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Este 8 de diciembre venció el plazo para inscribir candidaturas al Congreso, incluidos las de los y las aspirantes a las Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) o curules de paz, los 16 escaños creados para garantizar representación política a comunidades golpeadas por el conflicto armado.
El cierre marca el punto final de una fase decisiva para organizaciones de víctimas, campesinas, étnicas y sociales, que han tenido que navegar un proceso complejo, atravesado por nuevos ajustes normativos, problemas de financiación, presiones territoriales y persistentes condiciones de riesgo.
Las curules de paz fueron parte del Acuerdo de Paz de 2016 para dar representación a las zonas más afectadas por la guerra. Su primer periodo legislativo fue entre 2022 y 2026 y, por ley, tienen derecho a uno más, entre 2026 y 2030.
El cierre de las inscripciones evidenció, según el conteo parcial, una leve reducción en varias listas, incluidas las de los candidatos a curules de paz.
Hasta las 4 de la tarde de este lunes, iban inscritas 416 listas en total, de las cuales 406 son a la Cámara por las diferentes circunscripciones territoriales, dijo a este diario Jaime Suárez, registrador Delegado para lo Electoral. Para Senado iban 10 y por las circunscripciones indígenas van seis. En 2022 en total se escribieron 555 listas por lo que la inscripción cae casi a la mitad.
En el caso de las curules de paz la tendencia también es clara: se pasa hasta el momento de 203 listas en 2022 a 120, una reducción cercana al 41 %.
Hay que precisar que, según lo que le dijo la Registraduría a El Espectador, el conteo sigue abierto y la confirmación del número total de inscritos así como los nombres solo se sabrá este martes en el consolidado que debe presentar esa entidad.
Así van las listas de las 16 curules de paz
El comportamiento no es homogéneo. Mientras algunas circunscripciones mantienen o incluso incrementan sus inscripciones, la mayoría presentan descensos pronunciados.
De las 16 circunscripciones, hasta ahora y sin el consolidado final, 15 registran disminuciones y solo una —la CITREP 2, en Arauca— conserva exactamente el mismo número de listas que hace cuatro años. No hubo ningún aumento.
El comportamiento es desigual, pero la tendencia es clara. La Citrep 13, que recoge a departamentos de Bolívar y Antioquia, y que agrupaba 30 listas en 2022 y ahora solo registra 6, muestra las caídas más pronunciadas.
Por su parte, la Citrep 7 (Meta y Guaviare), 8 (Montes de María), 9 (Pacífico Medio) y 14 (Sur de Córdoba) también presentan reducciones significativas que oscilan entre el 50 % y el 70 %. Incluso las circunscripciones históricamente más dinámicas —como la Citrep 4 (Norte de Santander), que pasó de 30 a 18 listas— experimentan reducciones importantes de las listas.
Esto puede estar asociado a condiciones de seguridad más complejas, fragmentación organizativa, problemas de financiación, o tensiones por el control territorial que desalientan la inscripción.
Las disminuciones más moderadas se observan en territorios como Citrep 11 (Putumayo), 12 (Serranía del Perijá), 15 (Sur del Tolima) y 16 (Urabá y Chocó), aunque todas igualmente pierden entre una y cuatro listas.
Este patrón podría sugerir un escenario electoral más sencillo. Menos listas implicaría menos fragmentación, campañas más identificables y, potencialmente, mayores posibilidades para proyectos comunitarios con trayectoria.
En contexto: A menos de un mes del cierre de inscripciones, las curules de paz regresan al mismo laberinto de 2022
Sin embargo, la reducción tan extendida puede estar asociado a condiciones de seguridad más complejas, fragmentación organizativa, problemas de financiación, o tensiones por el control territorial que desalientan la inscripción y las nuevas exigencias normativas que podrían estar limitando la participación.
El único caso de estabilidad —la Citrep de Arauca— parece ser la excepción que confirma una tendencia general de contracción del espacio electoral en los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz.
¿Quiénes podían aspirar a las curules de paz?
Las candidaturas solo pueden ser presentadas por organizaciones de víctimas, de mujeres, campesinas, étnicas o comunitarias, así como por grupos significativos de ciudadanos.
Quienes aspiran deben estar reconocidos como víctimas del conflicto, haber nacido, vivido o sido desplazados desde los territorios que conforman cada circunscripción y no haber hecho parte recientemente de partidos políticos tradicionales.
Las listas deben estar integradas por dos personas —un hombre y una mujer— y participar sin alianzas con otras listas o partidos políticos.
La experiencia de 2022 mostró lo difícil que resulta convertir esa promesa en una representación efectiva. En algunas regiones hubo dificultades para inscribir candidaturas genuinas, en otras aparecieron interferencias de actores políticos tradicionales y, en muchas más, la violencia y los riesgos terminaron silenciando liderazgos.
Ahora, de cara a 2026, comunidades y organizaciones vuelven a intentarlo, esta vez bajo nuevas reglas que buscan corregir parte de lo que falló.
La financiación continúa siendo una de las barreras más grandes. Sin anticipos suficientes y con exigencias de pólizas, varias organizaciones pequeñas —justamente las que este mecanismo busca representar— siguen quedando por fuera.
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