En Ituango, campesinos y excombatientes se unieron en acto de memoria para rechazar la violencia

En una pared que está a la entrada de Santa Lucía fueron pintados los nombres de quince personas, entre ellas 11 exguerrilleros y 4 habitantes de la zona, asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno Nacional en esta región. 

El mural lo encabeza el nombre de Manuel Antonio González Buelvas, excombatiente asesinado el pasado 13 de diciembre en inmediaciones del espacio territorial de reincorporación, donde se destacó por su total entrega al proyecto colectivo de ganadería. El joven, pque avanzaba en su proceso de reincorporación a la vida civil, era hijo de Manuel González, conocido como Elmer Arrieta, excomandante del frente 18 de las Farc, quien en las pasadas elecciones de octubre fue candidato por el partido FARC a la asamblea departamental de Antioquia.

También fueron plasmados los nombres de los excombatientes asesinados este año, entre ellos: Leandro Chavarría (15 de julio); Sebastián Carvajal (29 de octubre); César Pérez (muerto tras pisar una mina antipersonal el 2 de febrero); y Armando Duarte (en marzo).

(Lea: En Ituango, los excombatientes de las Farc ya tienen tierra, pero temen por su vida) 

De igual forma, quedaron inscritos en el mural de la memoria los nombres de los civiles Yeison Amaya, muerto el 11 de septiembre de 2018; Ferney Correa, asesinado en mayo de este año;  Sebastián Espinal, desaparecido en junio de este año; y Bernardo Chancí, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Agustín de Leones, asesinado el 24 de  noviembre de este año.

Este primer acto de memoria colectiva se realizó este martes, 17 de diciembre, luego de una caminata en la que participaron excombatientes y pobladores civiles de Santa Lucía y de San Agustín de Leones, quienes en un acto de valentía decidieron sacudir sus miedos y salir de sus casas para participar en una caminata pacífica en rechazo a los actos de violencia que se vienen registrando y a los incumplimientos del Gobierno Nacional en la implementación del Acuerdo de Paz.

(Lea también: La Farc denuncia asesinato de uno de sus miembros en el Valle del Cauca) 

A 500 metros del mural de memoria colectiva pintado hoy, se encuentra otro en el ETCR que señala con letras grandes: “Intentaron enterrarnos sin saber que éramos semillas”. Este mural, hecho por excombatientes del frente 18 de las Farc y que permanece desde que tomaron posesión de la zona, luego de aceptar reincorporarse a la vida civil y económica, cobra importancia hoy por los actos criminales de los que han sido víctimas.

La semilla de la paz que se expandió por todas las veredas y que ha empezado a dar sus primeros frutos, corre peligro de ser arrancada por los grupos armados que amenazan con eliminar a los excombatientes, líderes comunales, habitantes y todo aquel que promueven la implementación del Acuerdo de Paz en esta zona asentada al pie de Nudo Paramillo, corredor estratégico de las disidencias, caparros y gaitanistas, que disputan el territorio.

¿Cómo se construye paz en medio del confinamiento?, se preguntaban ayer los moradores de Santa Lucía y San Agustín de Leones, dos veredas distantes del municipio de Ituango, en el norte antioqueño, conectadas a dos horas de camino y cuyas comunidades denunciaron estar acorraladas en su propio territorio debido a las amenazas y al incremento de los asesinatos.

Los temores de arrancar la semilla de la paz se cumplen por cuenta de lo que parece ser el anuncio del exterminio de quienes promueven la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno nacional y las guerrillas de las Farc, y que se evidencian en los asesinatos.

(Le puede interesar: El Gobierno ha entendido que la tierra es esencial para los excombatientes: Andrés Stapper) 

Estos crímenes tienen en vilo el proceso de reincorporación a la vida civil de los otros exguerrilleros concentrados en el ETCR Santa Lucía y la anhelada tranquilidad de los pobladores de la zona, que están muy desmotivados por los últimos hechos de violencia. Por esta razón se abstienen de salir a la zona montañosa donde desarrollan sus proyectos agropecuarios por temor a ser las próximas víctimas de los grupos armados, por lo que advierten del fatal desenlace que puede tener el proceso de paz en Ituango por cuenta de la falta de garantías de seguridad en la zona.

