En los últimos ocho años, la Jurisdicción Especial para la Paz ha producido algunas de las principales revelaciones judiciales sobre el conflicto armado colombiano. Sus investigaciones permitieron establecer que las víctimas de falsos positivos fueron muchas más de las que se conocían, documentar más de 21.000 secuestros cometidos por las extintas FARC, dimensionar el reclutamiento de al menos 18.677 niños y niñas y aportar pruebas forenses en lugares emblemáticos como Dabeiba y La Escombrera.
Estos hallazgos vuelven a tomar relevancia en medio del debate político sobre el futuro de la JEP, luego de que algunos candidatos presidenciales plantearan eliminar la jurisdicción creada por el Acuerdo de Paz de 2016.
Más allá de la discusión institucional, sus expedientes han contribuido a esclarecer hechos que durante décadas permanecieron incompletos, subregistrados o en disputa.
Estos son algunos de los hallazgos más relevantes que han dejado sus investigaciones.
La dimensión de los falsos positivos
Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la Fuerza Pública eran conocidas desde años antes de la creación de la JEP. Sin embargo, existía una discusión permanente sobre su alcance.
En 2021, la jurisdicción estableció que al menos 6.402 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. La cifra se convirtió en un punto de referencia nacional porque permitió dimensionar un fenómeno que durante años había sido minimizado o discutido públicamente.
Las investigaciones continuaron y este año la JEP estimó en abril que esa cifra ya llegaba al menos a 7.837. Además de las cifras, el tribunal ha reconstruido cómo funcionaron estos crímenes en distintas regiones del país y ha avanzado en la atribución de responsabilidades a mandos militares.
En contexto: Falsos positivos: JEP dice que no son 6.402, sino 7.837 ejecuciones extrajudiciales
“En este caso ya fueron sentenciados 12 exintegrantes del Batallón de La Popa a ocho años de trabajos restaurativos. La sentencia fue apelada y está próxima a resolverse. En total, 198 comparecientes han sido imputados en el Caso 03”, explica la JEP.
Lo que no se sabía sobre los secuestros de las FARC
El país conocía desde hace décadas que las FARC recurrieron al secuestro como mecanismo de financiación y presión política.
Las investigaciones de la JEP permitieron establecer una dimensión mucho más amplia del fenómeno. La jurisdicción documentó más de 21.000 secuestros y concluyó que la guerrilla también utilizó esta práctica para ejercer control territorial y social sobre comunidades enteras.
El proceso condujo además al reconocimiento público de responsabilidad por parte de los siete integrantes del último secretariado de las extintas FARC.
La investigación también permitió reconstruir casos emblemáticos y esclarecer dinámicas regionales que nunca habían sido analizadas de manera integral.
El alcance real del reclutamiento infantil
Durante años el reclutamiento de menores apareció en sentencias dispersas y registros parciales.
La JEP estableció que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las extintas FARC, una cifra que transformó la comprensión del fenómeno.
En contexto: Al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las Farc entre 1996-2016: JEP
“Esta cifra, establecida por la JEP en el Caso 07, permitió dimensionar la verdadera magnitud de un crimen que durante años permaneció subregistrado e invisibilizado. La investigación pasó de apenas ocho sentencias en la justicia ordinaria a un proceso en el que se ha imputado a 26 antiguos integrantes de las extintas FARC”, explica la jurisdicción.
Las investigaciones también documentaron que el reclutamiento estuvo acompañado por otras graves violaciones, entre ellas violencias sexuales, violencias reproductivas, torturas y homicidios. Por primera vez, los máximos responsables de la antigua guerrilla fueron llamados a responder por el conjunto de estos crímenes y no únicamente por la incorporación de menores a la organización.
El caso de las desaparecidas de La Escombrera
Uno de los aportes más significativos de la jurisdicción ha sido su impacto en la búsqueda de personas desaparecidas.
Las medidas cautelares adoptadas por la JEP y el trabajo coordinado con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) han permitido recuperar o exhumar 2.156 cuerpos, identificar 248 personas y realizar 157 entregas dignas a sus familias.
