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Todo apunta, con base en el preconteo que le da 12.959.515 votos, que Abelardo de la Espriella sería el presidente electo de Colombia.
Su campaña estuvo marcada por un discurso de mano dura, la recuperación a ultranza del control territorial y el rechazo a las negociaciones de paz con grupos armados. Si el escrutinio confirma su victoria -apenas tiene una diferencia de 250.820 con Iván Cepeda que suma 12.708.695 - su gobierno entraría desde el 7 de agosto en una fase en la que las promesas tendrán que traducirse en resultados concretos en materia de seguridad, en medio de un escenario de violencia fragmentado, con actores armados más dispersos y dinámicas territoriales que ya no responden a los esquemas tradicionales de contención estatal.
El nuevo mandatario heredará al menos nueve procesos de negociación abiertos por el gobierno de Gustavo Petro con distintos grupos armados, territorios atravesados por disputas entre organizaciones criminales, una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en funcionamiento y un Acuerdo de Paz que, a punto de cumplir diez años, sigue acumulando avances y pendientes. Un panorama sobre el cual deberá decidir si desmonta todo de un tajo o lo transforma en algo más.
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Los expertos consultados por Colombia+20 coinciden en que la guerra interna con la que se encontrará De la Espriella ya no está protagonizada exclusivamente por guerrillas o estructuras ilegales tradicionales.
“La expansión y fragmentación de los grupos armados ha hecho que ya no dependen exclusivamente del narcotráfico, sino que combinan múltiples fuentes de financiación como la minería ilegal, la extorsión, la apropiación de recursos públicos, la deforestación y otras economías legales e ilegales que operan de manera articulada”, explica Javier Flórez, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Las consecuencias de esa transformación ya son visibles en los territorios. Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sostiene que el país enfrenta hoy una crisis humanitaria mucho más compleja que la de hace una década. Según explica, “las estructuras han logrado consolidar unas formas de control territorial o unos regímenes locales en aproximadamente unos 300 municipios del país”, señala el investigador.
Durante el último año y medio las cifras de distintas formas de violencia han aumentado de manera simultánea. Un informe reciente de la FIP señala que el impacto humanitario se triplicó, con más de 1,6 millones de personas afectadas. El documento advierte además que el próximo gobierno recibirá indicadores en deterioro. El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes se mantiene en niveles críticos, con 908 casos reportados entre 2024 y 2025 por la Defensoría del Pueblo. A esto se suma un aumento del 12 % en los confinamientos, del 85 % en los desplazamientos forzados y del 133 % en los secuestros frente al 2024.
El escenario de la “mano dura” que propone De la Espriella plantea una pregunta de fondo para su gobierno: ¿Cómo va recuperar el control territorial sin profundizar los costos humanitarios? Esta duda no es menor si se tiene en cuenta que la apuesta del presidente electo pasa por privilegiar la acción militar y eliminar las mesas de negociación con las estructuras ilegales.
De allí se desprende uno de los principales desafíos para el nuevo gobierno, que será garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en medio de una eventual intensificación de las operaciones ofensivas. “Siempre que hay una estrategia de confrontación, hay violencia, porque ese es precisamente su propósito. Es posible que una política enfocada únicamente en operaciones ofensivas genere una mayor afectación humanitaria. Ese riesgo siempre existe cuando la respuesta se concentra en lo militar”, advierte Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group.
La promesa del presidente electo de recuperar el control territorial en 90 días también abre interrogantes sobre las herramientas con las que pretende hacerlo. Para Ángela Olaya, directora de la Fundación Conflict Responses (CORE), detrás de esa propuesta parece existir la idea de que un aumento de las operaciones militares será suficiente para revertir la expansión de los grupos armados. “Eso parte de un principio que ya está ocurriendo: las Fuerzas Militares están activas en este momento con operativos, y no hay ningún elemento que nos diga que solo por un cambio de gobierno se activaría o se recuperaría el control territorial. Esta idea de aumentar los combates no mejora las condiciones en absoluto; los combates son solo una herramienta que realmente no es la mejor para frenar el crecimiento del número de combatientes de los grupos”, afirma.
Además hay limitaciones en las capacidades de la Fuerza Pública que podrían condicionar cualquier estrategia basada en una mayor presión militar. “Se ha venido debilitando un poco por falta de inversión, falta de nuevos equipos, por ejemplo aeronaves, helicópteros y mantenimiento. También el número de integrantes ha venido bajando con el paso del tiempo por la falta de servicio obligatorio y por la transición social después del Acuerdo de Paz de 2016, que redujo el interés de muchos jóvenes en ingresar a la fuerza pública”, señala Dickinson.
Es una preocupación que también comparte Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (FIP), quien considera que una de las principales dificultades para el nuevo mandatario será comprender las capacidades reales del sector seguridad y defensa. “Da la sensación de que Abelardo de la Espriella cree que tenemos más militares de los que tenemos y que existen menos restricciones de las que realmente existen”, afirma.
