El año electoral coincidió con el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, un tema que se convirtió en una de las principales líneas de división entre las campañas presidenciales.
El próximo gobierno arrancará a menos de tres meses de que se cumplan 10 años de ese pacto, que sigue siendo una de las principales apuestas para transformar los territorios golpeados por el conflicto armado, pero que todavía enfrenta rezagos en financiación, articulación institucional y garantías de seguridad para excombatientes y líderes sociales.
En ese contexto, se abren preguntas sobre qué harían los candidatos con el Acuerdo y con las instituciones que derivaron de él.
Colombia+20 puso la lupa sobre lo que dicen acerca del Acuerdo de Paz los tres aspirantes que hoy lideran las encuestas. Solo el documento de Iván Cepeda menciona de manera explícita lo pactado en La Habana y propone medidas concretas para su implementación. En los planes de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no aparece ninguna referencia directa al pacto firmado en 2016.
Iván Cepeda: “es hora de retomar la implementación sin titubeos”
El término “Acuerdo de Paz” es mencionado textualmente al menos 15 veces en el documento del plan de gobierno del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La referencia a ese acuerdo firmado con las antiguas FARC atraviesa buena parte de sus propuestas de seguridad, tierras, víctimas y desarrollo territorial.
Cepeda dice que la implementación de política no se hizo de forma rigurosa en gobiernos anteriores y que “es hora de retomarla sin titubeos. Cada líder comunitario amenazado, cada firmante de paz asesinado, es un campanazo que nos recuerda que la paz no se firma solo en un papel, sino que hay que construirla día a día en los territorios, garantizando la vida y la libertad política”, se lee en el documento.
Con ese diagnóstico que menciona en uno de sus discursos, Cepeda dice que uno de los focos de su política de paz será la implementación del Acuerdo. Además, afirma que buscará su prórroga por cuatro años más “dado que hemos perdido, especialmente bajo el tristemente recordado gobierno del expresidente Iván Duque, valiosos años de implementación”.
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Uno de los puntos de su programa son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados tras la firma del Acuerdo para transformar los municipios más golpeados por el conflicto armado. Cepeda promete acelerar su ejecución y garantizar recursos, cronogramas y responsables concretos para que, según dice el documento, no queden “archivados ni relegados al papel”.
El candidato también plantea una política de “seguridad humana” para enfrentar a los grupos armados y organizaciones criminales. La propuesta, alineada con el Acuerdo de Paz, pone el foco en la protección de líderes sociales, comunidades y firmantes de paz, una de las mayores deudas del Acuerdo. También dice que fortalecerá los procesos de reincorporación.
En el capítulo de víctimas, Cepeda promete fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)— y darle mayor articulación con la política pública de atención a víctimas. Allí, la búsqueda de personas desaparecidas aparece como una prioridad. El programa propone acelerar la identificación y entrega digna de cuerpos e implementar la Ley de Mujeres Buscadoras. “Cada familia tiene derecho a saber qué ocurrió. Cada madre tiene derecho a cerrar, si así lo desea, un duelo que el Estado no puede prolongar”, señala el documento.
La reparación a las víctimas también ocupa un lugar central en la propuesta. Cepeda asegura que buscará avanzar en el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para los más de 10 millones de víctimas registradas en el país. “Es evidente que la reparación judicial, y la indemnización administrativa son insuficientes para resolver este gigantesco problema. Esas son obligaciones del Estado, y como tal vamos a cumplirla”, se lee en el documento.
En cuanto al tema de tierras –uno de los compromisos centrales del Acuerdo de Paz–, el candidato de la izquierda defiende el proceso de reforma agraria iniciado por Gustavo Petro y se compromete a profundizarlo. Para terminar consolidar la Reforma Rural Integral, se compromete a desarrollar la justicia agraria y rural y dice que instará al Congreso a que termine de crear y poner en funcionamiento la Jurisdicción Agraria.
Abelardo de la Espriella: “la paz no se negocia, se impone”
Aunque en el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella, no aparece ninguna referencia al Acuerdo de Paz, el candidato por el partido Movimiento de Salvación Nacional ha reiterado que “la paz no se negocia, se impone”.
También ha sido crítico de la JEP. Señala que el tribunal no ha producido justicia sino impunidad. “Desmovilizaron a unos bandidos, a los que les dieron curules regaladas en el Congreso, y esa FARC, que desmovilizaron entre comillas, se convirtió en cinco FARC. La JEP es un tribunal para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las FARC y perseguir a los héroes de la patria”, dijo hace unas semanas a Caracol Radio. Si dependiera de él, añadió, la eliminaría “con un plumazo”.
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Aunque no profundiza en el tema, el plan de gobierno del candidato De la Espriella señala que acabará con la reforma agraria –que hace parte de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz– a la que califica de “falsa” y dice que volverá “propietario al campesino”.
Paloma Valencia: “Lo voy a implementar mejor de lo que se ha hecho”
El programa de gobierno de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, tampoco menciona de manera explícita el Acuerdo de Paz. Sin embargo, hace unos días la aspirante a la presidencia compartió con Colombia+20 su postura frente a ese pacto.
“Yo voté No en el plebiscito y mantengo mis críticas a varios componentes del Acuerdo. Pero quien llega a la Presidencia cumple lo pactado por el Estado. El Acuerdo está incorporado al ordenamiento constitucional y mi gobierno lo implementará con realismo, prioridades claras y rendición de cuentas trimestral”, señaló.
Entre los puntos que dijo que mantendría están las garantías de seguridad para los firmantes de paz. Valencia aseguró que los asesinatos de excombatientes son “un fracaso del Estado” y prometió “depurar y fortalecer la UNP”. También mejorar los esquemas individuales y colectivos de protección y crear unidades especializadas de inteligencia y Policía Judicial para investigar y judicializar a los responsables. “La impunidad es la que perpetúa el riesgo”, afirmó.
La candidata también explicó que continuará con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), aunque con “trazabilidad presupuestal pública, evaluación de impacto y articulación con el Plan Colombia 2.0”.
En cuanto a la Reforma Rural Integral, dijo que va acelerar la restitución y formalización de tierras, “con titulación condicionada que impida la reocupación por economías ilegales”.
Sobre el punto de reincorporación, Valencia planteó mantener garantías productivas, de vivienda y salud para los excombatientes que cumplan el Acuerdo, aunque advirtió que habrá “rigor pleno” frente a quienes hayan reincidido en actividades criminales.
La candidata también propuso ajustes a varios de los mecanismos surgidos tras la firma del pacto. Sobre la JEP, aseguró que respetará su mandato, pero exigirá “sanciones reales y verificables” para los máximos responsables, una mayor articulación con la justicia ordinaria y el cumplimiento estricto de los compromisos de verdad y reparación. “Verdad sin sanción no es justicia transicional”, señaló.
En cuanto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Valencia planteó una “reingeniería profunda”. Según explicó, mantendría los componentes que funcionan y reemplazaría los que no por modelos de sustitución “viable, con compra garantizada y, donde sea operativamente necesario, recuperación del control territorial con erradicación y aspersión técnica”.
Otro de los puntos que plantea es centralizar la coordinación de la implementación en una sola consejería, con metas trimestrales públicas. “Hoy hay rezagos serios en coordinación, ejecución presupuestal y enfoque territorial; se corrigen”, señaló Valencia.
La candidata del uribismo dice que el Acuerdo es una obligación del Estado: "Lo voy a implementar mejor de lo que se ha hecho, con la convicción de que la paz se construye con autoridad, justicia y desarrollo, no con concesiones a los violentos".
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