11 May 2022 - 4:19 p. m.

Los daños que hizo la alianza de Fuerza Pública y ‘paras’ en Meta y Guaviare

La lucha contra uno de los corredores más estratégicos de la guerrilla de las Farc implicó la fuerte presencia de las Fuerzas Militares y el paramilitarismo y, por tanto, serias afectaciones a la población. Así lo concluye un informe entregado a la JEP que enfatiza en la necesidad de abrir un macrocaso sobre desplazamiento forzado en la subregión del Guayabero y Calamar.
Silvia Corredor Rodríguez

Silvia Corredor Rodríguez

Redactora Colombia +20
A orillas del río Guayabero se ubican comunidades del Meta, Guaviare y Vichada.
A orillas del río Guayabero se ubican comunidades del Meta, Guaviare y Vichada.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La subregión del Guayabero (Meta) y Calamar-Puerto Gaviotas (Guaviare), en el suroccidente de Colombia, estuvieron fuertemente afectadas por el conflicto armado en Colombia. Por años estuvieron bajo el control territorial de las Farc y fue el lugar donde el negocio del narcotráfico penetró con más fuerza las dinámicas de la guerrilla. Además, junto a los departamentos de Caquetá y Putumayo conformaron la “retaguardia estratégica de la guerrilla”, es decir, la zona de seguridad económica y escape en caso de combate.

“El Meta y el Guaviare cumplen una función muy particular y es poder tener la visión de toda la Orinoquía y la entrada a la Amazonía, lo que a su vez implica la frontera con Brasil, abajo con Ecuador e incluso, la frontera con Venezuela, y la entrada a la región Andina”, detalló uno de los investigadores de la Corporación de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (Cesycme), entidad que este año presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe ‘Un Vuelo sin Retorno’, en el que se describen las afectaciones por parte de la Fuerza Pública y el paramilitarismo a población en Calamar, Guaviare y en el Núcleo Veredal del Guayabero del municipio de Puerto Concordia, Meta, entre 1990 y 2010.

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Su importancia geográfica para los grupos armados ilegales en esa lógica de guerra, significó afectaciones serias para las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas asentadas allí, especialmente por la arremetida de la Fuerza Pública y los paramilitares contra estos territorios dominados por las Farc. “Son regiones que se querían deshabitar totalmente por la presencia de la guerrilla, de cultivos de uso ilícito y sobre todo porque son regiones donde el Estado ha tenido poca presencia. Al ser periferia es vista solo como despensa de recursos naturales que resultan con bonanzas económicas”, señaló el investigador, quien pidió el anonimato dadas las difíciles condiciones de seguridad en ese territorio.

Una de las principales intenciones del informe, dice el investigador, fue identificar los daños y las afectaciones que generan el desplazamiento forzado, la lucha contrainsurgente y contra las drogas en estos territorios, al igual que los impactos y la magnitud de lo que estos hechos de violencia generaron en las comunidades.

“Con el desplazamiento nos vimos afectados varios y queremos que nos digan por qué lo hicieron, queremos saber la verdad, por qué nos discriminan de esa forma, por qué nos atacan, por qué nos persiguen, que nos hagan un reconocimiento como víctimas”, dijo a Colombia+20 uno de los habitantes del Guayabero sobre sus expectativas con el informe y la llegada del documento a la JEP.

Justamente a inicios de este año, esa jurisdicción especial mencionó la posibilidad de priorizar la región del Ariari que comprende el Guayabero (Sur del Meta) y el Guaviare dentro de uno de los tres posibles nuevos macrocasos denominado ‘Crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos de paramilitares y terceros civiles. Esta decisión abrió una ventana de posibilidad para las comunidades que buscan reparación de las victimizaciones que han vivido en sus territorios y la entrega de insumos claves para la apertura de un macrocaso sobre desplazamiento forzado en esta región.

“Los daños a las prácticas y el relacionamiento cotidiano hace referencia a las prácticas que los habitantes actuales dejaron de realizar por consecuencia de la ausencia y desplazamiento de más del 80% de la población que habitaba en ambos territorios”

Informe ‘Un Vuelo sin Retorno’

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Se estima que alrededor de 1.000 personas fueron desplazadas de Calamar y el Guayabero entre 1990 y 2010 aunque exista un subregistro de ello por el miedo a denunciar. “Por eso la necesidad de abrir un macrocaso de desplazamiento forzado en la Orinoquía porque seguramente permitirá posicionar todo lo que sucedió allí y encontrar responsables”, afirmó un investigador de la Cesycme.

