“La designación como ‘gestores de paz’ a excomandantes de las AUC, responsables de crímenes de lesa humanidad y con un historial documentado de incumplimiento parcial de sus obligaciones con la justicia, no es un asunto que concierna únicamente a los designados. Por el contrario, sus efectos se irradian sobre todo el tejido social”, se lee en la demanda que radicó el pasado 19 de noviembre la defensora del Pueblo, Iris Marín, ante el Consejo de Estado.
El documento busca lograr que se elimine la figura que el presidente Gustavo Petro le volvió a otorgar a 16 exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia el pasado septiembre a través de una resolución. El objetivo, de reabrir la mesa con los exintegrantes de ese grupo armado –como lo ha advertido en diferentes ocasiones el presidente– es cerrar el proceso de Ralito que abrió el expresidente Álvaro Uribe y contribuir a la verdad de las víctimas del paramilitarismo.
Los gestores nombrados por el Gobierno en ese momento son: Arnubio Triana Mahecha, conocido como ‘Botalón’; Ramiro Vanoy Murillo, ‘Cuco’ Vanoy; Héctor José Buitrago Rodríguez, ‘El Patrón’; Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, el Águila; Hernán Giraldo Serna, ‘el señor de la Sierra’ y Manuel de Jesus Pirabán, Pirata.
Además, Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘Don Berna’; Salvatore Mancuso Gómez; Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar; Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’; José Baldomero Linares Moreno, Guillermo Torres; Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’; Edwar Cobos Téllez, ‘Diego Vecino’; Héctor Germán Buitrago Parada, Martín Llanos, y Fredy Rendón Herrera, ‘El Alemán’.
En la demanda, la Defensora señala, además, que el nombramiento puede enviar un mensaje ambiguo y que puede resultar revictimizante.
“Debilita la credibilidad del Estado como garante de justicia, pues el poder ejecutivo legitima a los ex miembros de las AUC al tiempo que mina la autoridad moral del Estado y la confianza legítima de la ciudadanía en el imperio de la ley. Más grave aún, el acto introduce un riesgo estructural de revictimización simbólica, pues para las víctimas directas de la violencia paramilitar”.
El encuentro con exparamilitares en Valledupar
Durante tres días, Valledupar fue escenario de reuniones reservadas del Gobierno con 11 de los exparamilitares de las AUC que fueron nombrados gestores de paz.
El encuentro fue liderado por el equipo político más cercano al presidente: Armando Benedetti, ministro del Interior, y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE); también estuvo un delegado de la Oficina del Comisionado para la Paz.
La mesa terminó con compromisos de “continuar los diálogos” y preparar los recorridos de reconciliación anunciados por el Gobierno, que encendieron las alertas sobre el riesgo de mezclar el diálogo con la campaña electoral.
Esos recorridos ya habían sido anunciados por el ministro del Interior, Armando Benedetti. En entrevista con Colombia+20 el pasado octubre, señaló que la verdad que resulte de ellos “será beneficiosa para el país” y dijo que es mejor que se sepa “qué bandido está siendo candidato”.
La defensora Marín se pronunció entonces al respecto: “Revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo, incluso en las candidaturas actuales. Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de usar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”, señaló.
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