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Después de que ocho excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc enviaran a la Jurisdicción Especial para la Paz un comunicado en el que aceptan tempranamente su responsabilidad en los homicidios del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, el profesor y economista Jesús Bejarano, el general Fernando Landazábal, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros Hernando Pizarro y José Fedor Rey, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad anunció este lunes 5 de octubre que “establecerá comunicación inmediata con familiares” de las víctimas, así como con organizaciones afectadas por los hechos.
La Comisión, como miembro del sistema de justicia transicional, al igual que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, tiene la tarea de explicar qué y por qué pasó lo que pasó durante el conflicto armado en Colombia. Por esta razón también “escuchará a los miembros de las Farc y contrastará sus versiones con las de otras personas y entidades que quieran contribuir a este esclarecimiento. La Comisión se pronunciará en su informe final”, explicó en un comunicado la entidad.
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Además, invitó “a los demás responsables directos o indirectos a reconocer otras verdades dolorosas pero necesarias en el camino de buscar una Colombia reconciliada y pidió a sectores diversos de la sociedad a respaldar y proteger este proceso con espíritu constructivo, respetando las instituciones por el bien de la democracia”.
Para la entidad, después de dos décadas de una justicia sin resultados, por fin empiezan a conocerse quiénes y por qué se cometieron estos homicidios, a pesar de que la respuesta de la sociedad civil, e incluso de familiares de las víctimas, no le den crédito a este reconocimiento de los excomandantes de las Farc.
Por ejemplo, el sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y abogado de la familia, Enrique Gómez Martínez, le dijo a El Espectador: “El cinismo de nuestros líderes y la instrumentalización del Gobierno es ilimitada. El régimen se prestó para eso y ha logrado reclutar a las Farc para lavarle la cara a Samper”. Esto después de que se expandiera la versión de que el homicidio del líder conservador fuera orquestado por el expresidente Ernesto Samper y otros miembros del gobierno de entonces, como Horacio Serpa. Versiones que hasta ahora no han sido comprobadas.
El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, dijo a este medio que conocen el juicio de la familia Gómez, “muy elaborado y muy trabajado públicamente”, así como también han escuchado el del expresidente Samper, que ha participado en varias contribuciones voluntarias a la verdad en esta institución. Ahora buscarán que la familia tenga un espacio público en la Comisión.
De Roux también dijo que entienden que, por la situación en la que está el país, las verdades se rechacen a priori. Sin embargo, él “honradamente, creo que la gente de las Farc está obrando en conciencia, no están jugando. Cuando usted acepta estas responsabilidades se pone en peligro. Ya les han matado 221 personas, con el que mataron ayer, y con esto se ponen en extremo peligro, con tantos odios que hay. Segundo, usted no va a dejar ante la comunidad mundial, el país y su familia el haber sido parte de un magnicidio como el de Álvaro Gómez tan doloroso para el país y no simplemente porque se le ocurrió, por hacer una jugada. Estos hombres se están jugando todo y de eso no tengo duda. ¿Que se demoraron? Claro que se demoraron, es que a veces la verdad se toma muchísimo tiempo para aceptarla, decírsela primero él mismo y luego hacerla pública".
Además, reiteró el llamado a la sociedad a “escuchar con respeto, porque si no nos decimos la verdad todos, no salimos al otro lado. Pero también respetar mucho a las víctimas, que es lo que nos preocupa y por eso buscamos a las familias. Esto inevitablemente produce una revictimización a la víctima, que tiene un sentimiento de indignación, de rabia, un clamor de justicia, y eso hay que escucharlo con el más absoluto respeto”.
El padre recalcó que no basta con reconocer responsabilidad, pues “lo que se espera es la verdad, los hechos, los motivos, las intenciones, la forma, las presunciones que hicieron sobre determinadas víctimas, el por qué lo hicieron de esa manera”, y aclaró que estos temas, como el del asesinato de Álvaro Gómez, la masacre de Tacueyó y otros hechos como el asesinato de los concejales de Rivera (Huila) no son a blanco y negro. Hay verdades cruzadas.
En el caso de Gómez Hurtado, como lo contó Colombia2020, se dice que la motivación de la guerrilla para asesinarlo tuvo que ver con que el máximo comandante de esta, Manuel Marulanda, nunca le perdonó al político conservador el discurso que dio en el Congreso en 1961, en el que pidió a la fuerza pública que interviniera en las que llamó “repúblicas independientes”, es decir, lugares en los que no había control del Estado y en los que se habían organizado grupos de campesinos que habían quedado por fuera de los procesos de amnistía de los años 50.
(Lea más: La versión que entregarán exFarc ante la JEP sobre seis homicidios)
De igual manera, este medio pudo indagar sobre los homicidios de Jesús Antonio Bejarano, quien fue negociador frente a la Coordinadora Guerrillera. Se dijo que era el responsable del bombardeo a Casa Verde, sede del Secretariado de las Farc.
Sobre los asesinatos de José Fedor Rey, en 2002 y Hernando Pizarro Leongómez, en 1995, la versión es que fue una venganza por la masacre de Tacueyó, en la que mataron 164 miembros de la tropa que dirigían, una disidencia de las Farc llamada Comando Ricardo Franco, porque supuestamente ser todos infiltrados o traidores.
En el caso del representante Pablo Emilio Guarín, los exguerrilleros le dijeron a este diario que tuvo que ver con que creara la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), que ayudó a crear y expandir grupos paramilitares. Al general Fernando Landázabal Lo responsabilizaban de propagar la doctrina del “enemigo interno”.
Ahora la información será manejada por la Comisión y por la JEP, donde se espera que próximamente los magistrados de este alto tribunal expliquen cuál será la ruta sobre cómo manejaran estos delitos que habrían sido cometidos en en el marco del conflicto armado colombiano.