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Cuatro acuerdos especiales —entre ellos el cese al fuego nacional— y dos protocolos fueron los documentos que firmaron el lunes las delegaciones del Gobierno y las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, tras la instalación formal de la mesa de diálogos en Tibú, Norte de Santander.
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Uno de los acuerdos contiene los lineamientos para el respeto a la población civil y la implementación del cese al fuego bilateral. El segundo define la forma en que actúa el componente internacional de la mesa de diálogos, el tercero sienta las bases para la elaboración de la agenda de diálogos y el cuarto habla de un acuerdo especial para la transformación del territorio del cañón del Micay y de las alternativas a las economías consideradas ilícitas.
Los protocolos contienen las reglas y compromisos de las partes para cumplir con el cese al fuego bilateral y el mandato del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación. Aquí un resumen de cada uno.
Acuerdo para el respeto a la población civil
Uno de los principales acuerdos establece que las partes acatarán las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 y especifican que no podrán generar desplazamiento forzado, ni confinamiento de la población civil, respetarán y promoverán los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del DIH. Aunque no lo mencionan directamente, aquí estaría incluido el tema de reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto.
Se comprometen también a “no realizar ataques y agresiones que pongan en riesgo y vulneren la integridad física, cultural y territorial de la población civil en general, ni de los pueblos étnicos, comunidades campesinas y demás grupos de especial protección; evitar acciones que afecten la seguridad alimentaria y los bienes necesarios para la salud y la vida digna de la población civil”.
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El punto sexto de este acuerdo estipula que no podrán “interferir en los procesos electorales, ni restringir el ejercicio de los derechos y libertades políticas, ni realizar operaciones militares ofensivas, operaciones especiales de Policía, ni acciones ofensivas entre las partes firmantes del Acuerdo de Cese al Fuego”.
Tampoco pueden poner en riesgo la seguridad y la integridad física de las partes firmantes de este Acuerdo de cese al fuego, y deben suministrar información clara, precisa y oportuna por los canales establecidos para evitar incidentes y garantizar la eficiencia técnica del Mecanismo.
En el punto 10 del acuerdo hablan de emplear un lenguaje respetuoso, no estigmatizante y sin estímulo a la estigmatización o a señalamientos. Finalmente, se comprometen a no utilizar el cese al fuego para obtener ventajas militares.
El acuerdo sobre la agenda
El segundo acuerdo contiene los lineamientos para la elaboración de la agenda que contempla “un proceso de participación real y efectiva de las comunidades y de la sociedad” sobre temas de carácter nacional que focalice problemáticas locales.
Aunque no mencionan puntos específicos de la agenda que discutirán, este segundo acuerdo prevé que se incluyan elementos de carácter social, económico, político, ambiental, cultural, administrativo y jurídico. Y hacen énfasis en que tendrán en cuenta los enfoques diferenciales, étnicos, culturales, campesinos, de género y generacionales.
Entre los temas marco que abordará la agenda están tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo, desarrollo sostenible, poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto social y armado, economías hoy consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, garantías para las partes durante y después del acuerdo, entre otros.
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Tal como lo mencionaron en sus discursos el comisionado de paz, Danilo Rueda, y el coordinador de la delegación de Gobierno, Camilo González, este acuerdo dice que trabajarán en la búsqueda de acuerdos de aplicación inmediata con la participación de las comunidades.
Y se comprometieron a presentarle al país “un conjunto de temas para la construcción de una agenda de cambios de fondo de mediano y largo plazo que pueden implicar adecuaciones normativas, institucionales y presupuestales”.
Acuerdo para la transformación del cañón del Micay
En medio de las discusiones sobre cómo implementar el cese al fuego para no afectar las operaciones que la Fuerza Pública inició en el cañón del Micay a comienzos de año, las partes pactaron un plan de transformación para esta zona del país, en el entendido de que la solución al problema del narcotráfico no puede ser solo militar.
