Casi 500 exguerrilleros de FARC aspirarían en elecciones: habla directora de ARN

Alejandra Miller es economista. En enero de 2023 se posesionó como directora de la Agencia para Reincorporación y Normalización (ARN).

Foto: Óscar Pérez

Alejandra Miller cumplió esta semana seis meses como directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la entidad que lidera los programas para el tránsito a la vida civil de los excombatientes de grupos armados ilegales.

La economista caleña, que formó parte de la Comisión de la Verdad y lleva décadas trabajando con mujeres víctimas del conflicto, asegura que se le dio un vuelco al enfoque de la agencia, para poner en el centro la integralidad del cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016.

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En esta entrevista habla de los cambios que se han hecho en la ARN, y lo que se viene en temas como proyectos productivos, adjudicación de tierras, seguridad de los exmiembros de las FARC y traslados de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que han sido amenazados.

¿Qué se encontró en la ARN y qué cambios planteó?

Encontré un enfoque minimalista de la reincorporación, con muchas deficiencias en impulsar el tema colectivo. También había dificultades en la sostenibilidad económica de las personas en proceso de reincorporación, específicamente los proyectos productivos. Otro tema es que en la agencia no existía un reconocimiento de estas personas como sujetos políticos, sino que eran mirados como beneficiarios de programas.

¿Cómo busca cambiar ese “enfoque minimalista”?

La falta de reconocimiento de los firmantes del Acuerdo de Paz como actores políticos deriva en acciones que no reconocen que tienen otros derechos. El acuerdo habla de la necesidad de avanzar en la reincorporación económica, social y política. Cuando llegamos no encontramos ningún tipo de acción específica que fortaleciera, por ejemplo, el tema de la reincorporación política, pero también había otros que fueron muy complejos, como el acceso a la tierra para los firmantes, que había sido imposible. Eso es parte del enfoque que estamos cambiando: un enfoque minimalista versus un enfoque centrado en los derechos y en la integralidad del acuerdo.

Estamos ad portas de las elecciones regionales, que son uno de los escenarios de esa reincorporación política. ¿Qué se viene?

En la reincorporación hemos encontrado unos factores de arraigo que hacen que estas personas no vuelvan a la guerra: la familia, la tierra, la sostenibilidad económica... pero en un actor político como las antiguas FARC la participación política también es un factor de arraigo. Quienes se lanzan al Concejo, a la Alcaldía, a una Junta de Acción Comunal son personas que no se devuelven a esa guerra para la cual tienen una mano de obra cualificada. Identificamos que hay aproximadamente 500 firmantes de paz que tienen intenciones de aspirar para ser candidatos o candidatas en las próximas elecciones de octubre, en todo el país y para distintas corporaciones, y como parte de distintos partidos políticos.

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¿Cómo apoya ese proceso la ARN?

En este periodo electoral la agencia busca hacer una tarea de fortalecimiento y cualificación del liderazgo para la participación política, para que la gente que va a participar en las elecciones sepa cómo funciona el Estado, qué es un Plan de Desarrollo o un Plan de Gobierno y cómo se hacen, cómo funciona la democracia para que tengan herramientas que contribuyan a que si estas personas llegan a algún nivel de participación, hagan bien la tarea.

Una de sus apuestas ha sido asegurar el acceso a tierra para los excombatientes. De hecho ya se les empezaron a adjudicar predios, ¿eso cómo funciona?

Antes la normatividad no permitía que los y las firmantes del acuerdo de paz pudieran tener acceso a la tierra en la lógica de una reforma rural y una reforma agraria. La Agencia Nacional de Tierras actual cambió esa reglamentación y estamos trabajando en que puedan acceder a tierras fértiles y productivas para su proceso de reincorporación económica. La ARN se sube en el bus de la reforma agraria y yo creo que también hay una narrativa histórica asociada y es que muchos de estos firmantes fueron a la guerra precisamente por temas asociados al conflicto por la tierra y luego de muchos años firmaron un acuerdo de paz cuyo primer punto es el tema de la Reforma Rural Integral. ¿Por qué entonces quedarían excluidos de este proceso? Este Gobierno entiende que esos firmantes en su gran mayoría han sido campesinos y campesinas, y busca que puedan ser parte de esta implementación integral del acuerdo de paz.

