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Las trabas de la paz urbana de Petro que han llevado a bandas a levantarse de mesas

Esta semana una de las estructuras de Buenaventura tomó distancia del proceso, como también ocurrió en Quibdó hace pocos días. En Medellín, un crimen reciente generó zozobra. En las tres ciudades coinciden en que falta diligencia del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y esperan que el Congreso defina pronto las condiciones del sometimiento.

Julián Ríos Monroy
10 de marzo de 2024 - 09:49 p. m.
Un vocero de los Shottas habla durante la instalación de la mesa de conversación socio jurídica en Buenaventura, en agosto de 2023.
Un vocero de los Shottas habla durante la instalación de la mesa de conversación socio jurídica en Buenaventura, en agosto de 2023.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán

La apuesta que trazó el gobierno de Gustavo Petro para lograr el sometimiento de las bandas criminales más poderosas del país enfrenta uno de sus momentos más complejos. En la última semana, alegando falta de compromiso y avances por parte del Ejecutivo, una de esas estructuras criminales se levantó de la mesa de diálogo en Buenaventura, mientras que el proceso en Quibdó está detenido hace varios días. Ambos hechos han generado zozobra en estas ciudades.

En Medellín y el Valle de Aburrá —el tercer territorio priorizado en la paz urbana— aseguran que las conversaciones en la cárcel de Itagüí avanzan y han dado frutos, pero también hay preocupación por el ritmo de los diálogos y la falta de certeza jurídica para que el proceso llegue a buen puerto. A eso se suma el asesinato, el viernes pasado, de Edison Rojas (Gordo Pichi), jefe de la banda La Terraza, que podría desatar vendetas entre las organizaciones criminales y poner en jaque las treguas iniciadas desde abril del 2023, que han significado la reducción de algunos índices de violencia en la región.

Por una parte, el balón está en la cancha del Congreso, que debe promulgar una ley que defina las condiciones del sometimiento de estas estructuras, como lo ordenó en noviembre pasado la Corte Constitucional tras estudiar la Ley de Paz Total. A falta de ello, otro proyecto, el de segundas oportunidades, avanza en el Legislativo y pareciera que es allí en donde el Gobierno quiere poner ese marco jurídico.

Sin embargo, mientras el Congreso surte su trámite, desde la Casa de Nariño se debe dar la pauta para avanzar en las conversaciones, una tarea que parece no tener suficiente claridad.

¿Faltan respuestas del Gobierno?

Tras consultar a más de 10 fuentes que participan o acompañan los llamados “diálogos sociojurídicos” de paz urbana, el principal llamado es que el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, dé la cara y aclare cuál es la posición del Ejecutivo frente al futuro de estas conversaciones.

“Los grupos sienten la incertidumbre porque en los últimos meses no se ha podido avanzar en forma, faltan bases para continuar los diálogos, y por eso le hemos rogado al comisionado Patiño que se haga presente para dar estas respuestas”, asegura monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Quibdó.

Para los investigadores que le hacen seguimiento a la apuesta de paz urbana, estos primeros gestos de bandas apartándose de las mesas muestran que la falta de garantías por parte del Gobierno está minando su voluntad de paz, mientras se agota el tiempo del periodo presidencial.

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Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), afirma que “es urgente poner en marcha la iniciativa legislativa que defina el sometimiento, pero también que haya una confirmación de si el Gobierno está apoyando estos procesos”.

Aunque Tobo resalta que en estas ciudades se ha avanzado en un componente de participación de la sociedad, trabajo comunitario y reconciliación en los barrios, asegura que el tiempo “es apretado” para resolver los escollos jurídicos de estos diálogos: “Si no se logra superar esta situación, se perderían los pasos que se han dado en la reducción de homicidios, extorsiones y fronteras invisibles, y habría que enfrentar un problema muy serio de confrontaciones”.

La alerta por recrudecimiento del conflicto urbano en Quibdó

En agosto de 2023 se instaló el espacio de conversaciones del Gobierno con los Locos Yam, los Mexicanos y las Fuerzas Armadas RPS, tres de las cuatro principales bandas de Quibdó, la capital del Chocó.

De las ciudades priorizadas en la apuesta de paz urbana, actualmente esta es la que tiene el mayor riesgo de disputas, luego de la masacre que se registró el domingo 3 de marzo, en la que cuatro miembros de la banda Los Mexicanos fueron asesinados, presuntamente por integrantes de la estructura de los Zeta, banda que no hace parte de los diálogos.

De acuerdo con una fuente en la mesa, las conversaciones están “suspendidos de manera transitoria” por cuenta de algunas tensiones entre estas organizaciones criminales.

El congresista David Racero, miembro de la delegación del Gobierno en estos diálogos, le dijo a Colombia+20 que a pesar de los altibajos “se mantiene la voluntad genuina de los grupos implicados de continuar, y también una gran legitimidad de la ciudadanía” en este proceso.

