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El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada respondió este lunes sobre la información de la presunta existencia de 20.000 cadáveres sin identificar en el aeropuerto de Bogotá, contenido en su informe de fin de visita y dada a conocer la semana pasada.
Según el Comité, los datos -que fueron desmentidos por las autoridades colombianas- fueron dados por “distintas fuentes” oficiales, explicó a la agencia EFE por Juan Pablo Albán Alencastro, relator del comité de diez expertos.
“No podíamos dudar de la información reiterada de las fuentes que entrevistamos y que nos dijeron que hay restos en lugares donde no deberían estar, incluido el aeropuerto de Bogotá”, explicó Albán.
En una nota aclaratoria también publicada por el comité, el grupo indicó que en sus informes y recomendaciones “se sigue una estricta metodología” basada en “observaciones o información corroborada y recibida de fuentes creíbles”.
Albán aclaró que, siguiendo esa metodología, recibieron información sobre la existencia de cadáveres, en diferentes lugares, incluyendo un hangar del aeropuerto El Dorado, que no visitado por ellos. La Procuraduría realizó una inspección el mismo jueves en la noche en los 27 hangares y no encontró ningún rastro de cuerpos.
“No podemos dudar de la palabra del Estado colombiano”, señaló sobre la inspección e indicó que esos nuevos datos serán tenidos en cuenta en el informe definitivo sobre la visita a Colombia, que se presentará en abril del próximo año.
El relator señaló que fueron llevados a lugares donde vieron bolsas de cadáveres “apiladas en lugares que no son para el mantenimiento y preservación de cuerpos sin identificar”.
Y agregó: “La propia Comisión de la Verdad en Colombia da cuenta de que hay más de 25.000 cuerpos sin identificar que se encuentran diseminados en distintas partes del territorio porque no hay una infraestructura adecuada”, subrayó.
Ante la controversia suscitada, ya que diversas autoridades rechazaron el informe y pidieron aclaraciones, Albán señaló que “tras conocer cuál es la metodología que nosotros aplicamos, entenderán por qué hicimos el planteamiento que hicimos y cómo vamos a tratar más adelante con este asunto”.
Tal como le contó hace unos días a Colombia+20 Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU, el relator Albán dijo que el miércoles pasado -un día antes de revelar públicamente el informe de fin de visita- hubo una reunión privada con representantes de instituciones del Estado en la que “ninguno de los presentes cuestionó los hallazgos”.
"La actitud del Estado colombiano en general fue muy constructiva y autocrítica, reconociendo que hay problemas serios como la falta de claridad en las cifras (de desaparecidos) o la impunidad existente", señaló.
Albán aseguró que las críticas de los Estados a las informaciones de órganos internacionales como el Comité son “gajes del oficio” y agregó que ahora es necesario “desescalar la situación, porque lo constructivo es que el comité y Colombia trabajen de la mano junto a las demás entidades de la ONU y de cooperación internacional”.
“Nos preocupa que en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana la cuestión se diluya en ese punto de nuestro comunicado, sin tomar en cuenta otros hallazgos que son muy graves”, afirmó.
Albán aludió en ese sentido a otros hallazgos, como el hecho de que no haya un registro centralizado y fiable de personas desaparecidas, por lo que las cifras totales comunicadas al comité oscilen enormemente, entre las 98.000 y las 200.000.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia hay más de 111.000 desaparecidos antes de 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, una cifra que no refleja las posteriores desapariciones.
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