Los principales aprendizajes y retos de la sentencia que protege a los desplazados

La emblemática sentencia T-025 sobre desplazamiento forzado en Colombia es el tema central del evento “Justicia Constitucional en Contextos de Conflicto”, organizado por la Corte Constitucional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID Colombia y ACDI-VOCA.

El evento, que se realiza en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de Los Andes, es parte de la conmemoración de los 20 años del fallo , considerado un hito en la jurisprudencia constitucional tras declarar el Estado de Cosas Inconstitucional -también conocido como ECI- en la garantía de los derechos de las personas desplazadas.

El encuentro, que será transmitido por las redes sociales y el portal de Colombia+20 de El Espectador, inició este jueves e irá hasta el viernes 24 de mayo para dar una reflexión del impacto de esa histórica sentencia.

La instalación del evento estuvo a cargo de la magistrada Natalia Ángel, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004.

En la apertura del evento también habló José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional; Francia Márquez, vicepresidenta de la República; Néstor Osuna, ministro de Justicia; Margarita Cabello, procuradora general; y Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Así mismo, durante el segundo día del foro participará Paula Gaviria, relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas desplazadas; Walter Kälin, antiguo Relator Especial del mismo tema, y Robert Piper, Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre soluciones a los desplazamientos internos.

El enfoque de la conferencia para el primer día está en los avances y desafíos en la implementación de políticas públicas desde el fallo. Además, se evaluará su papel en la mejora de las condiciones de vida de diversas comunidades afectadas, incluyendo campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad.

El primer panel trató sobre el impacto que tuvo la sentencia en las víctimas. En esa charla estuvo Marco Romero, director de CODHES; Andrés Celis, representante de ACNUR en Costa Rica; Eucaris Salas, coordinadora Nacional de la Mesa Nacional de Víctimas. La moderación estuvo a cargo de Diego Peña, asesor de soluciones de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Colombia.

El segundo panel estuvo enmarcado en el seguimiento a la sentencia T-025. Posteriormente se presentó una charla sobre las soluciones a la problemática por medio de la Constitución. En la charla participaron Mariela Morales Antoniazzi, Investigadora Senior del Instituto Max Planck; Rodrigo Uprimny Yepes, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de DeJusticia; René Urueña Hernández, Profesor de la Universidad de los Andes.

Para cerrar el evento, se presentó la charla sobre la importancia de los enfoques diferenciales en materia de desplazamiento forzado. En este foro participó Esneda Saavedra Restrepo, Consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC; Julia Eva Cogollo Cabarcas, delegada del Proceso de Comunidades Negras - PCN; Linda Cabrera, directora de la Corporación SISMA Mujer; y la magistrada Diana Fajardo como la moderadora.

Lea aquí el recuento del primer día:

Eucaris Salas, la primera mujer víctima coordinadora de la mesa de participación nacional de víctimas y víctima de desplazamiento forzado, hizo un llamado al Gobierno para que atienda la situación actual. Si bien destacó que hay avances significativos, Salas reconoció que todavía hay muchos retos en el territorio.

“En 2022 y 2023 el incremento del desplazamiento ha sido del 37%. Esto aterroriza en el país porque uno aspiraba a que después de los acuerdos de paz disminuyera la cifra, pero por el contrario aumenta todos los días. Hacemos un SOS al Gobierno, a la Corte, a la Cooperación Internacional para que ponga una mirada en el territiro y encontremos una forma de acabar con la guerra”, señaló.

En su primera intervención, Marco Romero, director de Codhes, habló del contexto en el que se dio la sentencia T-025. “En ese momento las organizaciones tomaban los datos de la sociedad civil sobre desplazamiento porque no había más. Entonces nos llegaron acusaciones de que queríamos crear una crisis donde no había y señalamientos porque no teníamos instrumentos técnicos para registrar el desplazamiento”.

Según Romero, las luchas de todas las organizaciones era que se reconociera que había un problema y que se detuviera su normalización.

El magistrado Manuel José Cepeda, quien hace 20 años fue el magistrado ponente del fallo, habló sobre los inicios de la sentencia T-025 y su recorrido histórico hasta ahora. En ese contexto, el magistrado resaltó que “hemos avanzado en superar las invisibilidades”.

“En ese momento lo que se planteaba como desafío era si se protegía a todos los desplazados pasados, presentes y futuros. Eso era una innovación, era muy difícil. Además, era proteger todos los derechos de los desplazados que estaban violados”, dijo el magistrado, quien también recordó que la decisión que se tomó en ese momento tenía que pasar por un reto importante en materia de presupuesto.

