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La declaratoria de estado de conmoción interior en el Catatumbo fue la respuesta del Gobierno a una crisis humanitaria detonada por la guerra entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que desde enero de 2025 provocó desplazamientos masivos, confinamientos, interrupción de economías locales y una presión inédita sobre la capacidad institucional del Estado en esta región fronteriza con Venezuela.
Para enfrentar esa situación, el Ejecutivo expidió una serie de decretos que crearon impuestos temporales, autorizaron traslados presupuestales y habilitaron giros excepcionales.
Los documentos oficiales del Ministerio de Hacienda, conocidos por Colombia+20, permiten reconstruir con detalle qué pasó con esos recursos hasta julio de 2025 cuando la Corte Constitucional tumbó la mayoría de los decretos y entonces se paró la recaudación del dinero. Los informes muestran qué se financió, en qué sectores se asignaron y qué tanto se ejecutaron realmente.
La decisión de la Corte marcó un punto de quiebre en la política fiscal de emergencia. Al declarar inexequibles varios decretos por vicios de forma o por falta de justificación de la excepcionalidad, el alto tribunal no solo desmontó parte del andamiaje jurídico de la conmoción interior, sino que también dejó sin sustento varias de las fuentes de financiación creadas para atender la crisis.
Desde ese momento, el Gobierno perdió la posibilidad de seguir recaudando los impuestos temporales que alimentaban el plan de gasto.
Aunque el Ejecutivo adicionó COP 2.768.000 millones al Presupuesto General de la Nación para atender la crisis humanitaria derivada de la guerra entre el ELN y el Frente 33, a corte de esa fecha el Gobierno solo había ejecutado el 54,6 % de los recursos comprometidos en el marco del estado de conmoción interior en el Catatumbo, según el informe oficial de seguimiento.
En la práctica, esto significa que una parte sustancial de la respuesta estatal quedó en recursos anunciados, proyectos formulados y contratos comprometidos que, sin embargo, no se tradujeron en desembolsos concretos para las comunidades afectadas por el conflicto. En una región donde la emergencia exigía rapidez, la ejecución avanzó con los tiempos ordinarios del Estado.
Líderes sociales y comunidades le dijeron a Colombia+20 que muchos de esos compromisos no se materializaron y que el abandono estatal seguía intacto. “Si la plata llegó, se la comieron los grandes, porque nosotros no la vimos”, dijo a este diario Zenaida Pérez, parte de la asociación de Madres del Catatumbo
Junior Maldonado, dirigente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), también reclama: “Se necesita más compromiso. Aquí no basta con decretos”.
A esta baja ejecución se suma que parte de los recursos girados debieron ser reintegrados por no haberse ejecutado o por no ejecutarse dentro de los plazos previstos, como reconoció el propio Ministerio de Hacienda al explicar los movimientos presupuestales realizados durante 2025.
La respuesta muestra una brecha profunda entre lo aprobado, lo comprometido y lo efectivamente pagado, en un contexto donde la violencia no ha cedido y la población teme que se repita una crisis humanitaria como la de enero pasado, que según la Defensoría del Pueblo ha dejado en 12 meses 105.000 víctimas, la mayoría de ellas desplazadas.
Comunidades rurales del Catatumbo han advertido sobre el riesgo de nuevos confinamientos y desplazamientos, en medio de enfrentamientos intermitentes y del reacomodo de los actores armados. En ese escenario, la lentitud en la ejecución de los recursos de emergencia se convirtió en una fuente adicional de incertidumbre para una población que ya enfrenta condiciones extremas de vulnerabilidad.
Los recursos que se aprobaron, pero no han llegado del todo
El corazón fiscal de la conmoción, dice el informe de seguimiento, fue justamente esa adición de COP 2.768.000 millones al Presupuesto de la Nación para atender la emergencia en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en Cesar.
Estos recursos se incorporaron mediante el Decreto 274 de 2025 y se liquidaron a través del Decreto 359 de marzo de 2025. El informe precisa que no se destinaron recursos al servicio de la deuda y que la adición se distribuyó entre COP 1.271.000 millones para funcionamiento y COP 1.497.000 millones para inversión.
Para financiar ese gasto, el Gobierno creó tres impuestos temporales: el IVA del 19 % a los juegos de azar operados por internet, el Impuesto Especial para el Catatumbo del 1 % sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, y un ajuste al impuesto de timbre. Sin embargo, el recaudo real estuvo lejos de las proyecciones.
A julio de 2025, el informe reporta que solo se habían recaudado COP 991.052 millones, equivalentes al 35,8 % del aforo total. El impuesto con mejor desempeño fue el IVA a los juegos de azar en línea, con una ejecución del 78,3 %, mientras que el Impuesto Especial para el Catatumbo alcanzó el 33 % y el impuesto de timbre apenas el 14,7 %. En la práctica, esto significó que buena parte del gasto aprobado dependía de recursos que aún no habían ingresado a las arcas públicas.
