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Los 16 representantes a de las curules de paz, creadas por el Acuerdo de La Habana, no votarán el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2023, a menos que se incremente la asignación presupuestal para la reparación de las víctimas del conflicto armado. “Nosotros estamos aquí para representar a los territorios y a las víctimas y nadie nos perdonaría que dejáramos pasar el tema de la indemnización por alto“, señaló Diógenes Quintero, elegido por la curul de paz del Catatumbo.
La petición, señalan los representantes, se hace de acuerdo a lo que el mismo presidente Gustavo Petro señaló durante su campaña a la presidencia: “Al ritmo en que vamos, nos tardaríamos 100 años en reparar a todas las víctimas del conflicto en Colombia”. Todo el Estado es consciente de la gran necesidad que hay de aumentar los ritmos y los rubros de esa reparación. La Contraloría ha hablado de que se requieren más de 300 billones para indemnizarlas. Esa necesidad debe verse reflejada en voluntad política y acciones concretas”, añadió Quintero.
Es por ello que rechazan que el presupuesto que se discute actualmente tenga una asignación similar a la de la vigencia fiscal del 2021 y a la que propuso el Gobierno de Iván Duque en el proyecto que presentó en julio pasado. “La diferencia de la asignación que que está que se está debatiendo hoy en la Comisión Cuarta respecto al que presentó Duque es apenas del 15 %. Ese aumento es insuficiente si se tiene en cuenta, por ejemplo, que la indemnización se mide en salarios mínimos y se espera que el aumento sea del 10 % al 15 %”, reclaman.
Su propuesta es que la cifra, equivalente a 1,2 billones, se duplique. “Las fuentes de financiación para ese aumento provendrían de tres fuentes, así: un 30 %, es decir 300 mil millones, vendrían de los 14,5 billones que se adicionaron recientemente al Presupuesto General de la Nación; otro 40 % provendría del presupuesto bienal de regalías y un 30 % de la reforma tributaria”, explicó el representante. Este dinero sería utilizado para el pago de las indemnizaciones que desde 2011 se le prometieron a las víctimas a través de la Ley 1448 (de víctimas y restitución de tierras).
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Los representantes, sin embargo, aclararon que este no se trata de un acto de oposición al Gobierno Petro. “Nosotros hemos decidido ser bancada del gobierno y acompañarlo en su agenda legislativa pero sí consideramos que el presupuesto asignado a las víctimas no es el esperado y por eso hemos condicionado nuestro apoyo al presupuesto si no se aumenta. Creemos que el ministro de Hacienda reflexionará estamos expectantes a que ese aumento se dé”, añadió Quintero.
El representante además ratificó su apoyo a los avances que se están dando en la agenda de paz, como un “eje transversal a su plan de gobierno”. “Creemos que en esa medida el Gobierno sí está dando un paso importante, por ejemplo, al aumentar presupuesto al Ministerio de Agricultura y al hablar de compra de tierras, pero el tema de las víctimas respecto a reparaciones individuales y colectivas sí se está dejando un poco de lado”.