“No estamos nada contentos con esto que está pasando, no estamos dispuesto a seguir tolerando más esta situación, no vemos las garantías para hacer la reincorporación, la construcción de paz nos está costando la vida”, manifestó John Taborda, líder de los procesos comunitarios del ETCR Santa Lucía, quien hizo un llamado al Gobierno para que dirija su mirada a estas veredas confinadas por la violencia en aras de que implemente urgentemente una estrategia de acompañamiento institucional íntegra que pueda devolverles la seguridad a sus moradores y continuar con el proceso de reincorporación.

Por su parte, Oleander Granda, excombatiente y ahora líder comunitario de la vereda San Agustín de Leones, dijo que el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector, Bernardo de Jesús Chancí, el pasado 26 de noviembre, significó para su comunidad querer enterrar las ilusiones de paz de su pueblo. “Estamos abandonados totalmente. Es doloroso cuando una organización alzada en armas hace un acuerdo de paz con un Gobierno, firma un tratado y sea tan irresponsable al hacerlo solo con el fin de acorralar a unas personas para asesinarlas, así lo siento porque no es solamente aquí en Ituango, donde tenemos hasta el momento 19 compañeros asesinados, sino también a nivel nacional, donde la cantidad de muertos que tenemos de líderes, lideresas, excombatientes y no excombatientes son muchos”, precisó.

Bernardo de Jesús Chancí, lideraba el proceso de sustitución de cultivos ilícitos en San Agustín de Leones y aunque no se conocieron amenazas en su contra, la Defensoría del Pueblo sí había emitido alertas tempranas sobre los riesgos que afronta la comunidad en este sector, pero las respuestas del Estado para brindarle garantías a esta comunidad, nunca llegaron. “Desde que firmamos el acuerdo y entregamos las armas, quedamos bajo la protección del Estado, pero no tenemos protección, si la tuviéramos no sucedieran estos hechos tan dolorosos con nuestros líderes y amigos que viven en las veredas. En este momento en el ETCR de Ituango estamos sin poder movernos, esperando que nos ayuden, que las entidades vengan, nos acompañen, no desde la capital y del municipio, sino desde la zona porque necesitamos trabajar en conjunto, todos los que queremos la paz”, sostuvo Granda.

Según Granda, no solo quieren acabar con los excombatientes sino con el partido político Farc y se une a las voces de alerta desde un rincón veredal de Ituango, en donde se encuentra confinado esperando que mejoren las condiciones para retornar a sus labores comunitarias. “Colombia continúa en guerra porque es la que da más recursos y saca pecho cuando hace un bombardeo. Cuando asesina a 10 o 20 son héroes y no se acuerdan a quienes mataron, y en este momento eso están buscando. Todo esto nos hace pensar que llegamos a la época de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, todo esto nos hace ver que a los que tienen el monopolio del país les interesa invertirle a la guerra todo lo que sea posible con tal de terminar los movimientos sociales y la pronuncia de los pueblos, porque en estos momentos quieren dejarnos sin voz. Los ocho grupos desmovilizados en Colombia han girado en torno a esas malas prácticas del Gobierno de descuidar la implementación y no desmontar el paramilitarismo”, reclamó el líder comunitario.

Excombatientes, líderes comunales y familiares de víctimas asesinadas unieron sus voces durante el acto de memoria de este martes y para pedirle a la sociedad civil acompañar el proceso de reincorporación en estos momentos críticos del Acuerdo de Paz, llamado que extendieron a los medios de comunicación para que no les den la espalda sino que le hagan seguimiento a los compromisos adquiriros por el Gobierno Nacional para la implementación desde los territorios.

Mientras el Gobierno llega con soluciones concretas, los excombatientes y demás pobladores de Santa Lucía y San Agustín, seguirán enviando mensajes de auxilio y de resistencia desde el ETCR, pidiéndole a los colombianos que salven el Acuerdo de Paz.