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Pese a que en los primeros meses de los diálogos hubo una disminución de la violencia, en las últimas semanas han aumentado el control poblacional por parte de las bandas, las restricciones y fronteras invisibles en los barrios, los desplazamientos intraurbanos y los reclutamientos de menores en las bandas, según ha advertido la Defensoría del Pueblo.

El temor en Buenaventura tras tensión con Los Espartanos

En Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano, también hay intranquilidad tras el retiro de la banda Los Espartanos de la mesa de diálogo de lo que se ha denominada el primer laboratorio de la paz urbana.

Según un comunicado de esa estructura, la razón de su retiro es que “no se ha logrado ningún acuerdo contundente para darle definitivamente fin a la guerra” tras más de un año y medio del inicio de los acercamientos de paz.

Aunque el levantamiento de Los Espartanos de los diálogos continúa, la banda aseguró que se mantendrá la tregua con los Shottas, pactada desde agosto de 2023.

El congresista Alejandro Ocampo, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de Buenaventura, destaca que, producto de las treguas y los diálogos, se logró sacar al puerto de la lista de 50 ciudades más peligrosas de América Latina y convertirla “en una de las que tienen menos homicidios”.

Lea: ¿Cómo se cocinó la mesa de paz urbana en Buenaventura y qué desafíos enfrentará?

“Las recientes visitas del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea —que justamente dio un importante apoyo económico esta semana para el proceso en el puerto— son reconocimientos a los avances. Acá de verdad se ha contado con la voluntad de los grupos y el compromiso de la comunidad, por eso es importante persistir en que esta apuesta salga adelante”, le dijo el representante a Colombia+20.

Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, asegura que todos los actores están trabajando para que se avance en los diálogos, pero recalca la urgencia de que el legislativo se pronuncie, para pasar a una siguiente etapa.

“La ley de sometimiento que esperamos el Congreso apruebe daría un marco jurídico, un tema de especial interés para los cabecillas. Entre tanto seguiremos avanzando en la construcción de la paz, porque la raíz del problema es una violencia estructural y una falta de oportunidades especialmente para estos muchachos que hacen parte de las bandas”, dice Jaramillo.

Para Isaac Morales, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el reto no es solo volver a sentar a las bandas en las mesas, sino dar respuestas de largo plazo para conservar su voluntad de sometimiento.

“Lo que hemos advertido es que sin marco jurídico establecido real no se va a poder consolidar las mesas. Lo que está en duda, más que el compromiso del Gobierno, es si tiene el músculo para volver realidad su apuesta, considerando que no es solo un tema de voluntad política, sino de generar alternativas para que los grupos se sometan y la institucionalidad pueda cooptar estos territorios”, asegura Morales.

¿Cómo van los diálogos en Medellín?

El diálogo sociojurídico con las organizaciones criminales de Medellín y el Valle de Aburrá es hasta el momento el más estable de la apuesta de paz urbana del Gobierno Nacional.

Aunque también hay preocupación por la falta de agilidad en la mesa, esta semana -luego de que se apartaron del proceso bandas de otras ciudades- los representantes de las estructuras del Valle de Aburra le reiteraron a la delegación del Gobierno su intención de seguir en los diálogos.

Lea: “Los jefes quieren dejar la guerra”: Así se mueve la Paz Total en Valle de Aburrá

“El proceso tiene total vigencia y la voluntad tanto del Gobierno como de los voceros está incólume, como nos lo hicieron saber desde la cárcel de Itagüí esta semana”, aseguró Jorge Mejía, miembro de la delegación del Ejecutivo.

Así lo confirmó el abogado de una de las bandas de este proceso, quien pidió mantener su nombre en reserva: “En Medellín hay mucha esperanza con este diálogo, que aunque va bien, podría dar resultados más ágiles, pero los líderes de los grupos mantienen su voluntad”.

La insistencia en la agilidad de los procesos en estas tres ciudades no es gratuita. Para varios observadores, si no se llega a acuerdos durante el periodo presidencial de Petro, difícilmente se podrá continuar con una apuesta de paz urbana en el país.

Con la cuenta regresiva andando, el actuar del Gobierno y el Congreso en estos tableros de diálogo durante los próximos meses será determinante para mantener -o socavar- las voluntades de los cabecillas de continuar en las mesas.

Julián Ríos Monroy

Por Julián Ríos Monroy

Periodista y fotógrafo. Es subeditor de Colombia+20 y profesor de cátedra en la Universidad del Rosario.@julianrios_mjrios@elespectador.com

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Podrían contar sobre dos movidas de la Fiscalía en cabeza de Marta Mancera para reventar las mesas de paz urbana. La primera, judicializar sin pruebas a voceros de los Espartanos en Buenaventura a través de la Fiscal Sandra Carrillo, audios que reveló la W hace una semana. La segunda, capturar a los parientes ancianos de Jorge Vallejo, vocero de los Chatas en Medellín, con un proceso de extinción de dominio. Es un saboteo en toda regla, pero eso no lo va a decir la FIP.
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