¿Los firmantes que salieron de los ETCR también tienen derecho a tierras?

Hoy el 33% de las firmantes están en grandes y medianas ciudades y a veces sus proyectos cambian. Muchos nos han dicho que para ellos lo fundamental es la vivienda urbana, así que también estamos trabajando para que todo este tema tenga una opción real y estamos trabajando con la SAE (Sociedad de Activos Especiales) en la posibilidad de que aquellos proyectos productivos urbanos puedan tener algún nivel de acceso.

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Recientemente se aprobó el fondo de sostenibilidad de proyectos productivos, ¿cuál es la idea detrás de eso?

Un análisis del PNUD mostró hace unos meses que el 70 % de los proyectos productivos colectivos tenían alto riesgo de sostenibilidad, lo cual es una hecatombe. Estamos trabajando es darles un segundo aire. La idea es que haya un recurso para financiar los proyectos. También estamos trabajando en un fondo rotatorio que permita acceso al crédito a los firmantes que tienen proyectos individuales para que puedan acceder más fácilmente al crédito. Estamos trabajando una estrategia de empleabilidad, porque seis años después ya muchas personas ven que el tema de los emprendimientos es muy complejo, entonces muchos quieren tener trabajos estables.

También hay cambios en el tema de alimentación...

Se estaba entregando un paquete de alimentos a las personas que vivían en los ETCR, pero el 83 % de los firmantes están por fuera de estos. Eso significa que ese recurso realmente no estaba llegando a toda la comunidad, así que estamos dando un apoyo a la seguridad alimentaria con base en la canasta básica de alimentos del DANE, que es de 354.000 pesos más 72.000 pesos adicionales por cada hijo o hija menor de 12 años que tenga o adultos mayores que hagan parte del proceso de reincorporación.

Ellos mismos se encargan de administrar los recursos de alimentación, y estamos trabajando con los facilitadores de la agencia y las organizaciones de mujeres firmantes en establecer una veeduría que garantice que efectivamente esos recursos se inviertan en lo que deben invertirse y no haya mal uso. Empezamos un período de prueba de seis meses.

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Aunque esos apoyos son claves, para esta fecha no deberían existir, según lo estipulado en el Acuerdo de Paz. ¿Cómo lograr que realmente los firmantes tengan sostenibilidad económica?

Esa es nuestra preocupación y por eso no se puede quitar la renta básica si no tenemos una estrategia que permita realmente que esos proyectos productivos estén funcionando o que la gente tenga una estrategia de empleabilidad suficiente. En la medida en que nos funcionen los proyectos productivos, la dependencia de la renta básica será mucho menor y tendrá que tender a disminuir hasta desaparecer, pero por ahora estamos concentrados en este tema de fortalecer.

Hablando de plata, ¿cómo quedó la entidad en el Plan de Desarrollo? ¿Ya se sabe cómo se va a financiar el Programa de Reincorporación Integral?

En el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó el Sistema Nacional de Reincorporación, un avance muy importante porque en la reincorporación una parte depende de la agencia, pero otra grande depende de la institucionalidad y este sistema hace que se genere mayor compromiso. Hay unas acciones de este programa que están formuladas en términos de la reincorporación económica política, social, con los recursos corrientes de la agencia pero también, en el marco del sistema, con contribuciones de otras instituciones.

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La entrega de apoyos y tierras a excombatientes genera críticas entre las víctimas, que ven esto como “un premio a sus victimarios”. ¿Cómo explicarles esto y disminuir las tensiones?

Uno de nuestros grandes énfasis en lo que llamamos la reincorporación comunitaria, que es cómo preparamos a la sociedad para que comprenda lo que significa el proceso de reincorporación y lo acoja con un elemento que es fundamental y es que exista el tema de la reconciliación en el centro de ese proceso. Yo creo en la convicción de la verdad, sé de la enorme generosidad de las víctimas cuando entienden y comprenden, por supuesto cuando los responsables reconocen sus responsabilidades, así que estamos trabajando en un proceso que busca precisamente que sean las comunidades las que comprendan lo que significa que estas personas dejen las armas: para ellas, para la paz del país, para que sus hijos e hijas no vuelvan a ser victimizados. Son procesos de largo aliento que logran que no se genere este tema de disputas.

