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Entre 2018 y 2025, Colombia entró en un nuevo ciclo de violencia armada marcado por el crecimiento, la expansión territorial y la capacidad de control de las estructuras armadas en el país, desde la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo hasta las disidencias de las extintas FARC.
Así lo dice el Balance de grupos armados 2025 de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que identifica un patrón sostenido que atraviesa varios gobiernos y enfoques de seguridad, que demuestra una debilidad estructural del Estado para prevenir la recomposición y expansión de actores armados ilegales. En otras palabras, los grupos crecieron no porque unos hayan sido más eficaces, sino porque todos encontraron condiciones favorables para hacerlo.
El informe insiste en que este fenómeno no puede leerse como una simple prolongación del conflicto armado histórico. Lo que ocurre desde finales de la década pasada es cualitativamente distinto. Por eso Pares menciona un tercer ciclo de violencia, caracterizado por nuevos actores, nuevas lógicas de guerra y nuevas formas de control territorial. Laura Bonilla, subdirectora de la fundación, lo sintetiza así: “Lo que tenemos hoy no son los mismos grupos armados, son distintos grupos y con variadas consideraciones, o sea, ya son más cambios que continuidades. El segundo ciclo se cerró con la desmovilización de las FARC porque fue el último grupo que tuvo un propósito insurgente como tal. De una u otra manera, eso cierra el momento de la guerra insurgente contra insurgente. Hoy tenemos otra cosa, hoy tenemos grupos que quieren el control territorial del Estado, pero no en el mismo nivel ni en la misma forma”, explicó a Colombia+20.
Con ese cierre, el conflicto dejó de estructurarse alrededor de la confrontación ideológica por el poder del Estado y entró en una fase distinta, en la que la prioridad ya no es la toma del Gobierno central, sino el dominio efectivo del territorio. Desde entonces, los grupos armados reorganizan sus objetivos y métodos. El control de corredores estratégicos, de economías ilegales, de poblaciones y de dinámicas locales se vuelve central. Esa transformación, explica Bonilla, muestra por qué actores tan distintos entre sí —guerrillas, estructuras herederas del paramilitarismo y disidencias fragmentadas— terminan teniendo comportamientos similares en términos de expansión.
La pandemia, otro punto de quiebre
El Balance de grupos armados 2025 identifica un momento clave en esta trayectoria: el período comprendido de 2019 a 2022, cuando se produjo el mayor salto en la presencia territorial de los grupos armados. Ese crecimiento ocurrió antes del inicio del actual gobierno y coincide con el impacto más fuerte de la pandemia.
Para Pares, la pandemia no fue un factor secundario, sino un verdadero punto de quiebre. Durante esos años, dice el informe, el Estado redujo su capacidad de presencia territorial y de respuesta temprana frente a dinámicas armadas emergentes.
“El impacto de la pandemia es clarísimo por varias razones. El país cerró durante la pandemia y eso fue un momento en el que el Estado se contrajo. O sea, el Estado no atacó igual, no se comportó igual, las prioridades de Policía, todo cambió hacia la protección de la gente durante la pandemia. La prioridad no eran los grupos armados”, advierte.
Al mismo tiempo, las economías ilegales —en especial el cultivo de coca y la producción de cocaína— se transformaron de manera acelerada. Las restricciones a la movilidad internacional obligaron a un reacomodo profundo del mercado de la coca. Ese cambio desplazó parte del negocio hacia el interior del país, fortaleciendo redes locales y aumentando la importancia del control territorial.
“Aquí va la segunda razón. Durante la pandemia, por ejemplo, hubo también un incremento muy grande en la producción de coca, y una sofisticación del mercado, como una superespecialización, pero al no poder llevar la coca fuera de las fronteras de Colombia, por todas las condiciones pandémicas, lo que empezaron a hacer las estructuras fue poner la coca en las fronteras. Los grupos llevaban la droga y de la frontera en adelante otros se encargan. Eso también provocó que se expandieran los nexos con autoridades fronterizas”, explica Bonilla.
El informe establece que, según la ONU, en 2020 la fabricación de cocaína alcanzó niveles récord con 1.982 toneladas producidas (11 % más que en 2019), y la expansión continuó en 2021 y 2022. En la práctica, esto significó más actores disputando territorios, más presión sobre comunidades y más incentivos para la expansión armada, en un contexto en el que el Estado no logró reaccionar con la misma rapidez.
“En regiones no cocaleras, la pandemia permitió a los grupos ilegales regular con violencia la vida comunitaria. Lograron en pocos meses lo que a las FARC les tomó décadas: eliminar competencia civil y democrática, imponer funciones de seguridad y justicia, y redistribuir rentas locales, mientras los gobiernos concentraban esfuerzos en la atención sanitaria”, reporta el balance.
El tercer ciclo de violencia se define por un patrón persistente: el Estado que no logró anticiparse, prevenir ni cerrar las condiciones que hacen posible la expansión armada.
La paz total no causó el crecimiento, pero tampoco lo detuvo
El balance de Pares también analiza la ambiciosa política de paz total del presidente Gustavo Petro: el país tenía un deterioro sostenido de la seguridad desde 2018, que se agudizó hacia 2022 y en 2025 se consolida ese nuevo ciclo. “Este fenómeno ha sido injustamente atribuido a la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, que en realidad representa solo un factor dentro de un ecosistema mucho más amplio de variables que están empujando al país hacia una nueva fase de violencia, poniendo entredicho tanto las estrategias de paz como las de guerra”, dice el informe.
