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Entre los excombatientes de las Farc que se reincorporan a la vida civil la principal incertidumbre sobre su futuro está ligada a la tierra. Consideran que sin un pedazo de terreno para trabajar o para construir su vivienda no será posible asegurar el éxito de su reincorporación.
En esta entrevista, Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación, sostiene que, aunque el Acuerdo de Paz no lo estipuló, el tema de la tierra es prioritario para los proyectos productivos y de vivienda de los exguerrilleros. Por eso, dice, el Gobierno está comprometido con garantizarles ese acceso y para ello está articulando esfuerzos que pueden venir de distintos sectores, ya sea el privado o la cooperación internacional. Según afirma, los excombatientes pueden tener la plena confianza en que el Gobierno va a continuar cumpliendo sus compromisos con la reincorporación.
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¿Cuál es su balance sobre la entrega de tierras a excombatientes de las Farc?
Si bien el Acuerdo de Paz no estipuló un beneficio directo para los excombatientes en términos de acceso a tierras, desde el Gobierno se ha entendido que es un elemento esencial para el desarrollo tanto de los proyectos productivos como de vivienda. Por eso, en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció la posibilidad de que los excombatientes accedieran a los predios que fueran administrados por la Sociedad de Activos Especiales que puedan tener una vocación productiva y que se ponen a su disposición.
En cuanto a la consolidación de los espacios territoriales, nosotros adelantamos la identificación de los predios para ver cuáles podían ser objeto de compra, cuáles tenían que entrar en rutas de formalización, porque eran baldíos o cualquier figura jurídica que nos limitara el acceso a la tierra. Para ese proceso se dispuso un presupuesto de $16.000 millones.
¿Qué predio fue comprado ya?
La tierra donde está el antiguo espacio territorial de Colinas (Guaviare) ya se compró, ya la propiedad la tiene el Estado. Ahí comenzamos el proceso de consolidación con el proyecto de vivienda que se articula con el sector privado y con los ministerios de Vivienda y Agricultura.
¿Cuándo la propiedad de la tierra pasa a ser de los excombatientes?
Cada familia, o cada excombatiente, va a tener la titularidad en lo que corresponde a su vivienda y las porciones que son de mayor extensión, en lo relacionado con el tema de vías y la infraestructura comunitaria, serán entregadas a las cooperativas para que hagan parte de los proyectos productivos de cada una de estas zonas.
Ese es el primero que compra el Gobierno. ¿Qué otros están próximos a ser comprados?
Hay cinco terrenos que tienen una proyección de que en marzo ya están terminando su proceso de compra. No tengo los nombres exactos.
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Ya hay dos iniciativas en las que la sociedad civil entra a solucionar el tema de la tierra. La de los empresarios de Proantioquia en Dabeiba y la de la Confraternidad Carcelaria de Colombia-Alemania en Ituango. Esos son esfuerzos que no vienen del Gobierno...
Nosotros lo que estamos haciendo es articulando a todos los sectores, como lo dice el Acuerdo de Paz. Este dispuso que la financiación del mismo se haría con tres fuentes de recursos: de cooperación internacional, del presupuesto general de la nación y del sector privado. Cuando nosotros hacemos el tema de corresponsabilidad, canalizamos los recursos del sector privado que quiere hacer parte. Esto no es una experiencia de ahora, tenemos experiencias en el proceso de las Autodefensas, en las desmovilizaciones individuales, donde el sector privado se vuelve el principal corresponsable de este tipo de políticas.
¿Cuál es la importancia de que la sociedad civil esté facilitando también el acceso a la tierra para los excombatientes?
Lo importante es la corresponsabilidad. El proceso compromete diferentes acciones tanto del sector público como del privado. Es muy importante que el sector privado se vincule en diferentes iniciativas, que pueden ir desde el emprendimiento o la empleabilidad, pero también en temas de reconciliación y trabajo con las comunidades donde están actuando estos empresarios. Es un tema que nos permite ver cómo el proceso sigue ganando confianza con el sector privado, sigue ganando confianza con la cooperación internacional.