En ese sentido, la mesa acordó la creación de un grupo de trabajo para la transformación territorial que comenzará sus funciones en un plazo máximo de 15 días. Para ello, el Presidente de la República designará una persona que coordine ese proceso.
Ese grupo debe diseñar el Plan de Acción con las comunidades y elaborará los cronogramas, definirá responsables, los tiempos, presupuestos y mecanismos de seguimiento y evaluación. En su trabajo, debe tener en cuenta los acuerdos que ya ha adelantado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con las comunidades.
En su último punto, señala que ese plan “se nutrirá de instrumentos internacionales y nacionales sobre políticas de transformación de economías hoy consideradas ilícitas, pero especialmente con el resultado de las concertaciones con las comunidades y los lineamientos de la Mesa de Diálogos de Paz”.
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Acuerdo sobre los acompañantes internacionales
La mesa oficializó con este acuerdo que los acompañantes permanentes son la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), el representante Especial del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal Colombiana y Consejo Mundial de Iglesias y les asignó unas funciones específicas:
Actuar como depositarios y testigos de los acuerdos alcanzados, hacer presencia permanente en el mecanismo de generación de confianza y en las deliberaciones de la mesa, brindar apoyo político a la mesa y a la implementación de los acuerdos, así como dar recomendaciones por petición de ambas partes y aportar con sus buenos oficios en momentos de crisis o controversias por petición de ambas partes.
Gobierno y EMC FARC les piden a esos acompañantes hacer gestiones con otros representantes de la comunidad internacional para fortalecer el apoyo a la mesa de diálogos de y participar en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV).
Y especifica este acuerdo que la verificación técnica les corresponde a la MAPP-OEA y a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, mientras que la veeduría y acompañamiento pastoral estará a cargo de la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias.
También invitan como garantes a los gobiernos de Irlanda, Noruega, Suiza y Venezuela, quienes han venido acompañando la fase exploratoria de este proceso. Las partes están previendo la participación de otros garantes que están en consulta.
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Los protocolos de cese al fuego
En estos dos documentos están las reglas y compromisos que las partes asumieron en desarrollo del cese al fuego y el mandato para el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV). Reiteran que el marco general es el respeto a la vida, la naturaleza y los derechos y libertades de la población civil.
En ese sentido, las dos partes se comprometen a evitar la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico-territoriales, campesinas y demás grupos de especial protección.
La Fuerza Pública garantizará la movilidad de las tropas del Estado Mayor Central de las FARC en los espacios geográficos delimitados y acordados entre las partes a través de un protocolo -que aún no está acordado- sobre las áreas de presencia de los integrantes del EMC y especifica que es “para promover las transformaciones territoriales y las tareas del MVMV”.
El protocolo garantiza que la Fuerza Pública continuará con el cumplimiento de la misión constitucional y legal en todo el territorio nacional, en vigencia del Estado Social de Derecho.
Las partes se comprometen a no realizar ataques a la misión médica y a las misiones humanitarias o la atención de enfermos graves y heridos, así como las labores misionales de las autoridades civiles.
En particular el EMC se comprometen a no permanecer ni transitar armados ni uniformados en cabeceras municipales, ni en vías primarias y respetar el libre ejercicio del voto y los procesos electorales.
En cuanto al MVMV, se acuerda que su función principal es “verificar el cumplimiento de los protocolos acordados, consolidar la información relativa a posibles operaciones militares ofensivas, operaciones especiales de la Policía Nacional, las acciones ofensivas del Estado Mayor Central de las FARC-EP y los incidentes que puedan ser calificados como incumplimientos a los actos prohibidos”. Debe realizar informes periódicos sobre su labor.
Finalmente, las partes se comprometen a tramitar y verificar a través del MVMV cualquier situación que pueda ser considerada como posible incidente o incumplimiento que afecte el cese al fuego, antes de utilizar los medios de comunicación o redes sociales para ponerlo en conocimiento de la población en general.