*Especial para Colombia2020

En una pared que está a la entrada de Santa Lucía fueron pintados los nombres de quince personas, entre ellas 11 exguerrilleros y 4 habitantes de la zona, asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno Nacional en esta región. 

El mural lo encabeza el nombre de Manuel Antonio González Buelvas, excombatiente asesinado el pasado 13 de diciembre en inmediaciones del espacio territorial de reincorporación, donde se destacó por su total entrega al proyecto colectivo de ganadería. El joven, pque avanzaba en su proceso de reincorporación a la vida civil, era hijo de Manuel González, conocido como Elmer Arrieta, excomandante del frente 18 de las Farc, quien en las pasadas elecciones de octubre fue candidato por el partido FARC a la asamblea departamental de Antioquia.

También fueron plasmados los nombres de los excombatientes asesinados este año, entre ellos: Leandro Chavarría (15 de julio); Sebastián Carvajal (29 de octubre); César Pérez (muerto tras pisar una mina antipersonal el 2 de febrero); y Armando Duarte (en marzo).

(Lea: En Ituango, los excombatientes de las Farc ya tienen tierra, pero temen por su vida) 

De igual forma, quedaron inscritos en el mural de la memoria los nombres de los civiles Yeison Amaya, muerto el 11 de septiembre de 2018; Ferney Correa, asesinado en mayo de este año;  Sebastián Espinal, desaparecido en junio de este año; y Bernardo Chancí, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Agustín de Leones, asesinado el 24 de  noviembre de este año.

Este primer acto de memoria colectiva se realizó este martes, 17 de diciembre, luego de una caminata en la que participaron excombatientes y pobladores civiles de Santa Lucía y de San Agustín de Leones, quienes en un acto de valentía decidieron sacudir sus miedos y salir de sus casas para participar en una caminata pacífica en rechazo a los actos de violencia que se vienen registrando y a los incumplimientos del Gobierno Nacional en la implementación del Acuerdo de Paz.

(Lea también: La Farc denuncia asesinato de uno de sus miembros en el Valle del Cauca) 

A 500 metros del mural de memoria colectiva pintado hoy, se encuentra otro en el ETCR que señala con letras grandes: “Intentaron enterrarnos sin saber que éramos semillas”. Este mural, hecho por excombatientes del frente 18 de las Farc y que permanece desde que tomaron posesión de la zona, luego de aceptar reincorporarse a la vida civil y económica, cobra importancia hoy por los actos criminales de los que han sido víctimas.

La semilla de la paz que se expandió por todas las veredas y que ha empezado a dar sus primeros frutos, corre peligro de ser arrancada por los grupos armados que amenazan con eliminar a los excombatientes, líderes comunales, habitantes y todo aquel que promueven la implementación del Acuerdo de Paz en esta zona asentada al pie de Nudo Paramillo, corredor estratégico de las disidencias, caparros y gaitanistas, que disputan el territorio.

¿Cómo se construye paz en medio del confinamiento?, se preguntaban ayer los moradores de Santa Lucía y San Agustín de Leones, dos veredas distantes del municipio de Ituango, en el norte antioqueño, conectadas a dos horas de camino y cuyas comunidades denunciaron estar acorraladas en su propio territorio debido a las amenazas y al incremento de los asesinatos.

Los temores de arrancar la semilla de la paz se cumplen por cuenta de lo que parece ser el anuncio del exterminio de quienes promueven la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno nacional y las guerrillas de las Farc, y que se evidencian en los asesinatos.

(Le puede interesar: El Gobierno ha entendido que la tierra es esencial para los excombatientes: Andrés Stapper) 

Estos crímenes tienen en vilo el proceso de reincorporación a la vida civil de los otros exguerrilleros concentrados en el ETCR Santa Lucía y la anhelada tranquilidad de los pobladores de la zona, que están muy desmotivados por los últimos hechos de violencia. Por esta razón se abstienen de salir a la zona montañosa donde desarrollan sus proyectos agropecuarios por temor a ser las próximas víctimas de los grupos armados, por lo que advierten del fatal desenlace que puede tener el proceso de paz en Ituango por cuenta de la falta de garantías de seguridad en la zona.

