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La Corte Constitucional lanzó un fuerte llamado de atención a la Unidad para las Víctimas y le dio un plazo de cinco días para explicar por qué, en plena vigencia de 2026, el sistema de entrega de giros de ayudas y atención humanitarias a población desplazada estaría fallando a nivel nacional afectando el mínimo vital de miles de personas.
El plazo de cinco días también cobija al Ministerio de Hacienda que debe responder en el mismo plazo si existen problemas de recursos o de flujo de caja detrás de la crisis.
Los giros de atención humanitaria son transferencias de dinero que el Estado entrega a personas víctimas de desplazamiento forzado para cubrir necesidades básicas.
Las decisiones de la Corte se desprenden de un auto de seguimiento a la histórica sentencia T-025 de 2004 conocido por Colombia+20 donde el alto tribunal advirtió problemas en la operación de los giros de atención humanitaria, una de las principales herramientas del Estado para asistir a quienes han sido desplazados por la violencia.
El auto afirma que tuvo conocimiento de la tutela impuesta por la Defensoría del Pueblo por las preocupaciones sobre la continuidad y entrega efectiva de la atención humanitaria durante la vigencia 2026.
“La Sala tuvo conocimiento de la acción de tutela promovida por la Defensoría del Pueblo que relata que, en agosto y octubre de 2025, esa entidad solicitó a la Unidad para las Víctimas información específica sobre las acciones administrativas, presupuestales y operativas previstas para garantizar la entrega oportuna, continua y suficiente de la atención humanitaria en 2026, especialmente frente a las restricciones derivadas de la Ley 996 de 2005, y que las respuestas ofrecidas por la entidad se limitaron a referencias generales sobre vigencias futuras y disponibilidad de personal, sin concretar un plan verificable para asegurar dicha continuidad”, dice el alto de la Corte.
Sin embargo, según la Corte, las respuestas de la Unidad a esa tutela se limitaron a generalidades y no presentaron un plan verificable.
La Ley 996 de 2005 es también conocida como la ley de garantías electorales que restringe la contratación directa por parte de entidades públicas durante los cuatro meses anteriores a elecciones presidenciales.
Ese punto no es menor. Desde enero pasado, Colombia+20 publicó varias investigaciones sobre denuncias contra los congresistas Jairo Castellanos y Gustavo Moreno por presuntas presiones políticas que coincidían con un aumento inusual de contratos en la Unidad de Víctimas que se estarían financiando con recursos de la reparación a las víctimas.
Exfuncionarios y funcionarios de la Unidad entrevistados entonces por este diario afirmaron que desde julio del 2025 se ha registrado un aumento sustancial de contratos, con picos particularmente altos en el último mes, justo cuando se acercaba la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por las elecciones.
Según constató este diario en ese momento y tras consultas al Secop II y con fuentes cercanas a la contratación de la entidad, solo en los primeros 21 días de enero se vincularon 442 personas por contratos de prestación de servicios -455 registros aparecen en el sistema, aunque algunos están duplicados-, una cifra que fuentes internas consideran atípica para ese momento del año. En total, hubo 3.000 contratos antes de la Ley de Garantías en esa entidad.
Los problemas de incumplimiento de entidad
En el auto, la Corte advierte que desde enero de 2026 no se habrían garantizado los giros en el país y se afirma que la propia Unidad de Víctimas reconoció problemas derivados del incumplimiento del operador contratado.
El dato más crítico refleja la dimensión de la falla. Según la Unidad, de cerca de 1.100 puntos de pago previstos, apenas 41 estaban en funcionamiento.
“(La Unidad de Víctimas) reconoció inconvenientes nacionales en la entrega de giros de atención humanitaria por incumplimientos del operador contratado. La Unidad también indicó que desde enero de 2026, no se habían garantizado esos giros en el territorio nacional y que solo estaban en funcionamiento 41 puntos de entre aproximadamente 1.100 que deberían estar disponibles para su dispersión. En ese contexto, la Sala estima necesario requerir información detallada y actualizada que permita establecer el alcance de esas fallas, sus causas y las medidas adoptadas para superarla”, dice el auto.
