"Mi compañero fue desaparecido hace 38 años, 11 meses y cinco días”. Con esta precisión quirúrgica, Luz Marina Hache recuerda a Eduardo Loffsner Torres, el Negro, su pareja desaparecida desde noviembre de 1986 y de cuyo destino aún no tiene respuesta. Como ella, hay otras 44.173 personas buscadoras registradas en el país, quienes le siguen la pista al universo de 132.877 desaparecidos, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
A raíz de la búsqueda de justicia frente a este y tantos otros crímenes estatales, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) surge en Colombia en junio de 2005, reuniendo a más de 200 colectivos entre organizaciones de víctimas, organizaciones que han sido victimizadas, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y víctimas sin organización. Luz Marina es su vocera en el área de desaparición forzada.
Desde su nacimiento en 2005, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ha sido uno de los referentes más visibles de la lucha contra la impunidad en Colombia. Entre sus principales banderas está la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamientos forzados y violencia sexual cometida por agentes estatales o en connivencia con el paramilitarismo.
Para muchos familiares de víctimas, el Movice se ha convertido en un lugar de encuentro y apoyo, pero también en un actor político y ético que insiste en que la paz solo será posible si se reconoce el papel del Estado en la violencia y se garantizan medidas efectivas contra la impunidad.
Uno de sus logros más significativos ha sido visibilizar los llamados “falsos positivos”, especialmente a través de la articulación con Madres de Soacha y otros colectivos de familiares. Gracias a su presión constante, estos casos dejaron de ser relatos aislados para convertirse en un capítulo central del debate nacional sobre la responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos.
El Movice también ha liderado jornadas de memoria y resistencia, como las marchas del 6 de marzo, que durante años sacaron a miles de víctimas a las calles para denunciar los crímenes de Estado y reivindicar a sus desaparecidos. En los territorios, sus organizaciones afiliadas han documentado patrones de violencia, acompañado procesos judiciales y construido espacios de memoria, aun en contextos de amenazas y estigmatización.
Asimismo, ha impulsado debates cruciales en escenarios internacionales, llevando casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante organismos de Naciones Unidas, con el fin de que el Estado colombiano rinda cuentas frente a la comunidad internacional.
Un jurado de 11 expertos en derechos humanos consideró que la labor del MOVICE durante el último año es un testimonio de defensa de la vida, construcción de paz y, sobre todo, búsqueda de la verdad. Por esto, este martes 30 de septiembre de 2025 se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos, y el MOVICE fue laureado como experiencia o proceso colectivo del año a nivel ONG, colectivo u ONG acompañante. Para Luz Marina, este es un “reconocimiento público a la labor que las víctimas venimos haciendo en el país. Venimos construyendo paz, con muchas dificultades, exigiendo la memoria que es muy importante para las víctimas”.
La memoria en una coyuntura nacional de impunidad
La vocera del movimiento habla con desesperanza tras un año en que han salido las primeras condenas por parte de la Justicia Especial para la Paz (JEP), luego de varios procesos en los que consideran que ha habido “asimetría en el trato de las víctimas”. La activista es determinante en su justificación: “La JEP se negó y se ha negado persistentemente a abrir un macrocaso sobre desaparición forzada; en cambio, sí abrió el macrocaso sobre el secuestro. Entonces sí ha habido una asimetría”.
“A nosotros no nos pueden meter en una bolsa, sacudirnos y darnos el mismo tratamiento que a otras víctimas”, añade.
Además de la ausencia de un macrocaso enfocado en la desaparición forzada, este movimiento de víctimas se lamenta de la Resolución Definitiva SDSJ – RPP No. 1700, con la que la JEP anuncia la renuncia a la persecución penal de 34 miembros del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander. Esta medida es una contraprestación a la verdad y los actos de reparación realizados por los comparecientes; sin embargo, para el MOVICE estos aportes fueron insuficientes.
“Nosotros tenemos como uno de los casos más fuertes el de Luz Marina Bernal, la mamá del chico Fair Leonardo porras, que era un niño discapacitado de 26 años y que en la justicia ordinaria había logrado la condena de 53 años de cárcel, más la declaración de delito de lesa humanidad. La JEP, con la decisión que toma, sencillamente desconoce ese antecedente, y mucho más cuando los militares dijeron ante la JEP menos verdad que la que dijeron en la justicia ordinaria. Eso ha sido muy frustrante para las víctimas”, explica Hache.
Sin embargo, para el movimiento la JEP no es uniforme y reconoce que ha habido casos en los que este tribunal “viene cumpliendo, aunque no con el ciento por ciento de la expectativa”. Para el MOVICE, por lo menos en la jurisprudencia del último año, la JEP ha contribuido a la impunidad.
En video: “El mundo va a aprender de los aciertos y errores de Colombia”: ONU sobre la JEP
Un eterno llamado de las víctimas a la verdad
Desde su lugar de víctima y como representante de víctimas de crímenes de Estado, Luz Marina explica la expectativa que tienen frente a la justicia: “Primero, que el Estado reconozca la responsabilidad que ha tenido en la comisión de esos delitos, sea por acción directa o por omisión, caso paramilitarismo. Segundo, que los nombres de las víctimas sean nuevamente resarcidos”.
La activista agrega la necesidad de que “la posición negacionista que han asumido desde el Estado colombiano desaparezca”, dado el papel protagónico del Estado en numerosos crímenes a través de la historia del país.
Finalmente, al ser consultada sobre un posible incumplimiento a la promesa de verdad prevista en el Acuerdo de Paz con las FARC, Hache considera que, efectivamente, así es en el caso de las ejecuciones extrajudiciales. “Pensamos que ninguno de los militares ha informado a la JEP quién es el máximo responsable”. Denuncia, además, que en el tema “hay un pacto de silencio, donde se deja de lado esa exigencia que tenemos las víctimas”.
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