A raíz de la crisis humanitaria que azota al Catatumbo desde hace más de un mes, y en el marco de la declaratoria de estado de conmoción, el Gobierno dejó en firme las medidas que el Ministerio de Salud aplicará en la región para atender a familias durante su tránsito hacia economías lícitas, a través de la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Se trata del decreto 0180 con fecha del 14 de febrero de 2025, basado en la declaración de conmoción interior, en el que quedaron establecidas las estrategias que se pondrán en marcha específicamente para núcleos familiares de las zonas donde existan cultivos de hoja de coca, las cuales fueron delimitadas según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).
Dentro de esas medidas para fomentar las economías lícitas vinculadas a la estrategia de sustitución voluntaria quedó establecido un pago de hasta un salario mínimo mensual legal vigente ($1.423.500) por la erradicación que será dirigido a aquellas familias que dependan económicamente de los cultivos de uso ilícito.
“Este pago es una medida excepcional dirigida a los núcleos familiares vulnerables y dependientes de cultivos de uso ilícito del Catatumbo que se desvinculen del circuito económico del narcotráfico, que promueve su transición hacia economías lícitas y ambientalmente sostenibles, mediante acuerdos de sustitución voluntaria”, dice el decreto.
La declaración de conmoción interior inicialmente tiene un periodo de 90 días, prorrogables por otros 90 días. La tercera prórroga por la misma cantidad de tiempo deberá ser aprobada por el Congreso.
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¿Cómo acceder a los pagos por sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito?
El propósito inicial de estas estrategias será desvincular a los núcleos familiares que dependan de cultivos de uso ilícito y promover su tránsito a economías lícitas en la región del Catatumbo.
En este punto, la Dirección de Sustitución de Cultivos de uso ilícito tendrá a cargo fijar los lineamientos para implementar los pagos que además tendrán una fase de verificación. Las familias que resulten beneficiadas tendrán jornadas de monitoreo satelital, visitas periódicas al territorio y auditorías para garantizar que se trata de una erradicación voluntaria que cumple con las condiciones necesarias.
Asimismo, la medida incluirá la posibilidad de ampliar por una sola vez la Asistencia Alimentaria Inmediata para los núcleos familiares que se vinculen al programa en Catatumbo.
“Esta medida deberá estar orientada al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Paz, la eliminación definitiva de los cultivos de uso ilícito y a la mitigación de las causas que motivaron la declaratoria del estado de conmoción interior”, señala el decreto.
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Los pagos tendrán algunos requisitos como la erradicación verificable de los cultivos de uso ilícito en su totalidad en el área sembrada; la no resiembra; así como la puesta en marcha de nuevas economías lícitas. Para ello, el Gobierno se hará cargo de la asistencia técnica, de la maquinaria y los insumos para lograrlo.
Las mujeres cabeza de familia serán priorizadas tanto para los proyectos como para la entrega de los pagos. Una vez termine el decreto, los núcleos familiares que hayan resultado beneficiarios podrán ser vinculados a otras estrategias de sustitución voluntaria bajo la Dirección de Sustitución de Cultivos de uso ilícito.
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A la par de esta medida, el Gobierno adelanta otra estrategia llamada “RenHacemos Catatumbo” con la que se busca que familias campesinas se presenten a un proyecto también de erradicación de cultivos de uso ilícito en reemplazo por actividades como la producción de café, cacao, aguacate y la piscicultura.
Las otras medidas del Gobierno para transitar a economías legales
Con el fin de facilitar la transición hacia las economías lícitas, otra de las estrategias que implementará el Gobierno se enmarca en la exención del impuesto IVA a los materiales, insumos agropecuarios, maquinaria agrícola que sea necesaria para la implementación de acciones productivas de sustitución.
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“Esta medida aplicará a los materiales, insumas agropecuarios y maquinaria agrícola necesaria para la implementación de acciones productivas de sustitución. Asimismo, incluirá el transporte de estos insumas y de los .productos resultantes de las intervenciones adelantadas por la DSCI”, dice el decreto.
A la par, la Agencia Nacional de Tierras deberá darle prioridad a la formalización de predios en áreas afectadas por cultivos de uso ilícito.
“En el proceso de estabilización social, económica y productiva de las comunidades afectadas por los impactos derivados de la grave perturbación del orden público, la Agencia Nacional de Tierras adelantará, de forma prioritaria, los procesos de formalización de propiedad privada y adjudicación de bienes baldíos de la Nación, incluso en áreas afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito”, se lee en el documento del Gobierno.
Consulte aquí el decreto completo:
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