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Este jueves fueron presentados en la cárcel La Paz, de Itagüí, los compromisos a los que llegaron las delegaciones de Gobierno y los representantes de las bandas urbanas del Valle de Aburrá que negocian en este momento dentro de uno de los tableros del Gobierno para la paz total.
Al evento asistió Otty Patiño, consejero comisionado de paz; Isabel Zuleta, coordinadora del Gobierno en este espacio de negociación; Jorge Mejía, delegado del Gobierno; y otros representantes del Ejecutivo.
Según Isabel Zuleta, los esfuerzos de construir la paz en el departamento se extiende por los 10 municipios que hacen parte del Valle de Aburrá.
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Los compromisos para construir la paz en el Valle de Aburrá
Como uno de los primeros compromisos para avanzar en la construcción de paz, las bandas de Medellín y otros municipios se comprometieron a ejecutar un plan piloto en el que se comprometen a parar la extorsión en 25 barrios de Medellín y Bello desde este 19 de diciembre hasta el 19 de enero.
Según Zuleta, esta medida es una estrategia para que los líderes de las bandas criminales incentiven al desescalamiento de esta violencia para que se expanda por los barrios que no entraron en el plan piloto. “Vamos a hacer un informe, evaluación del piloto y luego trabajar en los esfuerzos de continuidad. La medición de los temas de extorsión es muy compleja por el subregistro. El 19 de enero la evaluación del piloto”, dijo la senadora.
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Por otro lado, las bandas rechazaron la explotación sexual de menores en el Valle de Aburrá y aseguraron que ninguna de sus estructuras está detrás de estos delitos. Además, pusieron a disposición del Estado y del ICBF la información que tienen tras años de presencia en el territorio para poder combatir este flagelo que azota a la capital antioqueña.
Además, hicieron un compromiso para disminuir el tráfico de estupefacientes en la región, especialmente en los ambientes escolares.
“No basta firmar acuerdos si esto no se implementa. Los acuerdos que no se cumplan son una burla y una decepción para la paz. Este esfuerzo que se está haciendo acá el Gobierno Nacional le concede todo el valor. La paz empieza con esto, con lo pequeño y lo cumplible”, puntualizó el comisionado Otty Patiño.
De parte de las bandas de Medellín y Antioquia, Sebastián Murillo, conocido como Lindolfo, aseguró que una de las principales razones para avanzar en los diálogos es que el control de los territorios vuelva al Estado y para que se desactiven todos los problemas de violencia que ya salieron del marco de delincuencia común. “Acá estamos resolviendo violencias maduradas en 40 años de conflicto social y armado”, dijo Murillo.
Además, celebró la llegada de Diego Fernando Murillo, mejor conocido como Don Berna, como gestor de paz, y la llegada de José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como “Douglas”, al equipo de voceros que negocian desde la cárcel de Itagüí.
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La petición de incorporar a “Don Berna” y a “Douglas” en el grupo de voceros ya había sido expuesto por las bandas en una reunión del pasado 7 de noviembre donde se trazaron las “reglas de juego” para este proceso de paz.
El gran pendiente: un marco jurídico
El más reciente avance que ha tenido el proceso de paz urbana en esa ciudad fue la firma de una hoja de ruta que contempla la participación de la sociedad civil. En ese documento se acordó la realización de asambleas, un comité de impulso y la exigencia del desmonte de los grupos armados.
Durante su presentación, la senadora Isabel Zuleta, delegada del Gobierno en la mesa de diálogo, se refirió al gran obstáculo que ha tenido este proceso que también se lleva con las bandas criminales de Chocó y Buenaventura: la falta de un marco legal y jurídico que sirva como hoja de ruta para el proceso de sometimiento. En el caso de Valle de Aburrá se contempla un proceso con 350 a 400 bandas y combos y cada uno puede tener entre 20 y 50 personas. El Gobierno tramitó en 2022 la Ley de Paz Total, que incluía ese tipo de diálogos con esas estructuras criminales, pero el 30 de noviembre de 2023 la Corte Constitucional revisó dicha ley y, aunque la dejó en firme, aclaró que el Gobierno no puede negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder.
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