San Andrés desentierra la verdad de sus muertos y desaparecidos

El acto de reconocimiento al pueblo raizal se hizo en la Primera Iglesia Bautista, en pleno corazón de la isla. / Camila Acosta Alzate - Comisión de la Verdad

Al pastor Alberto Gordon May todavía le cuesta contar la historia de su padre. Pocas veces lo ha hecho y fue hace poco cuando empezó a hablar de ella. Su papá se llamaba Ragafford Gordon Bernal y fue miembro de la Policía en la isla de San Andrés. Un día, cuya fecha no quiere precisar, dos agentes compañeros de él fueron a buscarlo a su casa para que los acompañara a una diligencia y él se fue con ellos. La siguiente vez que su familia lo vio fue dentro del ataúd. Lo que pasó después de que se lo llevaron no está claro, pero la información que recopiló su familia indica que fue trasladado a la estación de Policía y torturado hasta la muerte, por motivos que no se han esclarecido.

El pastor Gordon también habla de un primo que era marinero, pero un día, hace más de una década, salió y no regresó. En su casa quedaron todas sus pertenencias y su dinero, todo intacto. Pero su familia no volvió a saber nada más de él y hoy nadie sabe dónde está.

Gordon May es el presidente de la Autoridad Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Raizal Council) y una de las pocas personas del archipiélago que habla con nombre propio sobre la desaparición y el asesinato de sus familiares. Minutos antes de contarme su historia estaba subido en un atril de la Primera Iglesia Bautista (First Baptist Church) pronunciando un discurso sobre la importancia de que el país conozca que en San Andrés sí hubo conflicto armado y que allí también hay víctimas.

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La iglesia queda en pleno corazón de la isla, en lo alto de una loma, y allí, el viernes pasado, ocurrió un modesto acto sin precedentes: la Comisión de la Verdad, creada por el Acuerdo Final, realizó un acto de reconocimiento público al pueblo raizal por sus afectaciones durante el conflicto armado interno. Testimonios recogidos por la comisión se escucharon en la iglesia y los acogieron el comisionado Leyner Palacios y Xiomara Balanta, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“En Colombia las masacres se cuentan en fosas comunes. Nosotros no tenemos fosas comunes, pero nuestros muertos y desaparecidos están bajo las olas, viven bajo las espumas de este mar Caribe, indómito; cada familia en el archipiélago casi que cuenta con uno”, decía un testimonio anónimo que fue leído por una integrante de la JEP.

Romper el silencio

Los investigadores de la Comisión de la Verdad que estuvieron documentando las afectaciones en San Andrés tuvieron que embarcarse literalmente en las faenas de pesca de los raizales para acceder a sus testimonios allí, en medio de su cotidianidad y sin que se pusieran en riesgo. Eso lo cuenta el comisionado Leyner Palacios, quien está al frente de la tarea de reconstruir lo que pasó en el archipiélago. “A nosotros nos tocó incluso sacar a pobladores de aquí de San Andrés para escuchar sus testimonios en otros lugares”, dice.

Hay tanto miedo a contar lo que pasó, que en el acto de reconocimiento todos los testimonios que se escucharon fueron en videos grabados antes por la comisión. Nadie aceptó pararse en un atril, en un acto público, a contar lo que le ocurrió por el conflicto armado y el narcotráfico; además, varios testimonios fueron anónimos.

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Eso ya es un avance, dice el pastor Alberto Gordon. “Los testimonios abundan, pero las personas no quieren hablar. No es que sean inaccesibles, porque los conocemos, pero no dejan tomar registro de lo que cuentan”.

La información que ha recopilado la Comisión de la Verdad, entregada por el pueblo raizal, arroja unas cifras preliminares: entre 600 y 700 personas desaparecidas y 290 asesinatos. Las desapariciones, en su mayoría, están relacionadas con el narcotráfico. El conocimiento de los isleños, expertos marineros, se instrumentalizó para las rutas del narcotráfico que pasan por la isla. Muchos salieron un día y no volvieron. “San Andrés se convirtió en un corredor del narcotráfico y del tráfico de armas”, explica el comisionado Palacios.

Pero en el archipiélago también reclutaron jóvenes. “Aquí llegaron personas del interior a reclutar a nuestros jóvenes. Se los llevaron al monte, bien sea para la guerrilla o para las Auc, no sabemos qué grupo, pero sí se los llevaron de acá”, dice el pastor Gordon. Y el comisionado lo reafirma: “De aquí de San Andrés se llevaron jóvenes y los internaron en la selva, en el Canal del Dique. Allá los prepararon para luego salir con las lanchas cargadas de cocaína”.

