¿Cómo garantizar los derechos de víctimas en el Plan de Desarrollo?

A pesar de que casi uno de cada cinco colombianos ha resultado afectado por el conflicto armado, la respuesta a las demandas de las víctimas y las políticas del Estado para atenderlas siguen siendo insuficientes. Desde varios sectores se ha insistido en la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND): la hoja de ruta que marca la gestión de cada Gobierno y que fija sus metas en el corto, mediano y largo plazo.

Por ello, Colombia+20 de El Espectador y Codhes, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y su Programa de Participación y Reparación Colectiva de las víctimas llevan a cabo el foro: Víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo: ¿Cómo garantizar sus derechos?

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La apertura del evento estuvo a cargo de señor Robert Rhodes, director de la Oficina de Construcción de Paz y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), quien destacó los esfuerzos que se han hecho sobre las víctimas del conflicto, especialmente sobre mujeres y niños y niñas.

A su turno, el director de El Espectador, Fidel Cano, afirmó: “Estamos a 90 días de un nuevo Gobierno, un nuevo Gobierno que, no creo que me equivoque, todos vemos como defensor del Acuerdo y de la Paz, aunque persistan algunas incertidumbres sobre los planteamientos de la Paz Total”.

Por su parte, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dijo que sin importar el apellido que se le dé a la paz, se debe respetar la centralidad de las víctimas. “La evaluación de 30 años de los derechos de las víctimas significa que la tragedia de este país ha sido muy compleja, de larga duración y con secuelas profundas (...) La Ley de Víctimas está en una crisis de implementación. Las metas principales quedaron pendientes y hubo que prorrogarla por otros 10 años: hay apenas 760 sujetos de reparación colectiva”, indicó.

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“La importancia de que sean incluidas las víctimas en el PND tiene que ver con que este determina la base de las políticas públicas, y en ese punto hay un pendiente muy grande en distintos campos. Se necesita que se aseguren presupuestalmente los recursos para atender los programas de indemnización, de reparación colectiva, la implementación de la segunda etapa de la ley 1448 de 2011, entre otros”, agregó Romero.

También hubo intervención del economista e investigador Luis Jorge Garay Salamanca, director del Equipo de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de desplazamiento forzado. Garay hizo un balance sobre el programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas de Codhes y de USAID.

“La comisión ha determinado que la población desplazada es caracterizada como la población más vulnerable entre las vulnerables del país. Tienen una vulnerabilidad económica, social y cultural, respecto incluso a las poblaciones vecinas de referencia. El mayor déficit es el de acceso a vivienda que, como varios estudios lo han indicado, da acceso a otros servicios o sirve de apalancamiento de otras formas o condiciones de vida para las víctimas como generar nuevas oportunidades, para conseguir trabajo, entrar a la educación, entre otros”, detalló Garay.

Participantes en el Foro Víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo garantizar sus derechos?

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

De acuerdo con Garay, las víctimas de desplazamiento fueron víctimas de otros flagelos como despojo de tierras que, en la mayoría de los casos, ocurrió casi al mismo tiempo del desplazamiento.

“Es fundamental que el Gobierno de Gustavo Petro priorice a la población desplazada que tuvieron que abandonar sus tierras y que se le dé una compensación con una devolución de tierra con base en los proyectos que ha planteado la administración”, dijo.

Para Garay se debe avanzar en formalización de su capital informal -por ejemplo de la vivienda- y profundizar el sistema de protección social, aprovechando la política del cuidado, “que la hace en su mayoría mujeres desplazadas y de escasos recursos”, puntualizó.

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Así se desarrolla el foro

Panel 1 - Derechos de las víctimas.

Participan: Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas; Luz Nely Osorno, representante de los Sujetos de Reparación Colectiva de las Víctimas; y Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas; Castriela Hernández Reyes, asesora Agencia de Renovación del Territorio; y Farith Fuentes, representante de la Mesa Nacional de Coordinación Étnica. Modera Luis Fernando Sánchez Huertas, coordinador jurídico de Codhes.