“No estamos nada contentos con esto que está pasando, no estamos dispuesto a seguir tolerando más esta situación, no vemos las garantías para hacer la reincorporación, la construcción de paz nos está costando la vida”, manifestó John Taborda, líder de los procesos comunitarios del ETCR Santa Lucía, quien hizo un llamado al Gobierno para que dirija su mirada a estas veredas confinadas por la violencia en aras de que implemente urgentemente una estrategia de acompañamiento institucional íntegra que pueda devolverles la seguridad a sus moradores y continuar con el proceso de reincorporación.

Por su parte, Oleander Granda, excombatiente y ahora líder comunitario de la vereda San Agustín de Leones, dijo que el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector, Bernardo de Jesús Chancí, el pasado 26 de noviembre, significó para su comunidad querer enterrar las ilusiones de paz de su pueblo. “Estamos abandonados totalmente. Es doloroso cuando una organización alzada en armas hace un acuerdo de paz con un Gobierno, firma un tratado y sea tan irresponsable al hacerlo solo con el fin de acorralar a unas personas para asesinarlas, así lo siento porque no es solamente aquí en Ituango, donde tenemos hasta el momento 19 compañeros asesinados, sino también a nivel nacional, donde la cantidad de muertos que tenemos de líderes, lideresas, excombatientes y no excombatientes son muchos”, precisó.

Bernardo de Jesús Chancí, lideraba el proceso de sustitución de cultivos ilícitos en San Agustín de Leones y aunque no se conocieron amenazas en su contra, la Defensoría del Pueblo sí había emitido alertas tempranas sobre los riesgos que afronta la comunidad en este sector, pero las respuestas del Estado para brindarle garantías a esta comunidad, nunca llegaron. “Desde que firmamos el acuerdo y entregamos las armas, quedamos bajo la protección del Estado, pero no tenemos protección, si la tuviéramos no sucedieran estos hechos tan dolorosos con nuestros líderes y amigos que viven en las veredas. En este momento en el ETCR de Ituango estamos sin poder movernos, esperando que nos ayuden, que las entidades vengan, nos acompañen, no desde la capital y del municipio, sino desde la zona porque necesitamos trabajar en conjunto, todos los que queremos la paz”, sostuvo Granda.

Según Granda, no solo quieren acabar con los excombatientes sino con el partido político Farc y se une a las voces de alerta desde un rincón veredal de Ituango, en donde se encuentra confinado esperando que mejoren las condiciones para retornar a sus labores comunitarias. “Colombia continúa en guerra porque es la que da más recursos y saca pecho cuando hace un bombardeo. Cuando asesina a 10 o 20 son héroes y no se acuerdan a quienes mataron, y en este momento eso están buscando. Todo esto nos hace pensar que llegamos a la época de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, todo esto nos hace ver que a los que tienen el monopolio del país les interesa invertirle a la guerra todo lo que sea posible con tal de terminar los movimientos sociales y la pronuncia de los pueblos, porque en estos momentos quieren dejarnos sin voz. Los ocho grupos desmovilizados en Colombia han girado en torno a esas malas prácticas del Gobierno de descuidar la implementación y no desmontar el paramilitarismo”, reclamó el líder comunitario.

Excombatientes, líderes comunales y familiares de víctimas asesinadas unieron sus voces durante el acto de memoria de este martes y para pedirle a la sociedad civil acompañar el proceso de reincorporación en estos momentos críticos del Acuerdo de Paz, llamado que extendieron a los medios de comunicación para que no les den la espalda sino que le hagan seguimiento a los compromisos adquiriros por el Gobierno Nacional para la implementación desde los territorios.

Mientras el Gobierno llega con soluciones concretas, los excombatientes y demás pobladores de Santa Lucía y San Agustín, seguirán enviando mensajes de auxilio y de resistencia desde el ETCR, pidiéndole a los colombianos que salven el Acuerdo de Paz.

*Especial para Colombia2020