Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Jurisdicción Agraria, una de las apuestas más importantes para resolver conflictos históricos por la tierra en Colombia y uno de los compromisos centrales del Acuerdo de Paz de 2016, entra en su fase más crítica.
A menos de un mes de que termine la legislatura del Congreso, organizaciones campesinas anunciaron un paro nacional para este 20 de mayo con el fin de presionar la aprobación de la ley ordinaria que permitiría poner en marcha el nuevo sistema judicial especializado en asuntos agrarios.
La movilización fue convocada por organizaciones campesinas y respaldada públicamente por la Agencia Nacional de Tierras, que llamó a “movilizarse por el respeto y la protección del campesinado”. El pasado 14 de mayo el presidente -a través de su cuenta de X- convocó a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a iniciar “la coordinación social para iniciar la gran lucha por la tierra”.
Según las organizaciones convocantes, la protesta busca evitar que la reforma “se hunda” en el Congreso luego de varios meses de retrasos y controversias jurídicas, pese a varios mensajes de urgencia enviados por el Gobierno.
El proyecto atraviesa una semana clave en el Capitolio. Hace unos días parte de su trámite avanzó en la Cámara de Representantes al aprobarse la ponencia tras un acuerdo político con la oposición. Sin embargo, todavía enfrenta obstáculos políticos y técnicos antes de convertirse en ley. En plata blanca aún le quedan las dos sesiones en ambas plenarias del Congreso y luego el trámite de conciliación.
La ley estatutaria de jurisdicción agraria fue creada mediante una reforma constitucional aprobada en 2023 y sancionada por el presidente Gustavo Petro en marzo pasado. Su objetivo es establecer jueces y tribunales especializados para resolver disputas sobre tierras, formalización de predios, conflictos rurales y acceso a derechos en el campo, un vacío histórico que distintas organizaciones han señalado como una de las raíces de la violencia rural. El Acto Legislativo también fue aprobado.
Pero para que pueda operar plenamente, todavía falta la aprobación de la ley ordinaria que define competencias, funcionamiento y estructura institucional. Esa discusión se encuentra contra el reloj porque si no se aprueba antes del cierre de la actual legislatura el próximo 17 de junio -aunque podría haber sesiones extraordinarias-, el proyecto se hundiría.
El artículo 9, la ANT y las dudas de la Corte Suprema
El punto que más ha generado discordia es un parágrafo del artículo 9 del articulado que permitiría, según algunos sectores que decisiones clave de tierras queden en manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en lugar de los jueces.
Este tema ha tomado aún más relevancia esta semana tras el concepto de la Corte Suprema de Justicia donde expresaba sus preocupaciones por el papel de la ANT dentro de todo el sistema de justicia agraria.
El alto tribunal aclaró que no cuestiona las funciones de adjudicación que actualmente tiene la ANT -sobre baldíos, extinción de dominio, deslindes entre otros-, sí encendió las alertas porque varios de esos procedimientos quedarían, en la práctica, bajo el manejo predominante de una autoridad administrativa y no de jueces especializados.
El jurista Rodrigo Uprimny cuestionó algunos de los argumentos de la Corte en ese sentido. En una columna publicada en El Espectador este fin de semana, Uprimny sostuvo que algunas interpretaciones sobre el papel de la ANT exageran los riesgos jurídicos y denota el “precario conocimiento” de la Corte Suprema sobre temas agrarios.
“El documento entregado por la Corte Suprema de Justicia al Congreso propone una reforma al artículo 9 del proyecto en que transfiere esa competencia a los jueces. Esto no es un error menor y muestra que el conocimiento de la corte de elementos básicos del derecho agrario es precario. Por eso es que me parece tan negativo que en 2023 la corte se hubiera opuesto a la creación de una nueva corte agraria como órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria por considerarla una carga burocrática innecesaria. El Congreso le creyó, por lo cual no habrá una corte agraria especializada. Esto debilita la consolidación de un derecho agrario coherente, con sus principios propios y conocimiento apropiado de la realidad rural. Ojalá esta vez el Congreso no le crea en estos puntos a la Corte Suprema”, señaló en esa Colombia.
Para Uprimny, la discusión no debería centrarse en desmontar el proyecto sino en ajustar mecanismos que garanticen independencia judicial sin frenar la creación de una justicia especializada para el campo.
De acuerdo con el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, uno de los congresistas que más ha impulsado el proyecto, aún hay tiempo para lograr la aprobación de la ley ordinaria, aunque advierte que hay al tema de la ANT se han sumado otros “peros” de la oposición como el tema de que la ley tenga enfoques diferenciales e interseccionales -género y étnico- y otros sobre las competencias.
La jurisdicción agraria es considerada una de las piezas pendientes más importantes de la Reforma Rural Integral pactada entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016.
Diversos informes de seguimiento, como el que la semana pasado presentó el Instituyo Kroc y que es el oficial sobre la implementación del Acuerdo de Paz, han advertido que los avances en acceso y formalización de tierras siguen siendo limitados y que la ausencia de mecanismos judiciales especializados ha dificultado resolver conflictos históricos sobre propiedad rural.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.