Colombia + 20

23 Aug 2022 - 3:44 p. m.

La comunidad negra del Guaviare que no existe para el Estado

En el municipio de Calamar, 65 familias afro llevan casi diez años pidiéndole al Estado que reconozca que son víctimas colectivas de la guerra, que son consejo comunitario y que son dueños de su tierra. El proceso ha permanecido en los anaqueles de varias entidades nacionales.
Silvia Corredor Rodríguez

Silvia Corredor Rodríguez

Redactora Colombia +20
Laureano Narciso Moreno es del Valle del Cauca y llegó a mediados de los años 70 al Guaviare. Es uno de los líderes más visibles del único Consejo Comunitario de Calamar, que lleva su nombre.
Laureano Narciso Moreno es del Valle del Cauca y llegó a mediados de los años 70 al Guaviare. Es uno de los líderes más visibles del único Consejo Comunitario de Calamar, que lleva su nombre.
Foto: Heinner Rodríguez

Puerto Gaviotas es una vereda de Calamar (Guaviare) a orillas del río Unilla que está a 10 kilómetros del casco urbano del municipio y a la que se puede llegar en moto, carro o chalupa. Allí viven cerca de 65 familias colonas negras que nombraron la vereda en honor a su tierra. “La mayoría de la gente que vive aquí es de la costa del Pacífico y, como a esa costa la baña el litoral donde siempre hay muchas gaviotas, decidimos nombrar la vereda así”, recuerda Laureano Narciso Moreno.

Laureano, de unos 83 años, tiene una voz suave que proyecta sabiduría. Es uno de los líderes más importantes de la vereda, por lo que en 2013 la comunidad decidió darle su nombre a la organización con la que pretendían establecerse como consejo comunitario, el único de Calamar. Desde entonces, el Consejo Comunitario Laureano Narciso Moreno inició un proceso ante el Ministerio del Interior para quedar formalmente inscrito bajo esa figura que en 1993 reconoció a las comunidades negras y su derecho a la propiedad colectiva sobre las tierras que ocupaban. Pero, según denuncian los líderes, las trabas administrativas no han permitido finalizar este proceso.

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“Llevamos nueve años como Consejo Comunitario pero no tenemos tierra, ni siquiera estamos inscritos en el Ministerio del Interior. Ese ha sido el “tejemaneje” con los gobiernos. Uno va al Ministerio para que lo inscriban y preguntan que dónde está la tierra. Luego vamos a la Agencia Nacional de Tierras y nos preguntan que dónde está el registro del Ministerio del Interior”, le contó Laureano Narciso Moreno a Colombia +20.

La Corporación de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (Cesycme) es un espacio de investigación en ciencias sociales y desde el año 2015 ha estado trabajando con la comunidad de Puerto Gaviotas en un proyecto de reconstrucción de memoria, fortalecimiento comunitario y acompañamiento sociojurídico.

En entrevista con Colombia +20, la Cesycme explicó las razones que ha identificado para las demoras de la inscripción de este consejo comunitario ante el MinInterior. “Hay unas zonas estratégicas en Colombia donde se ubican las personas afro. ¿Cuál es el problema con el consejo comunitario? Que ellos están ubicados en la mitad de la selva. Pero uno se pregunta si de verdad les quita su calidad de personas afro el hecho de estar en medio del Guaviare. La idea de que se reconozcan como consejo comunitario, precisamente, es reconocer que hay unas identidades afro en el Guaviare que tienen que ser tenidas en cuenta”.

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Las demoras en este proceso son vistas por esta Corporación como una negación de la identidad de esta comunidad afro, que además es víctima de desplazamiento forzado y que ha vivido revictimización en estos años del proceso. Colombia +20 consultó al Ministerio del Interior cuáles fueron las razones para negar la inscripción del Consejo Comunitario Laureano Narciso Moreno y en qué va el proceso con esta comunidad de Calamar pero no recibió respuesta.