¿Esas actividades de reincorporación comunitaria cuentan como sanciones propias en el marco de lo establecido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

En este momento se está revisando cómo el proceso de reincorporación comunitaria puede ser validado en algunos momentos como parte de los TOAR (Trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador). Esto, porque ese proceso tiene en el centro el tema de la reconciliación por varias razones: el reconocimiento de responsabilidades, el trabajo con la comunidad frente a la no estigmatización y la resolución de conflictos, entre otros estamos conversando ya con la JEP en el marco de los pilotos que se están adelantando.

El secretario general de la ARN salió del cargo. ¿Qué pasó?

Él se posesionó el 1 de febrero. Era una persona que venía de la Comisión de la Verdad, con amplia trayectoria en el sector público. Cuando se posesiona adjunta sus documentos en regla, pero posteriormente hay una sanción sobreviniente por una multa con el Estado. En el marco de los tres meses que tenía para resolver ese tema no le informó a la entidad que tenía esa sanción, y ya cuando su recurso de apelacion sale negativo informa a la entidad, que inmediatamente acepta su renuncia. Dado que no informó, personalmente hice una solicitud a la Procuraduría General de la Nación para que abriera una investigación por el caso.

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Los asesinatos y desplazamientos de ex-FARC han sido el mayor lunar del proceso. ¿Cómo va el tema de seguridad?

Hay un tema estructural asociado a la reedición del conflicto armado en algunos lugares, pero la ARN no tiene directa competencia en eso. Ahora, si no resolvemos eso (como se está intentando con la negociación o el sometimiento detodos los grupos armados) la implementación va a quedar coja. Se está haciendo un esfuerzo mayor en las estrategias de protección de los ETCR y lugares en donde están agrupados los excombatientes y nos mantenemos revisando los temas de seguridad individual, pero si no avanzamos en el país en una apuesta estructural asociado a la paz con los grupos armados pues siempre va a ser una nube negra en el proceso de implementación y en el proceso de reincorporación.

¿En qué va el caso del ETCR de Mesetas, que tuvo que ser reubicado por amenazas de las disidencias, y qué otros están en riesgo?

Cuando se presentó la amenaza el Estado actuó de manera muy rápida. La oficina del alto comisionado adelantó gestiones que llevaron días después a que el grupo se retractara de la amenaza, y nosotros avanzamos en la búsqueda de la tierra. Ese ETCR tenía vocación de traslado, entonces lo que hicimos fue agilizar el proceso. Ya está la tierra y estamos en el proceso de iniciar todo el traslado de la gente que estaba allá, en donde vamos a hacer todo un proceso de reincorporación comunitaria productiva.

Hay otros seis ETCR que tienen más o menos condiciones similares, cuyas tierras no se han comprado, tienen vocación de traslado y que están además ubicados en territorios en donde hay un deterioro de las condiciones de seguridad para los firmantes. Estamos trabajando también con unas estrategias de agilizar esos traslados antes de que aparezca alguna amenaza.

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¿Y cómo sigue la situación de los firmantes de Vistahermosa, que también fueron amenazados y anunciaron que se desplazarían?

Se hizo un esfuerzo con la Policía y el Ejército para fortalecer la seguridad de la zona mientras avanzamos en la búsqueda de la tierra para hacer el traslado. Esto no se puede hacer de un día para otro, pero la Agencia Nacional de Tierra y la SAE han sido realmente ágiles. Esperamos tener una solución antes de que se cumpla un mes.

Muchas de esas amenazas vienen de antiguos compañeros en armas de los reincorporados, que forman parte de las disidencias. Con la “Paz Total” uno de los miedos es que se recicle la guerra. ¿Cuál es la clave para evitarlo?

El Alto Comisionado para la Paz dice que si nos suena la flauta con la “Paz Total” pueden haber alrededor de 20 o 25 mil personas que dejan las armas y que entran a procesos de reincorporación. Se tiene que avanzar en las transformaciones para que le vayamos quitando la base social y política a la guerra a través de esa reincorporación digna. El proceso de reincorporación es un tema técnico de estándares, de deberes, pero es fundamentalmente un tema político, de transformación de la sociedad, porque está asociada a la construcción de paz y la no repetición.