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El escándalo que hoy compromete a la disidencia de Calarcá Córdoba y a dos funcionarios del Estado estalló tras la filtración de archivos incautados en un operativo militar que, más de un año después, revelaron posibles contactos irregulares entre estructuras armadas y miembros de la Fuerza Pública.
Lo que parecía un episodio rutinario de control derivó en señalamientos de apoyo logístico, creación de empresas fachada y circulación de información reservada, poniendo bajo presión a la Fiscalía, a la inteligencia estatal y al propio proceso de paz con el EMBF.
La crisis, que combina vacíos de control institucional con tensiones políticas en ascenso, amenaza con alterar el equilibrio de una mesa ya frágil y reaviva dudas sobre la capacidad del Estado para vigilar a sus propios hombres mientras negocia con un actor armado.
Estas son cinco claves para entender el escándalo.
1. Cómo comenzó (lo que se sabe)
El origen del escándalo se remonta al 23 de julio de 2024, cuando un retén militar en la vía Medellín–Anorí detuvo una caravana en la que se movilizaban varios mandos de la disidencia encabezada por “Calarcá Córdoba”, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), y en diálogos con el gobierno de Gustavo Petro.
En esos vehículos viajaba parte de la escolta otorgada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la movilidad de la delegación en el marco de los diálogos con el Gobierno. La escena llamó la atención de las tropas porque, entre los ocupantes, había figuras de peso dentro del grupo armado con órdenes de captura vigentes.
Durante la inspección fueron incautados diversos elementos: celulares, memorias USB, discos duros, computadores portátiles, dos pistolas calibre nueve milímetros, un chaleco balístico, oro y dinero en efectivo. Todo ese material quedó bajo cadena de custodia de la Fiscalía.
La unidad investigativa de Noticias Caracol accedió a esos archivos y expuso hace una semana un conjunto de comunicaciones internas —correos, chats, anotaciones y documentos operativos— que mencionaban nexos entre la disidencia de “Calarcá” y altos funcionarios del Estado, entre ellos el general del Ejército Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
2. Los protagonistas del escándalo
Entre los señalados figuran Juan Miguel Huertas Herrera, general del Ejército, y Wilmar de Jesús Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las acusaciones aluden a reuniones, contactos y planes para facilitar la movilización de miembros del EMBF mediante una supuesta “empresa fachada” de seguridad privada.
Juan Miguel Huertas, general del Ejército
Según los archivos incautados a la disidencia, el nombre del general Huertas aparece en comunicaciones que sugieren su participación en la propuesta de una empresa de seguridad privada, destinada a permitir que integrantes del EMBF se movilizaran en vehículos blindados y portaran armas legalmente.
Huertas fue reincorporado al Ejército en julio de 2025, tras haber sido retirado en 2022 durante el gobierno anterior. Ahora está al frente del Comando de Personal —cargo clave desde el que se gestionan nombramientos, traslados y retiros dentro de la institución.
Pese a los señalamientos, él ha negado cualquier vínculo con la disidencia. Asegura que no se ha reunido con sus miembros, que no ha promovido empresas de seguridad vinculadas a grupos armados, y que los archivos publicados no han sido debidamente validados.
Además, su historia institucional arrastra antecedentes sensibles: salió del Ejército tras alertas de agencias de inteligencia extranjeras —señaladas por posibles vínculos con grupos delincuenciales— y, aunque en su momento había sido vinculado a un caso de falso positivo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisó el caso y determinó que no había evidencias suficientes para darlo como responsable máximo.
Wilmar Mejía, funcionario de la DNI
El nombre de Wilmar Mejía figura en los documentos de la disidencia como coautor, junto con Huertas, de la propuesta para crear la empresa fachada de seguridad. En uno de los archivos se le señala como responsable de entregar códigos de frecuencias radiales a la disidencia, lo que habría facilitado su movilidad sin ser detectados por operaciones militares.