Más de diez años luchando por la tierra

Los primeros colonos de la comunidad afro se asentaron en 1972 y fundaron la vereda Puerto Gaviotas. Uno de sus fundadores y líderes fue el señor Atilano Moreno, quien fue asesinado a manos de la Fuerza Pública el 17 de julio del 2002 en la vía hacia el municipio de Calamar.

Según el informe ‘Un Vuelo sin Retorno’ de la Cesycme entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a inicios de este año, la muerte de este líder se convirtió en uno de los principales hitos en la historia de la comunidad de Puerto Gaviotas que tuvieron que salir desplazados masivamente por estos hechos.

En ese informe en el que se describen las afectaciones por parte de la Fuerza Pública y el paramilitarismo en Calamar, Guaviare y el Núcleo Veredal del Guayabero del municipio de Puerto Concordia (Meta) entre 1990 y 2010, la Cesycme documentó que cerca de 200 personas salieron desplazadas de Calamar entre los años 2002 y 2010, identificado como el periodo más violento para las comunidades.

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En 2010, cuando la comunidad comenzó a retornar al Guaviare y a la vereda, en Puerto Gaviotas iniciaron un proceso para ser reconocidos como víctimas, acceder a la reparación integral y comenzar a organizarse territorialmente. Para ello, uno de los primeros pasos fue comenzar la solicitud de titulación de tierras ante el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Después de cinco años de solicitudes por parte de la comunidad de Puerto Gaviotas y respuestas solicitando más documentación por parte del Incoder, en 2016 tuvieron que acudir a la Agencia Nacional de Tierras para continuar con el proceso, momento en el que se enteraron que la solicitud inicial de 2013 no había sido radicada.

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“En el año 2016 el Consejo le dice a la Agencia Nacional de Tierras que le expida un certificado sobre el proceso de adquisición de tierras que ellos están adelantando para ser reconocidos como consejo comunitario ante el Ministerio del Interior. La Agencia Nacional de Tierras les dice que no hay una solicitud de titulación colectiva, que solamente hay una solicitud de compra de unos predios y que se estaba haciendo un avalúo comercial”, explicó Cesycme.

Colombia +20 le consultó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por las demoras en atender esa solicitud y el estado actual del proceso. Según la respuesta de la entidad, el registro de la solicitud de titulación colectiva por parte del consejo comunitario es del 24 de abril de 2018. “Se trata de una comunidad que carece de tierra baldía o propia para la titulación del Consejo motivo por el cual fueron postulados varios predios a su favor para la adquisición directa”, respondió la entidad vía correo electrónico.

Según explicó la agencia, la Dirección de Asuntos Étnicos adquirió en enero de 2022 el predio ‘El Recuerdo’, de 135 hectáreas, y lo entregó a la comunidad, pendiente de formalizar la titulación colectiva. “Es preciso señalar que dicha solicitud de formalización se encuentra priorizada en el plan de atención a cargo de la Subdirección de Asuntos Étnicos para la vigencia 2022″.

Sin embargo, la ANT aseguró que el Consejo Comunitario ofertó los predios Villa Rocío, El Porvenir y Heliconias, este último ubicado en zona de reserva campesina, para sumarlo a las 135 hectáreas ya entregadas. El proceso de adquisición de estos precios aún no ha finalizado y según la ANT, el Consejo Comunitario desea iniciar el proceso de titulación colectiva cuando los tres predios mencionadas anteriormente sean entregados también, al considerar que el predio adquirido no era suficiente para el total de la comunidad.

Para Laureano Narciso Moreno el problema de la tierra que tiene el Consejo Comunitario se puede solucionar con la llegada del nuevo gobierno, que ha manifestado un compromiso con la distribución de la tierra y el reconocimiento de los pueblos étnicos. Manifestó estar esperanzado en que las cosas cambiarán y seguirá exigiendo el cumplimiento de sus derechos y el de su comunidad.

“El electo presidente está diciendo que su función está en reactivar el campo y si es así, pues ahí me va a tener a mí como una piedra en el zapato. La función de los Consejos Comunitarios y su desarrollo está más que todo en el campo, esperamos que sea así. Si no podemos llegarle al mismo Petro, para que nos cumpla, le llegamos a Francia Márquez que ella viene también de una zona vulnerable, como nosotros, para pedir tierra para trabajar, no plata”, resaltó en entrevista con Colombia +20.