¿Es decir que la incertidumbre que tienen los excombatientes por la posesión de la tierra se puede ir disipando?
Cuando me habla de incertidumbre frente a la tierra, lo que estamos haciendo como Gobierno es generar todas las alternativas para que los excombatientes, a partir de diferentes acciones, tengan la confianza de lo que venimos adelantando en el proceso de reincorporación. El Acuerdo nunca generó un derecho cierto frente a esa población (en acceso a tierras). Pero sí es un activo necesario para la implementación de proyectos productivos y los proyectos de vivienda y así es como nosotros lo hemos entendido.
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El Gobierno adquirió el compromiso de comprar los 24 predios donde están ubicados los antiguos espacios de reincorporación. ¿Es de esperar que en el primer semestre de 2020 se materialice la compra de esos terrenos?
Eso depende de la hoja de ruta de cada uno de los predios. Ahí viene todo el proceso que hemos diseñado con la Agencia Nacional de Tierras para ese objetivo.
¿Qué pasó con los espacios de reincorporación que se iban a trasladar?
Son cuatro: La Macarena (Meta), Pradera (Putumayo), Charras (Guaviare) y La Variante (Tumaco, Nariño). En La Macarena ya se tiene identificado el predio, más cerca de la frontera con Caquetá. En Charras y en Pradera estamos en la búsqueda del terreno, y en Tumaco ya se firmó la carta de intención de compra del predio.
¿Y qué pasa con el acceso a tierra con los excombatientes que están por fuera de los espacios de reincorporación, que son la mayoría?
Nosotros ahora estamos atendiendo de manera particular el tema de los espacios territoriales, pero eso no quiere decir que otras cooperativas que estén por fuera de los espacios puedan acceder a predios de carácter productivo. La oferta que tenemos disponible es con predios de la SAE para que esas cooperativas adelanten ahí sus iniciativas productivas. Igualmente, en materia de vivienda, la oferta está planteada en tres sentidos: el primero, para aquellos que están en los espacios territoriales; segundo, para aquellos que están por fuera, a través de la asignación de subsidios; y tercero, para aquellos que ya son propietarios a través de los programas de saneamiento o mejoramiento de vivienda.
¿En materia de reincorporación para 2020 qué cambia?
El presidente ha sido muy claro frente a su compromiso con el proceso y se extendieron los beneficios o el plan especial de atención en los antiguos espacios de reincorporación por todo el año 2020. Beneficios como que el 94 % de esta población ha podido tener acceso efectivo a los servicios de salud, las jornadas con médicos especialistas y enfermeras en algunas de estas zonas, teniendo en cuenta su lejanía a cabeceras municipales. Se mantienen las coberturas en materia de alimentación en estas zonas y el Gobierno ya tiene dispuestos los recursos para garantizar el arrendamiento de estos espacios, mientras se compran y se siguen adelantando los procesos de infraestructura en esos territorios, como la provisión de bienes y servicios públicos. Eso es un proyecto de uno a dos años para lograr los objetivos planteados.
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Entonces los excombatientes pueden confiar en que el Gobierno va a continuar cumpliendo sus compromisos y en la continuidad del proceso…
Tienen que tener la confianza plena y así lo ha demostrado el presidente con las diferentes visitas a los espacios territoriales, con las normas que se incorporaron en el PND. El año 2020 va a traer nuevas oportunidades en el marco de la reincorporación, ya con una ruta mucho más estructurada, para que podamos avanzar en los temas educativos, de formación, el acompañamiento psicosocial integral, todos los procesos de asistencia técnica a esos proyectos productivos, seguir la gestión de recursos de la mano con la cooperación internacional para fortalecer la reincorporación y todos aquellos compromisos a los que el presidente les ha puesto un gran esfuerzo.