Entre esas búsquedas pocas simbolizan tanto la persistencia de las víctimas como la realizada en La Escombrera, en Medellín. Tras más de dos décadas de denuncias y búsquedas infructuosas por parte de las mujeres de la Comuna 13 de Medellín, los hallazgos realizados en el lugar permitieron recuperar e identificar víctimas de desaparición forzada.
El resultado no solo tuvo efectos judiciales. También confirmó públicamente una denuncia sostenida durante años por las familias de la Comuna 13 y convirtió la frase “Las cuchas tienen razón” en uno de los símbolos recientes de la memoria del conflicto colombiano.
“Además de devolver la dignidad a las familias mediante entregas correspondientes y cierres de duelos, estos resultados aportan pruebas físicas irrefutables que blindan judicialmente el Caso 08, demostrando que los crímenes de la fuerza pública y el paramilitarismo no pueden quedar sepultados bajo la tierra ni el olvido”, afirma la JEP.
En otro punto de Antioquia, en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, habitantes y familiares denunciaron durante años que podían encontrarse víctimas de desaparición forzada. Las excavaciones impulsadas por la JEP permitieron hallar cuerpos y evidencias que respaldaron esas denuncias.
El conflicto que afectó a los territorios
Las investigaciones de la JEP también han permitido reconstruir cómo la guerra afectó de manera diferenciada a distintos territorios y comunidades.
En regiones como el norte del Cauca, el sur del Valle, Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y Urabá, los procesos judiciales documentaron afectaciones específicas contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Estos casos ayudaron a demostrar que el conflicto no tuvo las mismas dinámicas en todo el país y que algunas poblaciones fueron objeto de violencias particulares relacionadas con el control territorial y la discriminación histórica.
El exterminio de la Unión Patriótica
Uno de los debates históricos más prolongados de Colombia ha sido la naturaleza de la violencia ejercida contra la Unión Patriótica.
La JEP concluyó que el ataque sistemático contra ese movimiento político constituyó un genocidio, al considerar que existió una intención deliberada de destruir a la organización.
La decisión dio un nuevo marco judicial a uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país.
Una justicia construida con las víctimas
Además de producir decisiones judiciales, la jurisdicción transformó el papel de las víctimas dentro de los procesos.
Actualmente tiene acreditadas 14.779 víctimas individuales y 424 víctimas colectivas. Sus testimonios han servido para reconstruir patrones criminales, contrastar versiones de los comparecientes y orientar las investigaciones.
En varios casos, los reconocimientos de responsabilidad por parte de exintegrantes de las Farc-EP y de la fuerza pública surgieron después de años de insistencia de las propias víctimas.
La JEP sí ha expulsado a comparecientes que no han cumplido con verdad
La jurisdicción ha expulsado a 167 comparecientes por incumplir esas condiciones. De ellos, 127 pertenecían a las extintas Farc-EP, 21 eran integrantes de la fuerza pública, 12 agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, seis terceros civiles y un compareciente de otra categoría.
Las expulsiones implican la pérdida de los beneficios otorgados por el sistema de justicia transicional y el traslado de los procesos a la justicia ordinaria. Para la JEP, estas decisiones han servido para reforzar el mensaje de que la permanencia en el sistema no es automática ni indefinida, sino que depende del cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos.
Las críticas a la JEP son conocidas y abarcan desde la lentitud de algunos procesos hasta el modelo de sanciones restaurativas que aplica la justicia transicional. Sin embargo, incluso entre quienes cuestionan su funcionamiento existe un hecho difícil de ignorar y es que varios de los más grandes hallazgos judiciales que hoy conoce Colombia sobre el conflicto armado surgieron de sus investigaciones.
Por eso, el debate sobre su eventual eliminación no solo plantea preguntas sobre el futuro de una institución. También abre interrogantes sobre qué ocurriría con los miles de comparecientes sometidos actualmente a la jurisdicción, con los procesos que siguen en curso y con una de las reconstrucciones judiciales más ambiciosas que se han hecho sobre la guerra.
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