La inscripción como víctimas colectivas: una lucha de nunca acabar

El conflicto armado en la vereda Puerto Gaviotas afectó a su comunidad desde la estigmatización, los desplazamientos y los asesinatos de sus integrantes. “La violencia nos pegó duro, nos mataron 26 personas en Puerto Gaviotas. Vivimos estigmatización porque éramos del Guaviare y de Calamar, cayó mucha gente en distintas partes de la geografía del país. Mataron gente por el solo hecho de saber que venían de Gaviotas o de Calamar o del Guaviare, en Cali, en Tolú, en el Meta, en muchas partes”, recordó el líder.

En el año 2017 el Consejo Comunitario inició un proceso de demanda colectiva ante la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas por los impactos a causa del conflicto armado en el territorio. Algunos de esos hechos los mencionó Laureano Narciso Moreno en entrevista con Colombia +20:

“Cuando construimos la demanda, agregamos el caso del primer muerto que hubo que se llamaba Jesús Moreno que lo mató el Ejército cuando estaba en una hamaca leyendo una revista. También hay un caso insólito de una señora que supuestamente a ella la cogió la guerrilla y se la llevó. Ella regresó pero nunca supimos qué había pasado; sin embargo, ella hizo su declaración, la metió en un sobre, la selló y se la entregó a la doctora Rocío. Ella la recibió y la metió el paquete de la demanda colectiva, ni ella lo abrió porque eso iba para la Unidad de Víctimas. Toda esa información iba ahí, son casos insólitos por los que tenía que haberse pronunciado esta entidad pero no lo hizo”.

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Como los hechos narrados e incorporados en la demanda ocurrieron antes de 2013, año en que se conformó el Consejo Comunitario, la Unidad de Víctimas les envió una resolución negándoles la inscripción y no reconociendo la demanda colectiva. “Según la resolución no es posible determinar la existencia de un asentamiento de población negra en Puerto Gaviotas, tampoco eventos de desplazamientos masivos en Calamar, ni afectaciones a la población por parte de la Fuerza Pública”, explicó Cesycme.

Colombia +20 accedió a la respuesta que la Unidad de Víctimas le envió a esta comunidad el 30 de enero de 2017 en la que afirmó que no fue posible determinar que los hechos narrados por el Consejo Comunitario “se hayan dado en ocasión del conflicto armado interno” ni tampoco determinar que las afectaciones fueron cometidas por la Fuerza Pública.

Un año más tarde, el líder interpuso dos recursos de apelación a esta decisión ante la Unidad de Víctimas pero aún no ha recibido respuesta. Colombia +20 contactó a esta entidad para conocer el estado actual de esa solicitud, pero la respuesta fue que era información confidencial que solo puede ser entregada al Consejo Comunitario.

Sin embargo, en medio de este proceso, en 2015 junto al profesor Eleazar Copete iniciaron la construcción de una reseña histórica de lo que han vivido como Consejo Comunitario en este territorio. “La reseña histórica va desde el año 72 cuando llegaron los primeros colonos y nos quedamos en el año 97. Recibimos apoyo de la Universidad Javeriana y una parte de ella está consignada en el libro El vuelo de las gaviotas publicado por la Javeriana y el Centro Nacional de Memoria Histórica. En este proceso hemos trabajado muy bonito pero no hemos sacado ninguna ventaja todavía, pero con el cambio de gobierno vamos a ver qué pasa”, comentó el líder.

La comunidad negra de Puerto Gaviotas continúa su lucha por ser reconocidos como Consejo Comunitario, víctimas colectivas y recibir las tierras requeridas para los dos procesos anteriores. La Cesycme sigue apoyándoles jurídicamente, produciendo informes y entregando insumos a instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz para generar una mayor incidencia en la toma de decisiones para dar solución a estos procesos del consejo comunitario.

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