La primera en intervenir fue la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, quien afirmó: “Se debe tener en cuenta que las víctimas no disminuyen, al contrario, aumentan porque el conflicto no ha cesado”. Aun así, explica, siguen teniendo un punto central en la propuesta programática del gobierno. “Hoy que tenemos la posibilidad de adelantar el Plan de Desarrollo, estamos escuchando que estos colectivos puedan participar libremente y construir sus propuestas que serán entregadas al DNP”, afirmó.

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A su turno, Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, afirmó que se necesita un Plan Nacional de Desarrollo que sea mucho más “humanizado” y que no desconozca a las víctimas. “Hasta ahora las acciones de las instituciones ha sido incluir a las víctimas de manera transversal. Recogimos insumos en las 32 mesas departamentales. Lo hicimos porque tenemos muchas expectativas frente al Plan Nacional de Desarrollo. Soñamos y creemos en la Paz Total. Pedimos que tengamos un capítulo especial para las víctimas para descentralizar los esfuerzos y sea cambie a un modo de real reparación”, afirmó.

Luz Nely Osorno, representante de los Sujetos de Reparación Colectiva de las Víctimas indicó que es fundamental la articulación interinstitucional para lograr la reparación real de las víctimas. “Si la Fiscalía no funciona en las medidas que tienen los sujetos de reparación colectiva y frente a las investigaciones, la Unidad para las Víctimas no va poder avanzar”, afirmó.

Osorno, también se refirió al tema del acceso y/o devolución de la tierra y detalló que “hay sujetos de reparación colectiva que no han podido avanzar porque no se ha avanzado ni siquiera en la restitución o formalización de tierras”. Además, hizo una petición que también se le escuchó a los demás panelistas: “Los territorios no pueden ser medidos con los mismos indicadores. Hay que adaptar las rutas y normas para garantizar los derechos de pueblos étnicos y campesinos. Los campesinos tienen una petición específica: avanzar en las consultas previas de esa población”.

Otra intervención fue la de Farith Fuentes, representante de la Mesa Nacional de Coordinación Étnica, quien se refirió a la Reforma Rural Integral, punto uno del Acuerdo de Paz y cuya aceleración ha prometido el Gobierno de Petro. “La Reforma Rural Integral dice qué se quiere hacer, pero los PDET responder cómo se debe hacer. Por eso es importante rescatar el pensamiento de los cabildos y consejos comunitarios que entregaron al gobierno 32 mil iniciativas.”, indicó.

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Sobre el tema de la institucionalidad, Patricia Tobón afirmó que “el centralismo ha generado una distorsión en la atención de las comunidades y de lo territorial (...) si no revisamos qué le debe la institucionalidad a los territorios, es poco probable que podamos impactar realmente”.

Por parte del Departamento Nacional de Planeación, estuvo en el panel María Adelaida Vélez, subdirectora de Derechos Humanos y Construcción de Paz. De acuerdo con Vélez, se está proponiendo una estrategia en temas de focalización en los territorios. “Hay muchas competencias que están en el orden nacional y no podemos transgredir la autonomía de planeación de las entidades territoriales. Lo que podemos hacer es una estrategia de incidencia con alcaldías y gobernaciones.

Sobre la paz total y cómo se relacionaría con el Plan Nacional de Desarrollo, Vélez indicó que “el Gobierno le está apostando al desescalamiento de la violencia a través de la negociación con nuevos grupos, pero hay que articular la oferta y política de prevención y garantías para poblaciones vulnerables como las víctimas y líderes sociales.

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Panel 2 - Garantías de seguridad en el contexto de la paz.

Participan: Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz; Franklin Castañeda, de la dirección de Derechos Humanos del MinInterior; Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, y Lourdes Castro, en representación de Somos Defensores. Modera Gloria Castrillón, directora editorial de Colombia+20 de El Espectador

La primera en intervenir fue Cuartas quien dijo que está haciendo el tránsito de Paz con legalidad -la política de paz creada por el Iván Duque- y Paz Total, el proyecto con el que el presidente Petro quiero acelerar la implementación del Acuerdo de Paz y hacer otras negociaciones o acoger a otros grupos armados.

