Víctimas piden participación en diálogos de paz con el Eln

Sepelio colectivo de la masacre de Machuca, donde el Eln asesinó a 84 personas en 1998, tras dinamitar un oleoducto en Segovia, Antioquia. / El Espectador

Al padre Jorge Humberto Cadavid los hechos de La María le dejaron la doble condición de secuestrado y, paradójicamente, de víctima de los señalamientos infundados que hasta hoy lo acusan de supuesta complicidad con el plagio masivo de 194 personas, cometido por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) el 30 de mayo de 1999, en la iglesia del sur de Cali, donde él oficiaba la misa.

“No me han resarcido la dignidad: quedé como secuestrador del Eln, eso se ha mantenido ahí, entre tintas, nunca se ha aclarado (...) salí de mi parroquia como traidor, como Judas, nunca me limpiaron la imagen”, se queja Cadavid, quien desconfía de los alcances de este nuevo proceso de negociaciones, pero espera que se concrete: “Para mí la oportunidad única es esta, porque es un gobierno de izquierda”.

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Cadavid recuerda todavía cómo los guerrilleros explicaban que aquel crimen tuvo una motivación económica, pero también política, porque querían propinar un golpe de opinión para presionar al gobierno que había empezado negociaciones con las Farc en el Caguán. El secuestro en la iglesia La María motivó las marchas del “Movimiento No Más” en una veintena de ciudades, rechazando los plagios como estrategia de guerra.

“Todo lo que concierna a la paz hay que hacerlo, ese no es un mandato del pueblo, sino de Dios”, dice ahora Cadavid.

El atentado a la Escuela Militar

“Para nosotros es muy importante que nos digan la verdad”, cuenta desde Pereira Jhon Diego Molina, padre del cadete Diego Alejandro Molina Peláez, uno de los 22 jóvenes asesinados por el Eln en el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander, ocurrido en febrero de 2019. Fue justamente ese hecho el que hizo que el entonces presidente Iván Duque rompiera los diálogos con esa guerrilla que había iniciado Juan Manuel Santos.

Diego Alejandro fue ascendido al rango de subteniente de forma póstuma y su padre insiste en que aún hay dudas sobre las responsabilidades completas de aquel crimen, ya que desde el día de los hechos hubo sospechas de presunta complicidad dentro de la misma Fuerza Pública por la facilidad con la que el atacante logró introducir el vehículo cargado de explosivos: “Que nos digan si hubo ayuda de personas diferentes al Eln en el interior de la Escuela”, pide.

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“También es importante una carta que se le dio a la ministra de Trabajo, para que le llevara al presidente, y que fue firmada por las 22 familias afectadas en las que pedíamos la participación de alguna familia en la mesa de negociaciones porque no tenemos participación”, explica Molina, quien agrega que: “Independientemente de que estemos o no de acuerdo, ya se inició con este diálogo”, concluye. “Lo que solicitamos al presidente es que se nos tenga en cuenta”.

De acuerdo con el Informe Final de la Comisión de la Verdad, hubo 205.028 víctimas de homicidio durante el conflicto y las guerrillas fueron responsables del 27 % de los casos, entre ellas se incluye al Eln, al que se le atribuye el 4 % de los homicidios.

Además, la Comisión documentó que el Eln fue responsable de casi 10 mil secuestros, que representan un 18 % del total de los ocurridos en Colombia, un crimen que esa guerrilla aún perpetúa y al que se ha negado a renunciar. El más reciente hecho ocurrió el pasado 2 de noviembre en Arauca, donde secuestraron a dos soldados que fueron liberados días después.

Marcela Betancourt es otra entre esas miles de víctimas: estaba almorzando con su esposo y varios familiares en un restaurante del kilómetro 18 en Cali cuando fue secuestrada por un comando del Eln el 17 de septiembre del año 2000.

Durante 45 días atravesando la selva de los Farallones fue testigo de la muerte de tres de sus compañeros de cautiverio en condiciones durísimas, que ella prefiere no detallar por respeto a los familiares. Recuerda, eso sí, que hasta los guerrilleros rodaban desbarrancados por los peñascos agrestes del terreno, en medio del cerco militar que obligó finalmente a su liberación.

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“Coincidimos en que es necesario que haya voluntad de paz, que se cumplan con todos los requerimientos para seguir adelante con el proceso”, asegura por teléfono. “Una verdadera voluntad de paz implica que en el centro deben estar los pedidos de las víctimas: tuvimos unas afectaciones muy fuertes, dejaron viudas, huérfanos, hay víctimas que no han sido reparadas después de 22 años”.

Betancourt concuerda con los familiares de los cadetes de la Escuela General Santander afirmando que las víctimas no están representadas en la delegación negociadora de Petro: “Queremos un acuerdo de paz, pero pedimos algo muy difícil, y es que antes de cualquier cosa los miembros del Eln puedan pagar algo de cárcel, a diferencia de las Farc”. Y concluye con lo que ya es un lugar común en estas negociaciones: “Reparación y verdad, sobre todo”.

Machuca: los ecos de una masacre

La madrugada del 18 de octubre de 1998, un comando del frente José Antonio Galán del Eln dinamitó el oleoducto central de Colombia, a menos de un kilómetro del corregimiento de Machuca, en Segovia (Antioquia).

Este atentado terrorista se enmarcaba en la estrategia de esa guerrilla de atacar la infraestructura minero-energética del país, supuestamente para exigir al Estado la nacionalización de dichos recursos.

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La explosión provocó un derrame de crudo que al momento de llegar a un río cercano terminó formando una avalancha de fuego que incendió todo el poblado de Machuca, causando la muerte de 84 personas.

Un tribunal de Medellín condenó por este crimen a todo el Comando Central del Eln de aquella época. “Ese es el infierno de la guerra”. Con estas palabras el fotógrafo Jesús Abad Colorado, quien visitó el caserío pocos días después, se refirió a las escenas de árboles, víctimas enterradas en latas de zinc y casas quemadas después de la masacre.