El magistrado explicó durante el evento que cuando fue ponente del fallo en 2004, le dieron la orden al Ministerio de Hacienda para que hicieran una estimación del presupuesto y declararan, de manera pública, si se podían comprometer. “Si el Ejecutivo decía que no, entonces que fuera un acto público frente a los desplazados. Finalmente, el gobierno hizo el estimativo y llegó a la conclusión de que sí podía aumentar los recursos y de manera sostenida. Esto generó procesos de responsabilidad política”, agregó.

Para el togado Cepeda, dentro de los principales avances a 20 años de la sentencia ha sido la visibilización, el aumento del presupuesto, y el saber qué está pasando y cómo evolucionan las cosas. Además, resaltó que “millones de desplazados han sido protegidos por la sentencia. Vamos avanzando poco a poco”.

En ese sentido, Cepeda señaló la importancia del evento de conmemoración para hacer una evaluación de lo que ha pasado hasta el momento con la sentencia en cuanto a avances y retos. “Tenemos que hacer una pausa para ver en qué se ha acertado y en qué se ha fallado para poder seguir avanzando en la protección de los derechos de los desplazados, que es lo fundamental”.

La magistrada Natalia Ángel Cabo, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, instaló oficialmente el evento que conmemora el histórico fallo. Para ello, la togada le dio voz a las historias de las víctimas que desde hace más de 20 años han alertado a la Corte y al país sobre una de las grandes tragedias de Colombia como lo es el desplazamiento forzado.

“En el barrio pasaban muchos sucesos de violencia y quería sacar a los jóvenes de este lío. De pronto por eso me llega este desplazamiento. Me sacaron a la carretera a las 3 de la mañana y llegué a Bogotá donde empieza la odisea. (...) Lo más difícil para mí fue cuando el recurso económico se me agotó. Lo más difícil para mí como hombre, como padre de familia, fue tener que mendigar”, leyó la magistrada Natalia.

Posteriormente, Ángel habló sobre los compromisos pendientes que siguen sobre la mesa y el hito que marcó la sentencia T-025. “Este evento es una prueba de nuestro compromiso. La sentencia tiene una relevancia particular en la Corte porque ayudó a hacer visible una problemática que a pesar de ser tan devastadora, permanecía oculta. La corte acumuló tutelas que ilustraban la dureza del conflicto y el compromiso de sus derechos fundamentales. También la indiferencia del gobierno a los desplazados”, dijo.

En el marco de esa sentencia se creó por primera vez una Sala Especial de Seguimiento para monitorear el cumplimiento del fallo. De esa Sala hace parte la magistrada Ángel como presidenta, la magistrada Diana Fajardo y magistrado Juan Carlos Cortes.

Asimismo, la magistrada Ángel destacó que las conmemoraciones sirven para repasar el punto de partida, reflexionar al respecto, reconocer lo que ha servido y lo que hace falta con el compromiso de seguir adelante.

“La Corte no puede evitar que ocurran desplazamientos, ni es la encargada de responder. Nuestro rol es lo que hacemos para que el Gobierno cumpla sus obligaciones y continúen con la tarea de la superación del ECI”, señaló.

Posteriormente, la magistrada destacó que es posible superar el ECI a pesar de los desafíos. “Lo importante es que el tema del desplazamiento siga siendo central en la agenda pública”, concluyó.

El discurso de bienvenida estuvo a cargo del presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes en el que rememoró el camino que se ha recorrido en materia de justicia hasta llegar al fallo emblemático que declara el Estado de Cosas Inconstitucional en la garantía de los derechos de las personas desplazadas.

“Es doloroso decir aquí que durante mucho tiempo se dio la espalda a la población víctima de desplazamiento forzado. Hoy no conmemoramos ni celebramos los 20 años de la sentencia, sino que reflexionamos sobre una decisión frente a la realidad del Estado”, expresó el magistrado.

Posteriormente, el magistrado Reyes le dio la palabra al ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien habló sobre el hito jurisprudencial que representa la sentencia T-025. Asimismo, en el evento intervino la procuradora general, Margarita Cabello y el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

¿Por qué es importante la sentencia?

El desplazamiento forzado es el hecho que más ha generado víctimas en el conflicto armado colombiano. Según el Registro Único de Víctimas, de las poco más de 9,5 millones de víctimas que ha dejado la guerra en Colombia, 8,5 millones han vivido desplazamiento forzado; es decir, el 89 %.

Ante la inoperancia del Estado, la sentencia T-025 de 2004 fue un llamado a la acción y se tuvo que revisar y fortalecer la respuesta al desplazamiento forzado. La Corte Constitucional identificó una política pública insuficiente y descoordinada, que resultaba en violaciones masivas de derechos fundamentales. La declaración de Estado de Cosas Inconstitucional subrayó la urgencia de reformas estructurales y coordinadas para garantizar la protección de los desplazados.

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