de la Verdad, es importante que se resalte que las ejecuciones extrajudiciales son un crimen continuado en la historia”.

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Esa es quizá la petición más fuerte que centenares de víctimas reunidas y representadas en Cali quieren dejarle a la Comisión de la Verdad: que se reconozca y enfatice la responsabilidad del Estado en este fenómeno. “Queremos es que se devele cómo se organizó eso: una empresa criminal al interior del Estado, varias entidades tuvieron que ver, y consideramos que la Comisión en su informe debe referirse a esa responsabilidad”, agrega Giraldo.

Las víctimas están preocupadas por el tratamiento que le dará la Comisión a los ‘falsos positivos’, pues consideran que los miembros del Ejército que se han acercado al sistema integral de justicia transicional lo han hecho más con la intención de justificar lo que pasó que como un aporte genuino a la verdad. “Los vemos que van como a limpiar su nombre, a tratar de sacarse en limpio, a justificar sus acciones. Van a contar cosas que ya sabemos”, reclama Giraldo.

En eso coincide Daniela Rodríguez, abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien advierte que han observado cómo los militares comparecientes, que incluso ya están condenados en justicia ordinaria, “sienten que la JEP es un escenario para debatir esa responsabilidad”. El reclamo desde la defensa de las víctimas es que la JEP no hace un seguimiento riguroso al régimen de condicionalidad para garantizar que quienes están acogidos, realmente, tienen un compromiso con la verdad.

Un caso concreto sobre el que las víctimas y sus representantes han pedido a la JEP poner la lupa es el del coronel (r) Publio Hernán Mejía, condenado a 14 años de prisión por alianzas con el paramilitarismo. Además de aportar a la verdad y reparar a las víctimas, dicen las organizaciones jurídicas, el coronel debe garantizar la no repetición de los crímenes y contribuir a su prevención. Sin embargo, señalan, hace todo lo contrario desde su cuenta de Twitter, en la que en medio del paro nacional ha lanzado afirmaciones estigmatizantes e incluso ha justificado las muertes de manifestantes a manos de la fuerza pública. En uno de los trinos calificó a los manifestantes como “objetivos legítimos”.

Desde la defensa de las víctimas reconocen como importantes las dos decisiones que ya ha proferido la JEP en el caso de los ‘falsos positivos’, la imputación a los militares en el Catatumbo y batallón La Popa, en Cesar. Ahora están a la espera de la respuesta de los uniformados a esos autos, en la que deben o reconocer responsabilidad o controvertir a esa justicia. Una situación muy similar a la imputación por secuestro al antiguo secretariado de las Farc, que ya asumió su responsabilidad.

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A las prevenciones que tienen las víctimas se suma la intervención del expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad, que hasta hoy califican como desafortunada. La sensación generalizada entre quienes se reunieron en Cali es que se le dio un despliegue y un escenario muy “complaciente” al exmandatario. Y, en general, sienten que los aportes de los expresidentes han tenido un amplio espacio en los medios de comunicación, mientras que los espacios para las víctimas no han tenido el mismo eco. De hecho, el acto de reconocimiento de este martes ocurre luego de que se hubiera escuchado a todos los expresidentes y, para algunas voces, eso riñe con el principio de centralidad de las víctimas.

Además de las peticiones que le entregan este martes a la Comisión, varios de los asistentes al encuentro vienen a aportar su pedazo de verdad. Freddy Martínez Tabares es hermano de Edwin Martínez, víctima de una ejecución extrajudicial en Medellín. Un sábado de 2002, en el barrio Olaya Herrera, cinco muchachos que no superaban los 17 años se fueron a jugar billar y de regreso a sus casas, al escuchar una detonación, salieron corriendo mientras uniformados del Ejército les dispararon.

Freddy alcanzó a llegar a su casa, herido de bala, pero su hermano no llegó. Tampoco otros dos de los jóvenes que lo acompañaban. Al día siguiente, las autoridades los reportaron como milicianos de las Farc abatidos. Edwin Martínez tenía 15 años, estudiaba y en el sector de La Floresta ya lo conocían pues pedía ayudas con comida, ropa y dinero. Según su hermano, como sabría después por los reportes judiciales, Edwin fue ultimado con un tiro de gracia.

Años después, Freddy se enfiló en el Ejército. “El expresidente Uribe y los generales se apoyan en que ellos no tienen la responsabilidad en que un soldado haya matado a un civil, pero yo fui soldado profesional cinco años y conozco las presiones que nos hacían para dar resultados: cada cuatro meses nos debían dar permiso, pero si no dábamos resultados, no nos lo daban. Y si presentábamos resultados, nos extendían ese permiso”.

Durante esos cinco años en el Ejército, Freddy estuvo en el batallón de infantería General Pedro Justo Berrío, en Medellín, y en el batallón de contraguerrillas no. 8 Quimbaya, en San Mateo, Pereira. Sin embargo, tuvo que abandonar las filas pues su vida corría peligro, precisamente, por oponerse a cometer ‘falsos positivos’. Según su relato, en una operación en el departamento de Caldas él y sus compañeros detuvieron dos menores de entre 14 y 16 años con radios de comunicaciones, en plena zona guerrillera del Frente 47 de las Farc.

“Los tuvimos tres días, pero tocaba soltarlos porque no les cogimos nada, tener un radio no es un delito. Sin embargo, un soldado que llevaba nueve años en el Ejército propuso hacer un ‘falso positivo’ con ellos para que nos dieran permiso. De 87 que éramos en total, el único que alzó la mano y dijo que no fui yo. Un subteniente dijo que entonces no se hacía. A los días de eso, se me acercó un compañero y me dijo ‘tenga mucho cuidado porque en un enfrentamiento lo van a matar’”. Luego de eso, abandonó el Ejército. “Un tema que no se toca mucho es el de los mismos soldados que han muerto dentro de la institución por oponerse a los ‘falsos positivos’”, cuenta.

Hoy Freddy hace parte del colectivo Tejiendo Memorias de Medellín y acudió con varios familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales a Cali, con la convicción de que es el momento para plantear una profunda reforma a las instituciones de seguridad del Estado, que permita que no vuelvan a morir civiles a manos de uniformados. Esperan que se reconozcan las 6.402 víctimas de ese flagelo y que la cifra no siga aumentando.

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