El Ejército de Liberación Nacional (ELN) levantó este lunes el paro armado que mantenía en el municipio de Bajo Baudó, en Chocó, informó la Defensoría del Pueblo, tras varios días de restricciones que profundizaron la crisis humanitaria en esta zona del país.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, la Defensoría habló sobre el impacto de estas acciones sobre la población civil y lanzó un llamado directo al grupo armado. “Reiteramos nuestro llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica”, así como los confinamientos que —advirtió— se han vuelto recurrentes en varias regiones del país. También insistió en que “el territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades”.
Aunque el paro fue levantado, la Defensoría advirtió que la situación en esa zona sigue siendo crítica. Las comunidades permanecen con miedo en medio de confrontaciones y presiones tanto del ELN como del Clan del Golfo, en una disputa que mantiene en riesgo a la población civil.
“Persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas”, dijo la Defensoría.
A este escenario se suma una advertencia de fondo sobre la posible expansión del conflicto. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertó el sábado sobre el riesgo de incursión de disidencias de las antiguas FARC en la región, lo que podría intensificar la disputa armada en el departamento. La mandataria local también denunció amenazas en su contra de parte del ELN en medio de la crisis.
En contexto: Alerta en Chocó por posible ingreso de disidencia de FARC en medio de paro armado del ELN
Durante los días de paro armado, al menos 25 comunidades —afrodescendientes e indígenas— resultaron afectadas por confinamientos, restricciones a la movilidad y limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación.
El bloqueo de los ríos —claves en esta región— impidió actividades básicas como la pesca, el transporte y el abastecimiento, según dijo la gobernadora Córdoba, que el sábado pudo repartir algunos kits para la población en la cabecera municipal de Pizarro, en el Bajo Baudó.
Más de 6.000 personas llegaron a estar confinadas en el municipio, dependiendo de ayudas para subsistir en medio del aislamiento.
En su pronunciamiento, la Defensoría insistió en que los grupos armados deben respetar el derecho internacional humanitario y mantener a la población civil al margen del conflicto.
Además, cuestionó la estigmatización de las autoridades locales, que —señaló— cumplen su labor en condiciones adversas, muchas veces impedidas por la presencia y control de actores ilegales.
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