La Corte insiste en que no basta con que existan recursos o esquemas de pago en el papel. La obligación se cumple únicamente cuando las ayudas llegan realmente a las personas desplazadas, en condiciones de acceso y oportunidad.
“Cuando la entrega de la atención humanitaria se materializa mediante mecanismos de dispersión monetaria, la obligación estatal no se agota en la existencia formal de un esquema de pago o en la sola disposición abstracta de recursos. También exige que las autoridades competentes adopten las decisiones necesarias para que los recursos puedan ser efectivamente colocados y cobrados por sus destinatarios, en condiciones razonables de cobertura, oportunidad, accesibilidad y funcionamiento”, explica en el auto.
El tribunal dice que el problema podría no reducir a un contratista u operador que falló y le pide al Unidad que muestre si diseñó e implementó un esquema sin comprobar que podía operar en condiciones reales. Por es, la Corte exige a la Unidad -en ese plazo de cinco días- un informe detallado sobre cómo se evaluó la capacidad del operador, cuál es la cobertura efectiva de la red de pagos, qué tan lejos están los giros de convertirse en dinero efectivamente cobrado por las víctimas y qué medidas se han tomado para corregir las fallas.
La Corte también le pide explicaciones al Ministerio de Hacienda “sobre la apropiación, programación y giro de los recursos en 2025 y 2026”. En su auto el tribunal dice que con esto se busca establecer “si las presuntas irregularidades en la colocación o entrega de los giros obedecen exclusivamente a problemas operativos, o si también pudieron verse incididas por restricciones, rezagos, insuficiencias o demoras en la programación y disposición efectiva de caja”, se indica.
El dato que pide la Corte al Ministerio de Hacienda sobre los recursos girados en la vigencia 2025 tienen relevancia si se tiene en cuenta que fue ese año donde se presentaron los ataques del ELN y posteriores combates con el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente en Catatumbo que provocaron la que es considerada la mayor crisis humanitaria en Colombia de los últimos 20 años.
Ese hecho llevó a que el presidente Gustavo Petro declarara la conmoción interior en la región del Catatumbo lo que le dio facultades extraordinarias para agilizar la atención humanitaria para la población desplazada y afectada por los enfrentamientos.
Un paquete de decretos -la mayoría de los cuales fueron tumbados después por la misma Corte Constitucional- fueron emitidos por el Gobierno para gestionar dineros o hacer traslados de presupuesto para atender esa emergencia. De acuerdo con la Presidencia, en 2025 la Unidad de Víctimas gestionó más de 53 mil millones para atender la región de Catatumbo.
“Durante ese año, la entidad movilizó 15.000 millones de pesos en apoyo subsidiario de ayuda humanitaria inmediata, beneficiando de manera directa a 9.205 hogares, equivalentes a 30.873 personas de la región”, dijo Presidencia en un comunicado fechada el pasado 6 de enero.
La Corte pide que la información entregada por la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Hacienda deberá ser remitida a la Procuraduría y a la Contraloría, que evaluarán si hay lugar a investigaciones disciplinarias o fiscales.
Gobierno Petro completa tres meses sin nombrar director en propiedad en Unidad de Víctimas
Todo este panorama se da en medio de la interinidad que vive la Unidad de Víctimas que lleva tres meses con directora encargada. Como lo contó Colombia+20 este martes, el Gobierno aún no oficializa quién será el o la persona que oficialmente asumirá ese cargo.
Desde el pasado 27 de enero, el Ejecutivo nombró como directora encargada a Alix Dunieka Aguilar tras la salida de Adith Romero.
Su nombramiento en encargo no ha estado exento de polémica por los supuestos vínculos que unen a Aguilar con Romero.
“Fue su mentor político. Y ella también hizo parte de la alcaldía de Barrancabermeja cuando estuvo Alfonso Eljach”, le dijo a este diario en enero pasado una fuente que pidió reserva.
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