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La descertificación que este lunes oficializó Estados Unidos contra Colombia en materia de lucha contra las drogas llega en un momento crítico: el país enfrenta el mayor número de hectáreas de coca de su historia reciente y, al mismo tiempo, arrastra un rezago evidente en la implementación del Punto 4 del Acuerdo de Paz de 2016 que justamente buscaba una “solución al problema de las drogas ilícitas”.
De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, en 2023 Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas de coca, lo que representó un aumento del 10 % frente al año anterior. La producción potencial de cocaína también se disparó, con un incremento del 53 %, pasando de 1.738 toneladas métricas a unas 2.664. Estos datos confirman que, pese a los esfuerzos en sustitución voluntaria y desarrollo alternativo, la tendencia sigue siendo de expansión.
Aunque el gobierno de Donald Trump se inclinó por una descertificación con un “waver” (una especie de advertencia), una exención temporal que suaviza las consecuencias, la advertencia sería clara: el país necesita mostrar resultados tangibles en la lucha contra los cultivos ilícitos. El desenlace marcará, en buena medida, la relación entre Bogotá y Washington, pero también el rumbo de ciertos aspectos del Acuerdo que firmó en 2016.
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¿Qué tiene que ver con el Acuerdo de Paz?
El Acuerdo de Paz estableció que la erradicación forzada debía ser el último recurso y que el camino central era la sustitución voluntaria de cultivos acompañada de proyectos productivos sostenibles.
Sin embargo, la mayoría de las más de 99.000 familias que firmaron compromisos con el Estado a través del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) aún no han recibido los apoyos económicos, técnicos y de infraestructura prometidos. La descertificación, en ese sentido, no castiga solo al gobierno: golpea a comunidades campesinas que han cumplido con arrancar la coca pero no han visto llegar alternativas de vida.
En este escenario se reaviva la tensión por la fumigación aérea con glifosato. Aunque el presidente Gustavo Petro ha deslizado en distintos escenarios la posibilidad de retomar esa práctica, distintos analistas —como lo recordó un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz— insisten en que su gobierno no podrá fumigar por las restricciones legales, ambientales y sociales que existen en el país. El anuncio, más que un plan viable, parece responder a presiones externas y a la necesidad de enviar señales de contundencia a Washington, aun cuando la viabilidad real sea casi nula.
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Para Ana María Rueda, investigadora de la FIP, el riesgo es que la discusión sobre la coca y la relación con Estados Unidos termine reducida a un arma de campaña, sin un compromiso real con la implementación del Punto 4 del Acuerdo de Paz. “Cada gobierno arranca de cero, dedica un año a diseñar políticas y otro a anunciarlas como nuevas, y al final queda muy poco tiempo para implementar. En un escenario electoral, ese cortoplacismo se vuelve aún más peligroso porque los candidatos piensan en titulares, no en transformaciones”, explica.
Además señala que el debate sobre la descertificación y la política de drogas podría determinar qué pase con el Acuerdo de Paz.
“A Petro no lo afecta porque él no tendrá que reducir las hectáreas ni asumir los costos de la descertificación y básicamente será porque él no estará en el Gobierno el otro año. Pero los próximos aspirantes a la Casa de Nariño tendrían que estar desde enero delineando una política antinarcóticos articulada con la de seguridad. Si el péndulo político se mueve hacia la derecha, lo más probable es que volvamos a la militarización y a medidas de control que enfrenten de nuevo al Estado con los campesinos. En ese escenario, lo que veo es el fin del Acuerdo de Paz”, advierte.
Además, la salida de USAID a inicios de este año profundizó la crisis de la cooperación internacional para lo social. Rueda lo explica así: “En este momento no tenemos ningún tipo de ayuda humanitaria de Estados Unidos como para poder avanzar en el acuerdo de paz, y la ayuda de Estados Unidos está toda en este momento en el control a la oferta. Entonces, obviamente, ¿ahí qué tenemos? Incautaciones, fortalecimiento de la policía, apoyo a la radicación si la hubiera, apoyo a fumigación si se definiera hacerlo nuevamente. Entonces claro, en este momento no hay cooperación para el acuerdo de paz, porque no hay cooperación para los asuntos sociales que es lo que más nos interesaba del Acuerdo de Paz”.
El trasfondo es que la descertificación no solo es un asunto diplomático. Sus consecuencias podrían limitar la cooperación internacional, reducir recursos de asistencia técnica y militar, y minar la credibilidad de la política de Paz Total, que necesita mostrar resultados concretos en reducción de economías ilegales para sostener los diálogos con grupos armados.
Al mismo tiempo, el fracaso en el cumplimiento del Punto 4 deja a las comunidades rurales en una encrucijada: sin presencia integral del Estado, sin proyectos productivos y bajo la presión de actores armados que se disputan el control de las zonas cocaleras. En este sentido, Rueda concluye que el escenario podría repetir los errores del pasado en la tensión con los campesinos, la cadena más baja en los cultivos de uso ilícito. “Si no se traza una ruta seria, con compromisos verificables y recursos sostenidos, lo que nos espera es otro ciclo de frustración: anuncios grandilocuentes, represión contra los campesinos y un retroceso en la implementación del Acuerdo”, explica.
En suma, la descertificación desnuda el desfase entre el discurso y la realidad: mientras crecen las hectáreas de coca y se discute sobre una fumigación improbable, el país sigue aplazando las transformaciones estructurales que el Acuerdo de Paz planteó hace casi una década.
Las implicaciones de la descertificación también trascienden la política de drogas. Según Rueda, Estados Unidos podría condicionar préstamos internacionales y afectar la inversión extranjera en Colombia.
La posible descertificación desnuda las debilidades estructurales en la política de drogas y el incumplimiento del Punto 4 del Acuerdo de Paz. Mientras crecen las hectáreas de coca y se discute sobre una fumigación improbable, el país sigue aplazando las transformaciones estructurales que deberían traducirse en desarrollo rural, proyectos productivos, presencia estatal integral y garantías para las comunidades.
El riesgo es que, como advierte Rueda, Colombia termine atrapada en un ciclo de improvisación y represión que no solo agudice el problema de la coca, sino que marque un retroceso irreversible en la construcción de paz.
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