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Por primera vez desde 2017, la renovación del mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia enfrenta divisiones profundas. El Consejo de Seguridad votará este viernes un proyecto de resolución que extendería el mandato por un año más, hasta el 31 de octubre de 2026, pero con un alcance más limitado que en años anteriores.
El punto de mayor tensión ha sido la presión de Estados Unidos para suprimir dos funciones que la Misión venía cumpliendo desde 2023: la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016, de acuerdo con el borrador dado a conocer por el Security Council Report (SCR), “una organización independiente que proporciona análisis y datos sobre el Consejo de Seguridad de la ONU para promover la transparencia y la eficacia de su labor”.
Tras semanas de negociaciones, el documento elimina ambas tareas.
Este diario consultó a la Cancillería para conocer su posición, pero no dio respuesta.
En el documento se mantiene la verificación del capítulo sobre reforma rural integral, uno de los ejes más rezagados de la implementación y conserva las funciones originales establecidas en 2017: el monitoreo a la reincorporación de excombatientes de las FARC y las garantías de seguridad personal y colectiva para comunidades en zonas afectadas por el conflicto.
La postura de Washington marca un cambio drástico frente al respaldo que históricamente había mostrado al proceso de paz colombiano. Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos amenazó con vetar la resolución si se mantenían las funciones relacionadas con la justicia transicional y el enfoque étnico.
El viraje se produce en medio de un deterioro sostenido de las relaciones entre Bogotá y Washington desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. El mandatario republicano y el presidente Gustavo Petro han chocado en temas como el control de drogas, la migración y la guerra en Gaza. La tensión escaló el 24 de octubre, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Petro en la Lista Clinton, acusándolo de no frenar el narcotráfico.
El contexto político interno también incidió. A pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, envió una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, solicitando que Estados Unidos se opusiera a la renovación del mandato de la misión, acusando a la JEP de “promover impunidad” para exintegrantes de las FARC.
El Reino Unido, país encargado del texto sobre Colombia, presentó tres versiones del borrador. Durante las negociaciones, según el SCR, 12 miembros del Consejo —entre ellos Francia, Dinamarca, Panamá, Rusia, China y el grupo A3 Plus (Argelia, Sierra Leona, Somalia y Guyana)— defendieron mantener las tareas vinculadas con la JEP y el capítulo étnico.
Estados Unidos también se opuso a que el preámbulo mencionara a las comunidades indígenas y afrocolombianas o la violencia sexual y de género, aunque finalmente se conservó un párrafo que alude a la violencia “contra mujeres y niñas” y al papel de la sociedad civil en la construcción de paz. En su lugar, el texto final sustituye la referencia a pueblos étnicos por el término “comunidades marginadas”, cambio que generó malestar entre varios miembros.
El borrador mantiene la referencia a la “plena implementación del Acuerdo de Paz”, pese a la objeción de Washington, e incorpora una enmienda impulsada por Panamá y el grupo africano que reafirma el apoyo del Consejo a Colombia en sus esfuerzos por consolidar la paz, la justicia y la seguridad.
Colombia —que ocupará un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad en 2026-2027— participó como observadora en las deliberaciones.
En los últimos días, la representación de Colombia en Nueva York ha intensificado sus gestiones en Nueva York para asegurar la renovación del mandato.
La votación de este jueves será decisiva. Más allá del resultado, deja al descubierto un hecho inédito: por primera vez en ocho años, el consenso internacional sobre la paz de Colombia se fractura en el Consejo de Seguridad, con un trasfondo geopolítico que refleja tensiones mayores entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.
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