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Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene una vasta experiencia en entender -y promover- derechos humanos en contextos de vulneración en Latinoamérica.
La mayor parte de su trabajo ha sido en Argentina, donde se enfocó en la lucha por la equidad de género y los derechos de las mujeres. Pero también ha podido conocer de cerca las problemáticas más profundas de otros países de Suramérica como Guatemala, Uruguay, México y Colombia, por nombrar algunos.
García Muñoz estuvo en Colombia en el VII Foro Regional sobre empresas y derechos humanos, que se llevó a cabo en Bogotá del 13 al 15 de julio pasado y que organizó la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Allí expuso su preocupación por el riesgo que viven los líderes sociales. En entrevista con El Espectador dice que celebra que estemos cerca de ratificar el Acuerdo de Escazú -que entre otra cosas brinda protección para líderes y defensores del medioambiente- y habla con vehemencia sobre los riesgos del glifosato en la lucha contra las drogas en el país.
¿Cuáles son los retos que identifican sobre Colombia desde su oficina?
Hay un gran desafío compartido en toda la región que consiste en trascender el paradigma de la ‘responsabilidad social empresarial’ a uno que se base en empresas con derechos humanos. Hay que reconocer los impactos positivos y negativos que pueden generar algunos sectores empresariales, muy especialmente hacia las personas en mayor situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos (…) Este tema hay que abordarlo desde lo que en Colombia es el enfoque diferencial y la perspectiva de igualdad de género. En nuestro informe anual 2021 reconocemos los avances que hay en el tema, como la reactivación económica de este gobierno, pero también los desafíos que existen.
También creemos que es importante reconocer retos distintos, como la situación de riesgo que viven personas defensoras de derechos humanos en el país y, particularmente, los y las defensoras de la tierra y el medioambiente. Lamentablemente Colombia ha sido declarado, por segundo año consecutivo en esta región, como el país más riesgoso del planeta para defender la naturaleza, el planeta y los territorios.
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El Informe Final que entregó hace poco más de un mes la Comisión de la Verdad tiene un apartado alrededor de los impactos a la salud y a los territorios de la aspersión con glifosato a cultivos de hoja de coca. ¿Cuál es la mirada de su oficina sobre el uso de ese químico?
Junto con otras relatorías especiales hemos recomendado prohibir esa práctica, considerando que la misma entraña riesgos para la salud, como también para el medioambiente. Hemos venido siguiendo el tema del glifosato con bastante preocupación. Creemos que es un tema que amerita también un enfoque de derechos humanos y que conlleva riesgos graves, tanto para las personas como para los cultivos. Hay también un riesgo sobre el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Recomendamos que las aspersiones con glifosato no sean la herramienta que se utilice para esos fines.
El nuevo Congreso de la República pasó a tercer debate la ratificación del Acuerdo de Escazú. ¿Eso qué podría significar para Colombia en medio del contexto de conflicto armado que vivimos ahora?
Nosotros venimos haciendo un llamado a que los países de la región ratifiquen el Acuerdo de Escazú, por considerarlo un tratado clave para resguardar tanto al medio ambiente como a aquellas personas que lo defienden. En esa línea, quisiera animar a que se avance con celeridad en dicha dirección: Colombia es uno de los 24 Estados que han firmado el Acuerdo de Escazú y sería un gran paso que lo ratifique de manera que pueda entrar en vigor para el país. Dado que la paz debe construirse con un enfoque de derechos humanos en su integralidad y atendiendo los temas más urgentes de la agenda, la ratificación del Acuerdo de Escazú y la implementación de las medidas que este contempla serán una importante contribución en materia de respeto y cuidado del medio ambiente. También para abordar una problemática especialmente grave para Colombia, como es la protección de las y los defensores de la naturaleza, quienes son amenazados o asesinados por oponerse a las industrias extractivas o megaproyectos.
En todo caso, las obligaciones del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos hechos, así como de garantizar el acceso a mecanismos efectivos de reparación frente a las violaciones de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, y en el caso en particular, de líderes ambientales, se encuentran vigentes, como reiteradamente la CIDH y la Redesca le han instado a Colombia. No obstante, mientras más salvaguardas haya para la protección de las personas defensoras del medioambiente, mayor será la capacidad de hacer frente a los conflictos socioambientales.
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El nuevo gobierno ha dicho que una de sus prioridades en materia agraria será adelantar una reforma en ese sector que potenciaría las economías campesinas. ¿Cómo debería hacerse?
Una de nuestras líneas estratégicas es justamente la relativa a las políticas fiscales y económicas. Para tal fin, se requiere que tales políticas incluyan una mirada particular hacia aquellos colectivos y personas que históricamente han sido relegados y han estado en mayor situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, las poblaciones campesinas, entre otras. En cuanto a la Reforma Rural Integral, tal como fue establecido recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos humanos en su informe de seguimiento de recomendaciones a Colombia, es necesario reconocer que la inequidad y las dificultades de acceso a la tierra son uno de los componentes centrales de la conflictividad social existente en el país- Por ello se requiere que el Estado redoble sus esfuerzos en la implementación integral del punto 1 del Acuerdo de Paz. Además, debe consolidar los procesos de transformación estructural para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
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Hay un megaproyecto en Colombia en el Canal del Dique que se iba adjudicar antes de que saliera el presidente Iván Duque, sin embargo allí hay denuncias de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo abordar estas problemáticas que ponen en vilo asuntos económicos con la voluntad de las comunidades?
Tomo nota de la situación que plantea y recabaremos información para dar el debido seguimiento. En todo caso, es fundamental comprender que las actividades empresariales y la protección de los derechos humanos están íntimamente relacionadas. La agenda de empresas y derechos humanos es muy importante para Colombia y para la región en su conjunto, pues las empresas, tanto públicas como privadas, desempeñan un papel fundamental en asegurar que nuestras sociedades prosperen. Precisamente por la relevancia del rol de las empresas en el bienestar de las personas y de nuestros entornos, es que el sector empresarial debe asumir una participación responsable en el respeto a todos y cada uno de los derechos humanos sin medias tintas. Los Estados están obligados a garantizar que así ocurra.
Justamente sobre este tema estuvieron hablando ustedes en Colombia hace poco en el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos. ¿Qué conclusiones surgieron de allí?
Sí, ese foro se realizó del 13 al 15 de julio en Bogotá y fue un espacio que nos brindó la oportunidad de compartir los estándares y recomendaciones que hemos desarrollado desde el Sistema Interamericano a partir de nuestro informe “Empresas y Derechos humanos: Estándares Interamericanos”.
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Este informe identifica una serie de criterios interamericanos, partiendo de que las personas y la dignidad humana tienen que estar en el centro cuando hablamos de empresas, además de otros criterios como el respeto al medio ambiente. La centralidad de la persona y la dignidad humana deben estar por encima cuando hablamos de desarrollo, entendiendo que el crecimiento económico es importante pero no se puede hacer a costa de los derechos contra la dignidad. Se debe propiciar que la economía esté al servicio de la gente, de la naturaleza.