El futuro de las Zonas de Ubicación Temporal
La idea de De la Espriella de eliminar las negociaciones de paz con los grupos armados no solo trae consigo la preocupaciones sobre qué pasará con la protección civil, sino con las Zonas de Ubicación Temporal, un mecanismo diseñado en el marco de la paz total del presidente Gustavo Petro para que miembros de los grupos armados hagan su tránsito a la vida civil. La pregunta se hace inevitable, porque el pasado 18 de junio justamente comenzó a funcionar una de ellas en Putumayo para 99 integrantes de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza.
Para el investigador Flórez, bajo el gobierno de De la Espriella el escenario más probable sería la eliminación de esos espacios como parte de su estrategia enfocada en recuperar una política de seguridad basada en la acción coercitiva del Estado. “Sin embargo, el principal riesgo no radica en su cierre, sino en la forma en que este se produzca. Un desmonte acelerado o sin reglas claras podría generar incertidumbre jurídica y política para los integrantes concentrados, incentivar la dispersión de combatientes, facilitar procesos de rearticulación criminal y abrir nuevas disputas territoriales en regiones ya afectadas por la violencia. Por ello, cualquier decisión de cierre debería estar acompañada de una estrategia explícita de transición que defina responsabilidades institucionales, mecanismos de verificación, rutas de judicialización o sometimiento, control sobre armas y economías ilegales, y medidas de protección para las comunidades”, señala el investigador de la FIP.
Para la directora Olaya, aún si existe una decisión política para desmontar estos espacios, los tiempos administrativos e institucionales del Estado hacen imposible que una medida de este tipo tenga efectos inmediatos. “Porque se dé una directriz no significa que ocurra inmediatamente. Hay un montón de procesos que deben cumplirse y eso también permite generar una serie de alistamientos”, señala.
¿Qué pasará con el Acuerdo de Paz?
Otro de los retos que tendrá el presidente electo es qué hacer con el Acuerdo de Paz del que ha sido uno de sus críticos más feroces. La implementación del pacto que cumple 10 años no aparece en el plan de Gobierno de De la Espriella y, de hecho, ha señalado que si de él dependiera, eliminaría “con un plumazo” algunos de sus componentes como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Modificar la arquitectura institucional creada tras el Acuerdo de Paz, explica la directora de CORE, podría abrir tensiones que trascienden la política interna. El proceso fue respaldado por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y una amplia red de cooperación internacional que ha acompañado financieramente buena parte de su implementación.
“El Acuerdo de Paz es un compromiso en el que participaron países acompañantes y una cooperación internacional que apostó por la paz no solo con capital simbólico sino también con financiación. Hay un riesgo de incumplir compromisos internacionales y ahí hay que tener mucho cuidado”, advierte Olaya.
La investigadora sostiene que la discusión resulta especialmente sensible en el caso de la JEP, que además de juzgar a responsables del conflicto se ha convertido en una herramienta para el esclarecimiento de verdad y la reparación de las víctimas.
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El desafío se vuelve aún más complejo por uno de los problemas más persistentes de la implementación, el asesinato de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, una realidad que el próximo gobierno tendrá que enfrentar independientemente de su posición frente a lo pactado en La Habana.
Para González, uno de los errores más frecuentes –en el que podría incurrir De la Espriella– consiste en atribuir estos crímenes exclusivamente a la confrontación armada. “A los líderes sociales no los asesinan únicamente en el marco del conflicto armado. Muchas veces el grupo armado ejecuta la amenaza o el homicidio, pero detrás existen intereses económicos, disputas por tierras, minería ilegal o conflictos relacionados con otras rentas criminales”, explica.
Esa complejidad obliga a pensar en respuestas más amplias que los esquemas tradicionales de protección individual. desafío para el próximo gobierno será intervenir los factores territoriales que permiten que estas amenazas se reproduzcan.
Narcotráfico y economías ilegales
El panorama de lucha contra el narcotráfico que recibirá Abelardo de la Espriella no será sencillo. Según la FIP, el país alcanzó las 253.000 hectáreas de coca en 2023, un aumento acompañado por un crecimiento del 53 % en la productividad de los cultivos, que elevó la producción potencial de cocaína a más de 2.600 toneladas. Algunas estimaciones citadas por la organización indican que esta economía ilícita podría representar hasta el 4,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
El desafío se da además en un contexto de tensiones con Estados Unidos. En septiembre de 2025, Colombia fue descertificada por el gobierno de Donald Trump en materia de lucha contra las drogas, una decisión que no se tomaba desde 1997.
Con ese panorama de frente, Dickinson plantea que el nuevo mandatario tendrá que equilibrar las exigencias de Washington con las lecciones que han dejado décadas de políticas antidrogas centradas solo en la reducción de la oferta.