Sin embargo, Bonilla aclara que, aunque esta estrategia no promovió el crecimiento de los grupos armados, tampoco logró impedirlo ni frenarlo. “Pongamos el ejemplo de un cese al fuego entre el Estado y los grupos. Eso realmente no tiene ninguna incidencia sobre nada que tenga que ver con el control armado. Incluso viendo los datos de zonas donde no hubo cese al fuego, los grupos crecieron”.
Para Pares, el dato más preocupante no es que un grupo haya crecido más que otro, sino que todos crecieron al mismo tiempo, durante siete años consecutivos y bajo distintos gobiernos. Como advierte Bonilla, cuando esas condiciones existen, el resultado es previsible. “Para expandir un grupo armado necesitas gente, plata y armas”. Entre 2018 y 2025, todos los actores las encontraron.
¿Quiénes, cómo y dónde crecieron los grupos armados?
El balance también muestra que ningún actor armado quedó al margen del crecimiento. El ELN, el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, disidencias de las FARC y otros actores regionales y urbanos ampliaron su presencia territorial, aunque con estrategias distintas.
De acuerdo con los datos recogido por Pares, en 2019, el número de municipios con presencia de al menos un grupo armado se empezó a incrementar. El salto más fuerte fue entre ese año y 2022, cuando se pasó de 195 a 410 municipios. “El aumento superior al 110 % en el número de municipios afectados no fue un crecimiento disperso, sino la expresión de un proceso de reacomodo de estructuras” (tras la firma del Acuerdo de Paz), explica Pares.
La expansión sostenida del Clan del Golfo
El Clan del Golfo fue el grupo con la expansión territorial más constante durante el período analizado. Su crecimiento se dio a través de la absorción de estructuras locales, el control de corredores estratégicos y una amplia diversificación de economías ilegales.
Bonilla explica que esa fortaleza no es reciente. “El Clan del Golfo lleva muchos más años consolidándose. Es el que más logra absorber otros grupos, el que tiene la mayor tasa de reciclaje”. A ello se suma una ventaja: “Tiene la mayor diversidad de economías ilícitas, entonces le entra plata por todas partes”, explica.
El balance afirma que ese grupo criminal protagonizó una expansión sostenida con un “modelo de operación —flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales—, que le permitió avanzar sin necesidad de confrontaciones abiertas”. “Es una violencia más implícita, no tiene necesidad de violencia explícita en el territorio”, agrega Bonilla, lo cual es una característica central del control ejercido por el Clan en este tercer ciclo de violencia.
El ELN y sus reacomodos territoriales
El ELN también amplió su presencia tras la salida de las FARC, ocupando vacíos en regiones estratégicas y consolidando posiciones entre 2019 y 2022. Aunque el informe muestra ajustes y disputas posteriores —con disidencias y otros actores—, el grupo mantuvo una presencia armada relevante a lo largo de todo el período. “En 2019 operaba en 193 municipios y, en 2024, su presencia había escalado a 231 municipios, con variaciones locales tras la separación del Frente Comuneros del Sur en Nariño”, precisa el informe.
Para Pares, el ELN encarna una de las transformaciones del conflicto porque aún conserva elementos de su pasado insurgente, pero opera cada vez más bajo lógicas de control territorial y economías ilegales. Durante este tiempo, se dice en el informe, esa guerrilla tuvo un “reposicionamiento político” con la apertura de la mesa de diálogo en noviembre de 2022. La mesa, sin embargo, hoy está en pausa y con pocas posibilidades de avance tras incursiones armadas como las del paro armado perpetrado la semana que pasó y otras como el ataque en Catatumbo de enero de este año.
A eso se suma también su carácter binacional y, por consiguiente, su fuerza en la frontera. “La limitada presencia estatal en zonas fronterizas, particularmente en Venezuela, ha facilitado su expansión: en 2024 este factor explicó un aumento del 23 % en su actividad en zonas limítrofes”, indica el balance de Pares.
Disidencias de las FARC: la expansión más rápida y fragmentada
Las disidencias de las FARC protagonizaron uno de los crecimientos más acelerados entre 2018 y 2025. El informe documenta cómo pasaron de estructuras dispersas a consolidar presencia armada en múltiples regiones, especialmente entre 2019 y 2022. Las fracturas internas posteriores no frenaron esa expansión, sino que multiplicaron los escenarios de disputa. “El crecimiento de las disidencias posFARC comenzó a ser perceptible desde 2017, pero fue entre 2019 y 2022 cuando se acentuó de manera más drástica, registrando los peores indicadores de violencia desde el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz”, dice Pares.
Y agrega que este crecimiento se debe, entre otras, al reclutamiento masivo y una suerte de reorganización de corredores para las rentas ilegales gestionados por mandos medios de las FARC que no encontraron “atractivo” el tema de la reincorporación. La última razón, acorde con el informe, es la ruptura en 2024 del Estado Mayor Central. “El quiebre entre la facción liderada por Iván Mordisco —que se mantuvo en armas— y la encabezada por Calarcá Córdoba —que continuó en el diálogo y conformó el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)— respondió tanto a tensiones por la negociación con el Gobierno como a disputas por las rutas estratégicas del narcotráfico y el control de activos criminales”, se afirma.
El informe también registra la presencia y el crecimiento de otros actores armados de escala regional y urbana. Aunque su alcance territorial es menor, su impacto es significativo en zonas de disputa y en ciudades intermedias, donde controlan economías ilegales, extorsión y movilidad.
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