¿Qué significa y qué viene tras la aprobación de la ley que amplía por 10 años las zonas PDET?

Varios aspectos de la población e inauguración de una carretera PDET

Foto: El Espectador - José Vargas

La decisión llegó como un mensaje simbólico. En la misma semana en que se conmemoraban los nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, el Congreso aprobó el proyecto de ley que amplía por diez años la vigencia de una de las principales apuestas de ese pacto: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pensados para transformar de fondo la vida en los 170 municipios más golpeados por la guerra.

Con esta aprobación, los PDET estarán vigentes hasta 2037. La iniciativa, liderada en el Senado por el congresista Carlos Alberto Benavides y promovida por las curules de paz, busca dar más tiempo y herramientas para consolidar los procesos de reparación, desarrollo y presencia institucional que las comunidades —las mismas que han mirado de frente a la guerra durante décadas— siguen reclamando.

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“Extender por 10 años la vigencia de los PDET y dotarlos de nuevas herramientas no es solo una decisión legislativa; es un gesto de coherencia con las regiones que han puesto el cuerpo y la esperanza en la paz”, dijo Benavides.

El representante de la curul de paz por el Catatumbo, Diógenes Quintero, también se refirió al hecho en un video que compartió en sus redes sociales. “Es una noticia maravillosa para los que venimos de las regiones. El Estado colombiano tendrá 10 años más de oportunidad para llegar a nuestros territorios a nuestros municipios con mayor inversión en vías terciarias, vías secundarias, escuelas colegios, escenarios deportivos, acueductos, alcantarillados, seguridad”.

El tiempo, sin embargo, no resuelve los temas de fondo. Aunque la ampliación es positiva —pues los PDET son parte del corazón del Acuerdo firmado con las FARC—, también pone sobre la mesa ajustes que no pueden seguir aplazándose.

Miguel Suárez, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que los PDET fueron concebidos como el principal vehículo para materializar esa transformación territorial. Sin embargo, tras nueve años de su implementación, la realidad es que alcanzar los cambios planteados ha sido difícil y advierte que no basta con extender el plazo.

“Más que pensar solo en la ampliación del tiempo, hay que repensar cuál es el referente de éxito. Se requiere un marco mucho más concreto que mida temas de conectividad, productividad, presencia plateada, seguridad, reducción de brechas, pero pues con metas mucho más cercanas y, por supuesto, diferenciadas. Extender la vigencia sin ajustar la brújula sería perder 10 años más si no lo sabemos hacer”.

¿Son viables las más de 30.000 iniciativas planteadas?

Entender los PDET no es tan difícil si se tiene en cuenta que el Acuerdo de La Habana reconoció que había muchos problemas en las regiones, pero no todos eran iguales y, por tanto, se necesitaba un enfoque territorial para resolverlos. Por eso se crearon 16 subregiones que reúnen a 170 municipios que suman al menos seis millones de habitantes, donde se ubicarían los PDET como una oportunidad para transformar, entre comunidades y Estado, esas zonas.

Para saber qué requerían cada uno de esos territorios PDET se hizo un trabajo de consulta con las comunidades -más o menos 12.000 juntas de acción comunal veredales participaron del proceso- para conocer cuáles eran las necesidades prioritarias y convertirlas en iniciativas, y luego en proyectos de la región. El mecanismo para implementar todas esas iniciativas son los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR), que deben ser reajustados cada cinco años. Este año también debe haber actualización.

De todo ese proceso salieron 33.007 iniciativas para los territorios PDET, un ejercicio colectivo, pero ambicioso.

Tras nueve años de la firma del Acuerdo de 2026, las preguntas sobre la necesidad y posibilidad de cumplir con lo propuesto vuelven a quedar sobre la mesa.

“La traducción de estas iniciativas en proyectos viables sigue siendo un desafío. La ausencia de planes nacionales sectoriales desde el inicio del proceso es otro desafío. También lo que ha surgido a raíz de estas iniciativas PDET incluso con los gobiernos que le siguieron a la firma del Acuerdo tiene que ver con una cierta tensión entre o la necesidad de buscar un equilibrio entre lo participativo y lo técnico”, explica Suárez.

El ejemplo de esa tensión–añade el investigador de la FIP– se ve en el contraste entre los dos últimos gobiernos. Durante la administración de Iván Duque, la Agencia de Renovación del Territorio, encargada de poner en marcha los PDET, privilegió un enfoque más técnico, pero con poca participación comunitaria. En el gobierno de Gustavo Petro ocurre lo contrario: se ha impulsado con fuerza la participación, aunque no siempre acompañada del mismo rigor técnico.

A eso se suma un reto más, que hace un llamado a priorizar y es el de la financiación. Para costear esas iniciativas la ART ha explicado que se necesitan entre los 30 y los 50 billones de pesos.

“Hoy el mismo director de la ART dice que se requiere no solo mucho más tiempo sino mucho más dinero porque el Estado colombiano no tiene la capacidad para poder cumplir con la totalidad de las iniciativas y que nos tardaríamos de menos 15 o 20 años más para podernos acercar siquiera a la meta”, advierte Suárez.

El cumplimiento de esa meta necesita, además, que la agenda se estandarice según lo pactado en el Acuerdo de Paz. “Cada gobierno llega con un instrumento nuevo (...) En el caso del Gobierno Petro, por ejemplo, en buena parte de las zona PDET ha creado figuras como los pactos territoriales, las maquetas de paz”. Eso, en términos de instrumentos de planeación del territorio -explica el investigador de la FIP- termina siendo confuso.

Los riesgos de ampliar los 170 municipios PDET

En marzo pasado, durante el segundo debate de la ley que hoy extiende por diez años la vigencia de los PDET, el congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid propuso modificar y ampliar el listado de municipios que hacen parte de estos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

En contexto: Polémica por proposición del Centro Democrático que quiere modificar lista de municipios PDET

La idea fue polémica. Juanita Goebertus, excongresista de Colombia, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, expresó sus preocupaciones sobre la idea en ese momento.

“Esta proposición acaba de ser aprobada en la plenaria de la Cámara en 2do debate. Abrir el listado de municipios PDET diluye los pocos recursos para reducir la pobreza rural. Si el Senado no corrige, sepultarán un pilar fundamental del Acuerdo de Paz”, dijo en su cuenta de X (antes Twitter).

Aunque el texto que quedó aprobado este 26 de noviembre en el Senado dice que la ampliación no será posible sin una previa evaluación de una comisión un año después de que se expida este ajuste de la ley, la idea todavía se contempla y las preocupaciones persisten.

Ampliar el número de municipios, explica Suárez, podría dispersar los recursos y hacer más difícil lograr cambios reales, aunque reconoce que hay otras zonas con necesidades urgentes.

La salida que ve es otra: definir criterios claros de éxito y “graduar” a los municipios que vayan cumpliendo ciertos objetivos. Es decir, cuando un municipio alcance esos hitos, podría salir del listado y dar paso a otro que lo necesite para mantener los 170 municipios, sin perder la concentración de recursos que requieren los PDET para avanzar.

De lo contrario, la meta tendría que desplazarse aún más allá de 2037. La prórroga abre una oportunidad, pero no basta por sí sola: el reto ahora es ordenar las más de 30.000 iniciativas, definir qué significa realmente avanzar y evitar que nuevos instrumentos que introduzca un próximo Gobierno sigan dispersando la ruta.

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