“Va a enfrentar exigencias muy altas por parte de Estados Unidos en cuanto a la política de lucha contra el narcotráfico. Es necesario priorizar la protección de la población, porque algo muy importante del conflicto hoy en día es que los grupos criminales y los grupos armados derivan su poder de su capacidad de socavar el tejido social y dominar la sociedad; es decir, silenciar a la población. Si se puede enfocar en proporcionar una mayor protección a la población, eso puede debilitar el poder de esas mismas organizaciones y el control territorial que mantienen, el cual facilita el negocio ilícito”, afirma.
Ese equilibrio será un reto complejo para De la Espriella si se tiene en cuenta su cercanía con Estados Unidos y su alineación frente a las exigencias del gobierno de Donald Trump, a quien en reiteradas ocasiones ha dicho que admira.
De ahí se explica por qué la apuesta del nuevo presidente se enfoca en la destrucción de las miles de hectáreas de coca del país a través de de todas las herramientas que “permite la ley y la tecnología”, como la fumigación aérea –que la Corte Constitucional tiene suspendida–, erradicación manual, persecución a los capitales del narcotráfico, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición.
Para el investigador Flórez, el principal riesgo de este enfoque es volver a medir el éxito únicamente en hectáreas erradicadas, sin intervenir las condiciones territoriales que sostienen la economía de la coca. También plantea la necesidad de evitar efectos como la conflictividad social, la resiembra y las afectaciones a familias con compromisos pendientes del Estado.
El debate, sin embargo, no se limita al equilibrio entre presión internacional y acción estatal. Para González, el narcotráfico involucra actores y dinámicas distintas, lo que impide abordarlo con una única estrategia.
El investigador distingue al menos dos eslabones que requieren respuestas diferenciadas. Por un lado, los campesinos cultivadores, donde el desafío es fortalecer mecanismos de sustitución que han funcionado desde la época del Plan Colombia -del que De la Espriella quiere hacer una nueva versión-, ampliar alternativas económicas y garantizar condiciones como el acceso y la titulación de tierras. Por otro, el eslabón del tráfico y la comercialización, donde la respuesta recae en la investigación, la judicialización y la incautación, pero también en la cooperación con países consumidores, como Estados Unidos.
“La política de drogas no depende únicamente de las decisiones que tome el gobierno colombiano, sino también, en buena medida, de las políticas de Estados Unidos y de otros países consumidores. Ese es un reto que tendría que asumir”, advierte González.
A este panorama se suma la creciente diversificación de las rentas ilegales. La minería ilegal, el tráfico de fauna y flora, el tráfico de armas, el acaparamiento de tierras, el contrabando y la extorsión se han convertido en fuentes adicionales de financiación para estructuras criminales, cada vez más conectadas con sectores de la economía formal en distintos territorios del país.
Para Olaya, este fenómeno representa un desafío adicional en un contexto de déficit fiscal e incertidumbre económica. Advierte que el peso de la informalidad puede convertirse en un factor de riesgo si se deterioran las condiciones económicas, en la medida en que las estructuras criminales podrían ampliar su capacidad de captación de población y de recursos.
“Si empezamos a tener una crisis económica con despidos masivos —o incluso no masivos, pero sí en ciertos sectores—, el riesgo es que esa economía informal absorba a muchas personas y termine siendo un anclaje”, señala. En ese escenario, agrega, podría aumentar el lavado de dinero y, con ello, el fortalecimiento del control de las gobernanzas criminales en distintas regiones del país.
La seguridad en la frontera, otro reto
La situación de violencia en el país es especialmente delicada en varias zonas fronterizas de Colombia con Venezuela, Perú y Ecuador. Los grupos armados operan a ambos lados de los límites nacionales y aprovechan corredores transnacionales para construir sus redes económicas. En ese contexto, la zona limítrofe con seguirá siendo para el nuevo gobierno uno de sus mayores retos.
“Tenemos grupos con un nivel de articulación lo suficientemente maduro como para que esas zonas se conviertan en escenarios de disputa. En Perú ya lo estamos viendo; en Ecuador también, con el tema de Los Choneros y las disputas que existen allí. Entonces, creo que eso nos pone en una situación en la que la cooperación en inteligencia va a ser importante”, explica Olaya.
Para González, hay que fortalecer la frontera. “Eso va mucho más allá de aumentar la presencia de la Fuerza Pública. Significa transformar las economías de esos territorio”, señala.
Los expertos coinciden en que el país que recibirá es más complejo que el de hace una década, con grupos armados más fragmentados, economías criminales más diversificadas y una crisis humanitaria que sigue golpeando a amplias regiones del país. Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, y tras cuatro años de intentos por ampliar los procesos de diálogos de paz, el nuevo gobierno tendrá que demostrar que puede contener la guerra con una estrategia de seguridad que no pase por encima del DIH.
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