“La gente le dio miedo ver caer muchos inocentes, que tuviéramos que enterrar a mucha gente, los bombardeos… porque uno quiere preservar la vida y la familia, y por ellos uno dice “yo me voy” pero muchos se fueron y hasta el sol de hoy no han regresado”, recordó una habitante de la región del Guayabero, quien retornó al territorio a los meses de haber sido desplazada.

Este informe es producto de un trabajo de más de cinco años en el territorio realizado por la Cesycme con las Juntas de Acción Comunal, los Consejos Comunitarios y organizaciones de mujeres y negritudes. La investigación contó con la participación directa de investigadores locales que integran las doce organizaciones que colaboraron en la elaboración del documento. En este mapa puede conocer cuáles son:

En 20 años se desplazó el 80% de la población en el sur del Meta y el Guaviare

El desplazamiento en esta parte del país no se puede entender por fuera de la bonanza cocalera, los procesos de colonización que vivió la Orinoquía colombiana y la delimitación del territorio que integra el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena, donde las antiguas Farc tuvieron un fuerte control. “Los procesos de desplazamiento forzado masivos que incluyen fuertes violaciones a los derechos humanos a partir de la fumigación, las detenciones arbitrarias, la quema de bienes civiles y por tanto, el desplazamiento de alrededor de 800 campesinos de la región del Guayabero que no han podido retornar a la región”, afirmó la Cesycme en el informe.

El dominio de este territorio por parte de la guerrilla generó un fuerte estigma sobre estos territorios que fueron conocidos como “zonas rojas” y donde la población que vivía allí fue llamada “colaboradores de las Farc” o “guerrilleros”. Una de las habitantes de la región le comentó a Colombia +20 cómo esto sigue operando en contra de ellos: “Todavía nos criminalizan por el hecho de vivir en territorio de zona roja donde ha vivido la guerrilla, pero una cosa no se puede confundir con la otra porque la guerrilla es la guerrilla y los campesinos somos los campesinos. El Estado a veces no mira eso y nos atropella y vulnera nuestros derechos”. Otra habitante agregó lo siguiente: “No tenemos armas políticas ni judiciales, ni nada de eso para defendernos, pero sí nos hemos estado organizando para hacerle el pare a la fuerza pública para que nos den nuestro lugar en el territorio”.

Esta situación que acarreó desplazamiento, señalamientos, amenazas y ataques a la población civil también tuvo daños que para muchos son irreparables o que costaron muchos años, como la reorganización comunal y el trabajo en equipo. “Los daños a las prácticas y el relacionamiento cotidiano hace referencia a las prácticas que los habitantes actuales dejaron de realizar por consecuencia de la ausencia y desplazamiento de más del 80% de la población que habitaba en ambos territorios”, se lee en el informe.

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Los investigadores de la Cesycme concluyeron que la lucha contra la guerrilla implicó la fuerte presencia de las fuerzas militares y el paramilitarismo, lo que a su vez generó una parálisis en las organizaciones sociales de base y confinamiento posterior al desplazamiento forzado. Un caso que ejemplifica esto es el asesinato del líder Atilano Moreno, por parte de la Fuerza Pública, el 17 de julio de 2002 en la vía que conduce de La Argelia a Calamar. Moreno además de ser líder también fue el fundador de la vereda Puerto Gaviotas en Calamar (Guaviare).

“La muerte de Atilano Moreno se configura como uno de los principales hitos a partir de los cuales se va a presentar el desplazamiento masivo de personas, tanto por la gravedad de los hechos asociados a su muerte que evidencian un accionar desmedido e inescrupuloso por parte del Ejército, el cual suscitó el temor en los miembros de la comunidad, como por la pérdida de un líder y fundador que tenía un rol muy importante en el tejido social”, señalaron los investigadores en el informe.

De acuerdo con el informe, el desplazamiento forzado aparece como el hecho de violencia con más registros en las dos subregiones, dejando un total de 600 personas en el Guayabero y 200 en Calamar. Entre el 2002 y 2010 fue enfatizado por la población como el periodo más violento porque en esos años se presentaron la mayoría de los casos.

El impacto de las olas de desplazamiento que se vivieron en el sur del Meta y en el norte del Guaviare arrojó a la Cesycme la identificación de rutas de despojo y desplazamiento forzado que atraviesan prácticamente los dos departamentos. “Se construyeron unas rutas de despojo y desplazamiento forzado muy organizadas desde la parte norte o central del Meta que va desde San Martín hasta toda la región del Guayabero, llegando a Puerto Concordia y en San José del Guaviare, bajando hasta El Retorno, Calamar y Miraflores”, señaló uno de sus investigadores.

