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La discusión sobre la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, una de las piezas centrales de la reforma rural integral y del cumplimiento del Acuerdo de Paz, volvió este miércoles a la plenaria de la Cámara de Representantes.
Aunque el proyecto está en el orden del día, su ubicación en el quinto punto de la plenaria desató molestia entre algunos congresistas, que reclamaron por la falta de prioridad frente a una ley que se considera esencial para el campo colombiano y para cumplir una de las deudas del Acuerdo de Paz.
El representante Juan Carlos Lozada (Partido Liberal) fue uno de los que criticó el cambio de orden.
“En el Congreso de la República vinimos a discutir los temas de fondo de Colombia. Ya basta de poner leyes y honores por encima de leyes que son fundamentales para el país”, dijo.
“Esta ley es una solución, aunque sea parcial, al centro del conflicto armado, que tiene que ver con los conflictos agrarios. Ya aprobamos la ley legislativa, ya aprobamos la ley estatutaria. ¿Vamos a dejar la tarea a medio camino? Terminar esto es imprescindible”, reclamó Lozada, pidiendo priorizar el debate.
Desde la oposición, el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) respondió que el orden del día debía respetarse y defendió la relevancia de otros proyectos que se discutirán antes.
“Los proyectos tercero y cuarto no son leyes de honores. Por ejemplo, la profesionalización de docentes o la estampilla para hospitales universitarios son temas relevantes”, dijo.
“Además, el proyecto de jurisdicción agraria reformará el Decreto 902 de 2017, parte del Acuerdo de La Habana, y no se puede aprobar sin claridad técnica. Acaban de bajarle 650 mil millones de pesos a la justicia; quiero ver al Ministerio de Hacienda explicando de dónde saldrá la plata para financiar esta estructura”, añadió.
Cadavid advirtió, además, que muchos acuerdos alcanzados en el Senado fueron desconocidos: “Aquí no vengan a convencernos con discursos del Acuerdo de La Habana. Ustedes mismos lo están desconociendo”.
Por su parte, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) reprochó la falta de voluntad política del Congreso para atender los temas estructurales del país:
“El 10% de los propietarios de la tierra en Colombia concentran el 80% del suelo. No entiendo por qué esta plenaria tiene voluntad para aprobar proyectos que sí son nocivos, pero se paraliza ante los que buscan cumplir el Acuerdo de Paz y solucionar las causas estructurales de la guerra”, afirmó.
Sobre las 2 de la tarde se levantó la sesión sin debatir el proyecto, que define las competencias, el procedimiento especial y la estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, sigue en el orden del día con mensaje de urgencia del Gobierno. De aprobarse, permitiría crear una justicia especializada para resolver conflictos por tierras, deslindes, restitución y baldíos, hoy sin instancia judicial operativa.
10 meses sin el debate en plenarias
Por ahora, el debate continúa en curso, pero con la ley agraria relegada al quinto punto. Tras ser aprobadas el pasado diciembre en comisiones primeras conjuntas, 10 meses comenzaría el debate en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.
Aunque hace más de dos años el Congreso aprobó la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, un paso considerado histórico para saldar la deuda de justicia con el campo colombiano, esa estructura judicial sigue sin existir en la práctica. No hay ley ordinaria que la reglamente, ni jueces designados, ni despachos, ni procesos en curso. En otras palabras, la justicia agraria existe solo en el papel.
Esa ausencia institucional ha frenado la Reforma Agraria prometida en el Acuerdo de Paz. Miles de casos sobre adjudicación de baldíos, formalización de títulos, extinción de dominio o conflictos por límites y uso de la tierra permanecen paralizados. El cuello de botella no es solo burocrático, sino estructural.
Con ese trasfondo, el Congreso se preparó este martes para discutir el proyecto de ley que define las competencias y procedimientos de la Jurisdicción Agraria y Rural, tras el mensaje de urgencia enviado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
En la sesión del martes, el proyecto fue incluido en el orden del día de la plenaria, no quedó como primer punto, sino en el tercer lugar. Además, la suspensión provisional del presidente de la Cámara, Julián López, luego de que anunciara la creación de la “Nueva U” se tomó gran parte del debate. López se amarró a su curul como medida de protesta.
Lo que está en juego es quién decide sobre la tierra y bajo qué lógica: si una institucionalidad judicial autónoma o una administración pública con facultades reforzadas. Para el Gobierno, la prioridad es acelerar la redistribución y cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz; para los gremios, se trata de preservar el control judicial y las garantías procesales en defensa de la propiedad privada.
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