“Nuestro punto de arranque es la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón. Vamos a recordar lo que significan los legados de los relatos que nos dejaron los conflictos en Colombia. Vamos a recoger la institucionalidad que tiene el Acuerdo de Paz. Nos damos cuenta que hay una institución paralela creada por el anterior gobierno, lo que estamos haciendo es ver qué funciona, articular y centralizar ese esfuerzo”, afirmó.

Otra cosa de la que está pendiente la Unidad que dirige Cuartas es de las sanciones propias, ese tipo de sanciones que tendrán los comparecientes de las antiguas Farc y que dará la JEP. “Las sanciones propias deben ser conocidas por los comparecientes. CSIVI debe saber en qué consisten; la institucionalidad debe hacer lo propio con los desafíos aquí para articular la visión de las víctimas y de todo el proceso en general”, explicó.

La funcionaria también habló sobre el tema de la contratación y dijo que casi que el gobierno tendría que tener 9 billones de pesos anuales para cumplir la visión armoniosa del Acuerdo de Paz. “Tenemos que superar la intermediación en los recursos territoriales, avanzar en la contratación pública-comunitaria y mejorar los mecanismos porque la intermediación ha evitado que los recursos lleguen las comunidades”, afirmó.

Por su parte, Franklin Castañeda, de la dirección de Derechos Humanos del MinInterior, afirmó que el objetivo es ser mucho más efectivos en los espacios de diálogo. “Nos hemos encontrado con respuestas como ‘hemos tenemos 120 reuniones de un tema’ y cuando vemos qué se ha hecho del tema, no pasó nada”. Para ello, Castañeda afirma:“necesitamos coordinar con sociedad civil y con el Estado para identificar cuáles son los espacios que tienen vocación de ser efectivos. Desde el Ministerio del Interior intentaremos tener una instancia única de diálogo nacional como la mesa de garantías, como una instancia territorial de diálogo”.

A su vez, Lourdes Castro, en representación de Somos Defensores, afirmó que las políticas de seguridad debe quedar dentro del Plan Nacional de Desarrollo. “Si no es así, entonces será retórica. No es solo el discurso, hay que ponerle plata a los esquemas de y a la política de seguridad. No hacerlo, ya trajo consecuencias como las que vemos ahora”, indicó.

Justamente en el panel también estaba Augusto Rodríguez, director Unidad Nacional de Protección, quien afirmó que esa entidad “ha desarrollado unos programas, rutas y estructura acorde a la forma de entender la protección. Vehículos, hombres de protección. Todo eso hay que reestructurarlo”.

Sobre los hechos que se han presentando en algunas regiones, como por ejemplo, la falta de entrega de vehículos de seguridad, Rodríguez indico: “Hay una ola grande de asesinatos. En estos últimos días se han disparado también las amenazas y nos preocupa muchísimo porque en algunos territorios, las empresas que deben alquilar los vehículos y que tienen asignadas esas áreas, curiosamente no están entregando ni cambiando los vehículos que se van varando”, dijo y agregó que la seguridad debería dejar de ser un negocio con una “corrupción enquistada”.

Acerca de estos hechos también se pronunció Marco Romero, director de Codhes, quien le puso el foco a la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz. “Si no se puede proteger a los excombatientes ni modos de defender al resto. 300 firmantes del proceso de paz asesinados. La Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales y hay que ver cómo las instituciones encargadas se transforman.

Romero, que hace parte del Comité de Seguimiento del Informe Final de la Comisión de la Verdad, afirmó que es desde las recomendaciones de ese informe desde donde se deben empezar a desactivar distintos factores de violencia estructural que persisten en los territorios. “Hay que desactivar esas guerras, eso es uno de los llamados fuertes de la Comisión de la Verdad. La principal recomendación del Informe Final es buscar que haya garantías de no repetición en un país adicto a la repetición”.