Vanburen Ward, presidente de la junta de acción comunal de Santa Catalina, tiene a su hermano desaparecido. Trabajaba como lanchero, tenía dos hijos, y un día salió y no regresó. Su primo también está desaparecido. Lo mismo le pasó a la hermana de Ana Cárdenas McLean. Ella dice que la última vez que la vio fue el 7 de marzo de 1997. Hoy nada se sabe de ellos. Ninguno había hablado de su caso, como el resto de víctimas de la isla. Todos hacen como si no hubiera ocurrido.

Que no siga pasando

En una sala contigua a la iglesia en la que se hizo el acto de reconocimiento, un puñado de mujeres reunidas en la organización Cane Roots levantaron el Museo Dignity. Ubicaron más de una docena de portarretratos en el suelo, con las fotografías de algunas víctimas que el conflicto ha dejado en el archipiélago. Debajo de ellas, una breve reseña: Marlon Martínez Dixon, capitán raizal, desaparecido en San Andrés Isla; Abelardo O’Kelly Hudgson, desaparecido en Providencia Isla el 25 de enero de 2010; Jonathan Vázquez Silgado, desaparecido en San Andrés Isla el 30 de julio de 2011.

La fotografía más grande era la de Alexander Stephens Gordon. Tenía 35 años, había cursado los últimos dos años de bachillerato en Bucaramanga, empezó la carrera de Derecho, pero terminó graduándose de investigador judicial en Medellín. Hacía años que había vuelto a la isla, vivía con su familia en el sector de Loma Cove y trabajaba como contratista de la Gobernación.

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Su madre, Elizabeth Gordon, recuerda que la última vez que lo vio fue a eso de las diez de la noche del 22 de diciembre de 2020. Ella terminaba de cuadrar la nómina en su casa para entregarla al día siguiente en la Gobernación, donde trabajaba, cuando su hijo Alexander le avisó que saldría y estaría en la barbería del frente, que era de su primo, con otros amigos y familiares.

Hacia la medianoche, una de las jóvenes que departía con ellos en la barbería les avisó que se iba, aún en medio de la restricción decretada por la pandemia, por lo que no podían andar por la calle entre las once de la noche y las cinco de la mañana. Alexander Stephens se ofreció a llevarla en su moto. Dejó todas sus pertenencias en la barbería y dijo que en cuestión de minutos estaría de regreso. Lo siguiente que se supo de él es que había sido baleado en el sector conocido como la Loma del Bolivariano. La moto se la llevaron.

A mediados de 2021, la directora seccional de la Fiscalía en San Andrés, Tatiana Angulo, anunció que el responsable del homicidio era Deivys Enrique Coronell Mendoza, otro isleño, quien estaba privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá. Según la hipótesis de las autoridades, el asesinato ocurrió por robarle la motocicleta.

La señora Elizabeth Gordon accedió a que la fotografía de su hijo reposara en el Museo Dignity, junto con una de sus camisas, porque quiere que se sepa su historia. Y quiere que no le pase a nadie más, que ninguna otra vida se pierda por la violencia social de la isla.

El 13 de marzo de 2022, el artista Fabián Pérez Hooker, conocido popularmente como Hety, “el Rey del Creole”, murió abaleado en una calle de San Andrés. Su asesinato sacudió a la isla porque era una figura representativa para los raizales. Había construido su carrera musical reivindicando el creole y junto a Zambo conformaba una agrupación reconocida en el género del dancehall. Al parecer, habría muerto en un atentado que iba dirigido contra otro raizal. Tanto Alexander como Hety se cuentan dentro de las víctimas de la isla para la Comisión de la Verdad, porque trazar una línea entre conflicto armado, narcotráfico y violencia social resulta inviable. Así que los raizales han decidido hablar de todos sus muertos.

Las personas tienen miedo de hablar, explica Leyner Palacios, “porque el narcotráfico sigue acá vivo; el narcotráfico no se ha desmovilizado ni ha hecho una apuesta por la construcción de la paz”. El comisionado sostiene que grupos armados de carácter nacional, como las Agc o Clan del Golfo, tienen presencia evidente en el archipiélago. “No estamos hablando de que es un conflicto únicamente por la movilidad, sino que los actores armados han trasladado su capacidad militar al mismo pueblo de San Andrés”, aseguró.

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Por eso, el archipiélago tendrá un apartado propio en el informe final que entregará la Comisión de la Verdad el próximo 28 de junio. Según afirma el comisionado, el capítulo étnico abordará las afectaciones que vivió San Andrés en medio del conflicto armado, pero, además, habrá un documento anexo a ese capítulo dedicado exclusivamente a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y no solo para hablar de los desaparecidos y los muertos de antes, sino también de los de ahora, porque los casos se siguen presentando. Durante la semana pasada, raizales se acercaron a la entidad a denunciar que hace un par de días, de nuevo, un joven raizal desapareció.