Una particularidad en Calamar (Guaviare) es que su territorio está habitado mayoritariamente por población afrodescendiente desplazada de diferentes partes del país, que al llegar a ese territorio se convirtieron en líderes que trabajaban por las mejoras de sus veredas y la búsqueda de proyectos productivos. Sin embargo, el informe afirma que esos liderazgos fueron perseguidos y victimizados a través de prácticas racistas.

“La muerte de Atilano Moreno se configura como uno de los principales hitos a partir de los cuales se va a presentar el desplazamiento masivo de personas por la gravedad de los hechos asociados a su muerte que evidencian un accionar desmedido e inescrupuloso por parte del Ejército”

Informe 'Vuelo sin retorno'

“Todo ese desarrollo fue truncado, todo el proyecto de vida afro en el territorio amazónico fue atacado de una forma planeada por parte del Ejército que no quería ni deseaba que estuviesen habitando afros en ese territorio de esa manera porque no se quería reconocer que no solo era habitado por gente que raspaba coca sino que había una construcción de comunidad, de pueblo en este lugar”, contó la investigadora que hizo el hallazgo tras un proceso de investigación de más de cuatro años.

Esta situación no solo la padecieron las comunidades afrodescendientes, sino también las campesinas, especialmente las cocaleras, quienes terminaron en el cultivo y procesamiento de la hoja de coca por el abandono estatal y el fuerte control de grupos armados ilegales. “Pudimos encontrar que entre el 2002 y el 2008 también se ubican unos picos de violencia muy grandes. Uno podría atreverse a decir que en toda la Orinoquía, como parte de una lucha contrainsurgente, resultó convertido el campesino en un enemigo interno, pero sobre todo el campesino cocalero. No hubo principios de distinción entre agentes armados ilegales o insurgentes y el campesinado y gente de las organizaciones sociales”, resaltó uno de los investigadores.

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La búsqueda de reparación después del desplazamiento

“La expectativa más grande que nosotros tenemos es que se haga un reconocimiento como víctimas del conflicto armado a todos los campesinos que nos tocó vivir toda esa ola de violencia en este tiempo y que miren nuestro territorio como un territorio de paz, de campesinos vulnerables que lo único que queremos es trabajar”, expresó una de las habitantes.

El 18 de marzo de este año, algunas organizaciones del Guayabero y Calamar que participaron en la elaboración del informe le entregaron a la magistrada Catalina Díaz de la JEP el documento con el fin de buscar mayor incidencia y visibilidad de sus casos.

Una de las propuestas de restauración realizadas por las organizaciones es el reconocimiento como víctimas colectivas dentro de la Unidad de Víctimas para dar inicio a procesos de reparación en titulación de tierras y garantías de no repetición. “Al día de hoy están reconocidos ante el Ministerio del Interior como consejo comunitario, al igual que en la Alcaldía de Calamar, pero la Unidad de Víctimas no lo reconoce como tal para brindar la titulación colectiva de la tierra de la que ellos fueron desplazados”, explicó una investigadora de la Cesycme. Otra de las peticiones fue la creación de proyectos productivos enfocados al agro para que las comunidades puedan regresar a sus territorios y mejorar sus condiciones económicas que fueron arrebatadas con el desplazamiento.

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El 6 y 8 de mayo pasado, la Cesycme junto a la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes), quienes financiaron el informe, viajaron hasta el Guayabero y Calamar para entregar el informe a las comunidades. “Hicimos unas cartillas pedagógicas que buscaban situar los hallazgos principales de la investigación para que fueran en un lenguaje más común y sencillo para que fuese de mayor alcance y sobre todo, para desarrollar un trabajo en los colegios”, le explicó a Colombia +20 una de las investigadoras.

En el caso del Guayabero, la cartilla se enfatizó en las estrategias de restauración y mitigación de las afectaciones ambientales al Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena donde habitan gran parte de los pobladores del Guayabero, mencionó una investigadora de Cesycme. “Las estrategias de restauración están principalmente relacionadas con la necesidad que tienen los campesinos de que se re-delimite el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena debido a que en este momento hay 300 familias a las que quieren desplazar de este parque”, agregó.

Las comunidades resaltaron que estas peticiones se realizaron en el marco de un contexto de violencia y persecución que aún persiste en sus territorios contra el campesinado. Sin embargo, encuentran en la visibilidad de sus vivencias la posibilidad de que la institucionalidad gire su mirada e intervención social hacia sus territorios.

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