Este comportamiento tuvo un efecto directo sobre la ejecución. Aunque el presupuesto fue adicionado en su totalidad, la disponibilidad efectiva de recursos dependía de ingresos que no llegaron al ritmo esperado. En consecuencia, varias entidades avanzaron en compromisos sin contar con flujo de caja suficiente para materializar pagos inmediatos.
Pese a ello, el Gobierno asignó la totalidad de los recursos. Defensa y Policía concentraron la mayor apropiación, con COP 881.298 millones, seguidos por Presidencia de la República, con COP 391.372 millones. También se asignaron recursos significativos a Inclusión Social y Reconciliación por COP 294.052 millones, Transporte con COP 260.000 millones, Educación tuvo COP 253.729 millones y Agricultura tuvo COP 218.500 millones, entre otros sectores.
La asignación, sin embargo, no se tradujo automáticamente en gasto efectivo.
Una ejecución que avanza lento
El propio informe de Hacienda reconoce que la ejecución de los recursos ha sido limitada. A julio de 2025, del total de la apropiación vigente, el 54,6 % estaba comprometido, pero solo el 16,2 % había sido obligado y apenas el 15,1 % se había pagado. En cifras absolutas, esto equivale a $1.510.000 millones comprometidos, frente a $448.375 millones obligados y $418.716 millones efectivamente pagados.
La brecha es especialmente visible en sectores clave para la respuesta institucional. En el caso de Presidencia de la República, el informe señala que se comprometieron recursos para proyectos como la consolidación del ETCR Caño Indio, con $20.000 millones, y la reactivación de proyectos productivos, por $6.212 millones. No obstante, a julio, solo se había ejecutado el 5 % de los recursos asignados, equivalente a $928 millones.
La baja ejecución en Presidencia resulta particularmente sensible porque este sector concentró buena parte de la coordinación de la respuesta estatal. La lentitud en los pagos refleja las dificultades del Gobierno para convertir decisiones de alto nivel en acciones concretas en una región atravesada por el conflicto armado.
Pese a esto, en los meses posteriores hubo avances. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda firmaron en noviembre pasado un acuerdo para construir en Cúcuta 71 soluciones habitacionales rurales para firmantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Caño Indio, que resultaron afectados durante la emergencia humanitaria.
Otros sectores muestran un comportamiento distinto. Salud y Protección Social aparece como uno de los pocos con ejecución completa de los recursos asignados, con COP 14.715 millones, ya girados, según el informe oficial. Pero en términos generales, la fotografía es la de una respuesta que avanza más rápido en los compromisos administrativos que en los pagos concretos.
A esta ejecución parcial se suman los giros de emergencia realizados durante 2025, muchos de ellos habilitados por el Decreto 135 de 2025, que permitió traslados presupuestales excepcionales.
Sobre estos movimientos, el Ministerio de Hacienda explicó que se hicieron giros por poco más de 20 mil millones para el programa Catatumbo Rehacemos, con una ejecución del 27 % y cerca de 9.000 familias beneficiadas. A finales de julio giraron 10 mil millones, pero estos dineros luego fueron reintegrados, una parte por no ejecución y otra por no ejecutarse a tiempo.
Según esa cartera, la Unidad para las Víctimas recibió recursos del Ministerio de Hacienda por COP 53.000 millones en todo el año, y eso incluye giros de emergencia por COP 41.000 millones. De ahí salió también el recurso para la compra de 103 mil más exactamente kits humanitarios y retornos de 1.080 víctimas.
Esta explicación deja dos elementos claros. Primero, que una parte importante de la atención humanitaria se financió con recursos de vigencias anteriores, reorientados gracias a las facultades de la conmoción. Segundo, que no todos los giros lograron ejecutarse, lo que obligó a reintegrar recursos.
La necesidad de reintegrar recursos en medio de una emergencia humanitaria dejó en evidencia las limitaciones operativas del Estado para ejecutar con rapidez fondos excepcionales, incluso cuando estos ya habían sido autorizados y girados.
Los documentos del Ministerio de Hacienda muestran que, más allá de los anuncios y las facultades excepcionales, el estado de conmoción interior no se tradujo en una ejecución plena de los recursos destinados al Catatumbo. Con pagos limitados, reintegros por falta de ejecución y un marco jurídico desmontado por la Corte, la respuesta estatal quedó por debajo de la urgencia que imponía la guerra en el territorio.
El resultado fue una intervención limitada frente a la magnitud de la crisis. Mientras la guerra entre el ELN y el Frente 33 continuó generando desplazamientos, confinamientos y presión humanitaria, la capacidad del Estado para responder con rapidez quedó condicionada por problemas de ejecución, restricciones jurídicas y una arquitectura normativa que no logró sostenerse en el tiempo. En ese contexto, la respuesta estatal quedó por debajo de la urgencia que imponía la violencia en el territorio.
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