¿Cómo materializar los Acuerdos de Paz?

Ya está listo el documento Conpes que, en pocas palabras, establece las líneas generales para integrar los compromisos de los Acuerdos de Paz con las instituciones del Estado colombiano. Además de esto, el texto también traza los caminos para hacerles seguimiento a los proyectos y las metas de los Acuerdos.

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La implementación de éstos es un esfuerzo monumental que, para buena parte de sus efectos, quedó plasmada en el Plan Marco de Implementación (PMI), un documento en el que se trazaron 501 indicadores de cumplimiento de lo acordado. La tarea del Conpes es ver cómo insertar el PMI en el funcionamiento del Estado, así como seguirles la pista a los $129,5 billones que se estima costarán los puntos suscritos en La Habana. El horizonte de aplicación de todos los cambios emanados de la negociación con las Farc se alarga hasta el año 2031.

“En otras palabras, el documento desarrolla los lineamientos para operativizar el PMI del Acuerdo Final y para su articulación con la agenda de desarrollo nacional y territorial”, se lee en el Conpes. Para esto la política dibuja tres grandes líneas estratégicas y, dentro de cada una, establece caminos generales y, en algunos casos, metas específicas. Al final ofrece recomendaciones para lograr la implementación sostenida de los Acuerdos, haciendo un especial énfasis en el desarrollo rural, que, en últimas, es el espectro social más castigado por el conflicto.

¿Cómo incluir los puntos del PMI en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND)?

El documento reflexiona, con acierto, que la puesta en marcha del PMI depende de que sus puntos y metas sean incluidos y desarrollados en los PND de los próximos cuatro gobiernos (incluyendo el que irá de 2030-2034). Para esto, el Departamento Nacional de Planeación diseñará cuatro propuestas que le dirán a cada administración nacional cómo seguir hacia adelante en la implementación de los acuerdos. Esta línea estratégica también busca orientar a los mandatarios locales sobre cuáles son sus competencias y las de sus instituciones en el PMI. El DNP tendrá lista esta suerte de guía para el segundo semestre de este año. En el segundo semestre de 2019, Planeación también tendrá lista una herramienta para que los mandatarios locales puedan “orientar la formulación de sus instrumentos de planeación hacia el cumplimiento del PMI durante el horizonte de implementación del mismo”.

Participación comunitaria en el campo

Según el Conpes, la segunda línea estratégica “presenta el ejercicio participativo como hoja de ruta para la implementación de la Reforma Rural Integral en los municipios en los que se implementarán los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)”. Los PDET son uno de los elementos primordiales para cerrar la brecha en el desarrollo rural, lo que a su vez se piensa como una solución estructural a los problemas que alimentaron el conflicto. Estos se desarrollarán en 170 municipios, que representan el 36 % del territorio nacional, y en donde se calcula que una de cada tres personas es víctima de la violencia. Para la implementación de los PDET, el Conpes habla de una estrategia en la que las propuestas de proyectos vienen desde la comunidad y no desde el nivel central, regional o municipal de gobierno.

Manejo de la información, la clave

La tercera línea estratégica parece un trabajo más bien oscuro e intrincado, pero tiene una enorme importancia: se trata de armonizar y dar las pautas para que los sistemas de información del Estado reflejen los avances de los puntos y proyectos emanados de los Acuerdos, así como para hacer una trazabilidad efectiva a la evolución de las inversiones y los gastos. Hoy existe una plataforma conocida como SIIPO (Sistema Integrado de Información para el Posconflicto), que está en manos de la Alta Consejería para el Posconflicto. El Conpes establece que esta pieza clave pase, gradualmente, a manos del DNP, que debe tener su control para el primer semestre de 2019. Lo anterior se justifica porque el SIIPO debe interactuar con otras plataformas, cuatro de las cuales ya son manejadas por Planeación. Las tareas en esta línea estratégica incluyen una revisión jurídica y técnica para ajustar el DNP para esta tarea (este año) y diseñar protocolos para el tratamiento de la información que dé cuenta de cómo se están implementando los Acuerdos mediante el PMI. Además de esto, para 2019, el Departamento Administrativo de la Función Pública debe diseñar el Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo Final, que tomará la información del SIIPO para darle publicidad y transparencia al avance sobre lo acordado.

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Recomendaciones

El DNP estará a cargo de formular los lineamientos para la articulación entre el PMI y los planes de desarrollo territorial. Pero no es la única entidad con responsabilidades en este frente. El Ministerio de Hacienda será el responsable de incluir, dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo, la estimación de los montos (inversión y funcionamiento) para el financiamiento de los compromisos del acuerdo. También deberá asegurar el seguimiento periódico a estos recursos. Con respecto a los proyectos de inversión asociados a la implementación del acuerdo de paz, cada entidad tendrá la responsabilidad de identificar tales iniciativas, de acuerdo con una serie de lineamientos establecidos por el DNP y el Minhacienda, especialmente aquellos con enfoque de género y enfoque étnico. Aquí son particularmente importantes aquellos que se den en el marco de la Reforma Rural Integral, pues las entidades del Ejecutivo deberán adoptar los planes que se definan en esta política y realizar una programación anual para el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Ya está listo el documento Conpes que, en pocas palabras, establece las líneas generales para integrar los compromisos de los Acuerdos de Paz con las instituciones del Estado colombiano. Además de esto, el texto también traza los caminos para hacerles seguimiento a los proyectos y las metas de los Acuerdos.

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La implementación de éstos es un esfuerzo monumental que, para buena parte de sus efectos, quedó plasmada en el Plan Marco de Implementación (PMI), un documento en el que se trazaron 501 indicadores de cumplimiento de lo acordado. La tarea del Conpes es ver cómo insertar el PMI en el funcionamiento del Estado, así como seguirles la pista a los $129,5 billones que se estima costarán los puntos suscritos en La Habana. El horizonte de aplicación de todos los cambios emanados de la negociación con las Farc se alarga hasta el año 2031.

“En otras palabras, el documento desarrolla los lineamientos para operativizar el PMI del Acuerdo Final y para su articulación con la agenda de desarrollo nacional y territorial”, se lee en el Conpes. Para esto la política dibuja tres grandes líneas estratégicas y, dentro de cada una, establece caminos generales y, en algunos casos, metas específicas. Al final ofrece recomendaciones para lograr la implementación sostenida de los Acuerdos, haciendo un especial énfasis en el desarrollo rural, que, en últimas, es el espectro social más castigado por el conflicto.

¿Cómo incluir los puntos del PMI en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND)?

El documento reflexiona, con acierto, que la puesta en marcha del PMI depende de que sus puntos y metas sean incluidos y desarrollados en los PND de los próximos cuatro gobiernos (incluyendo el que irá de 2030-2034). Para esto, el Departamento Nacional de Planeación diseñará cuatro propuestas que le dirán a cada administración nacional cómo seguir hacia adelante en la implementación de los acuerdos. Esta línea estratégica también busca orientar a los mandatarios locales sobre cuáles son sus competencias y las de sus instituciones en el PMI. El DNP tendrá lista esta suerte de guía para el segundo semestre de este año. En el segundo semestre de 2019, Planeación también tendrá lista una herramienta para que los mandatarios locales puedan “orientar la formulación de sus instrumentos de planeación hacia el cumplimiento del PMI durante el horizonte de implementación del mismo”.

Participación comunitaria en el campo

Según el Conpes, la segunda línea estratégica “presenta el ejercicio participativo como hoja de ruta para la implementación de la Reforma Rural Integral en los municipios en los que se implementarán los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)”. Los PDET son uno de los elementos primordiales para cerrar la brecha en el desarrollo rural, lo que a su vez se piensa como una solución estructural a los problemas que alimentaron el conflicto. Estos se desarrollarán en 170 municipios, que representan el 36 % del territorio nacional, y en donde se calcula que una de cada tres personas es víctima de la violencia. Para la implementación de los PDET, el Conpes habla de una estrategia en la que las propuestas de proyectos vienen desde la comunidad y no desde el nivel central, regional o municipal de gobierno.

Manejo de la información, la clave

La tercera línea estratégica parece un trabajo más bien oscuro e intrincado, pero tiene una enorme importancia: se trata de armonizar y dar las pautas para que los sistemas de información del Estado reflejen los avances de los puntos y proyectos emanados de los Acuerdos, así como para hacer una trazabilidad efectiva a la evolución de las inversiones y los gastos. Hoy existe una plataforma conocida como SIIPO (Sistema Integrado de Información para el Posconflicto), que está en manos de la Alta Consejería para el Posconflicto. El Conpes establece que esta pieza clave pase, gradualmente, a manos del DNP, que debe tener su control para el primer semestre de 2019. Lo anterior se justifica porque el SIIPO debe interactuar con otras plataformas, cuatro de las cuales ya son manejadas por Planeación. Las tareas en esta línea estratégica incluyen una revisión jurídica y técnica para ajustar el DNP para esta tarea (este año) y diseñar protocolos para el tratamiento de la información que dé cuenta de cómo se están implementando los Acuerdos mediante el PMI. Además de esto, para 2019, el Departamento Administrativo de la Función Pública debe diseñar el Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo Final, que tomará la información del SIIPO para darle publicidad y transparencia al avance sobre lo acordado.

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El DNP estará a cargo de formular los lineamientos para la articulación entre el PMI y los planes de desarrollo territorial. Pero no es la única entidad con responsabilidades en este frente. El Ministerio de Hacienda será el responsable de incluir, dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo, la estimación de los montos (inversión y funcionamiento) para el financiamiento de los compromisos del acuerdo. También deberá asegurar el seguimiento periódico a estos recursos. Con respecto a los proyectos de inversión asociados a la implementación del acuerdo de paz, cada entidad tendrá la responsabilidad de identificar tales iniciativas, de acuerdo con una serie de lineamientos establecidos por el DNP y el Minhacienda, especialmente aquellos con enfoque de género y enfoque étnico. Aquí son particularmente importantes aquellos que se den en el marco de la Reforma Rural Integral, pues las entidades del Ejecutivo deberán adoptar los planes que se definan en esta política y realizar una programación anual para el cumplimiento de los compromisos establecidos.