Mejía, de formación en educación física, fue designado como representante del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia en marzo de 2024. Poco después, en mayo de 2024, ingresó al DNI y a finales de ese año fue promovido a director de inteligencia. Esa subida meteórica de rango —desde informante hasta encargado de inteligencia estratégica— ha sido uno de los puntos más criticados del caso.
Ante las acusaciones, Mejía ha denunciado un “montaje” y rechazado haber tenido contactos con la disidencia. A través de una carta pública sostuvo que nunca recibió orden alguna para reunirse con integrantes del EMBF, ni en Colombia ni en el exterior, y aseguró que su función se limita a la inteligencia estratégica en los marcos legales correspondientes. Aunque aceptó una entrevista con este diario, después no contestó más los mensajes.
La gravedad de las acusaciones —filtración de información, apoyo logístico, creación de estructuras fachada—, sumada al perfil administrativo de Mejía y su cercanía al poder político, lo convierten en una pieza clave para determinar si hubo cooptación institucional o mera fabricación de pruebas.
Calarcá Córdoba
Alexander Díaz, conocido como Calarcá Córdoba, es hoy la cara visible del EMBF. Según la investigación, hay mensajes de él con Richard Catatumbo —otro mando de esa disidencia— donde se habla del fortalecimiento del grupo a través de armas. Los mensajes revelan su participación en las discusiones sobre la creación de la presunta empresa de seguridad.
Además de esas gestiones, las comunicaciones muestran que “Catatumbo” jugaba un rol clave en la obtención y distribución de información sensible: advertía a sus hombres sobre movimientos de la Fuerza Pública, sugería rutas para evadir controles, coordinaba repliegues y enviaba reportes de inteligencia interna.
Su recorrido armado se remonta a mediados de los años noventa. Ingresó siendo muy joven al Frente 40, perteneciente al Bloque Oriental de las FARC, y años después militó en estructuras de inteligencia y operaciones urbanas.
Cuando muchas disidencias tomaron caminos distintos tras la ruptura del alto al fuego, Calarcá decidió mantenerse en negociación: en 2022 asumió la dirección plena del EMBF, que se separó de la facción más beligerante dirigida por Iván Mordisco. Mientras esa última fue descartada por el Gobierno como interlocutora, el EMBF siguió en la mesa de paz.
El EMBF bajo su mando no es un grupo menor: tiene presencia territorial en múltiples regiones del país. Sus áreas de influencia incluyen zonas del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, así como regiones del Meta, Guaviare, Caquetá y sur del país, con rutas hacia la Amazonía y la Orinoquía.
Otros actores institucionales
La Fiscalía General de la Nación
Fue la entidad que más quedó bajo el reflector. Desde julio de 2024, cuando fueron incautados los celulares, memorias, discos duros y computadores durante el retén de Anorí, el ente acusador asumió la cadena de custodia de todo el material. Sin embargo, durante más de un año no hubo una investigación pública de peso ni decisiones visibles que dieran cuenta de un análisis profundo de esos archivos.
La situación cambió únicamente cuando, en noviembre de 2025, medios de comunicación revelaron correos, chats y audios alojados en esos dispositivos. Esa dilación despertó cuestionamientos sobre la diligencia de la Fiscalía, su capacidad para indagar información tan sensible y, sobre todo, la voluntad institucional de avanzar en un caso que involucra a funcionarios del propio Estado.
Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
Otra de las entidades que son epicentro del escándalo. La aparición del nombre de uno de sus altos funcionarios —Wilmar Mejía— en los documentos incautados abrió interrogantes sobre la conducta interna de la entidad y sobre sus propios mecanismos de control. Aunque la dirección de la entidad ha negado de forma enfática cualquier participación institucional, la sola aparición de su personal operativo en los archivos obligó a una revisión interna y a la apertura de indagaciones disciplinarias y administrativas.
No es la primera vez que la DNI está involucrada en un caso con disidentes de ese proceso de paz. En mayo de 2025 se conoció que la entidad había mantenido bajo protección durante 55 días a Mocho Olmedo —segundo al mando del Frente 33 de la disidencia de Calarcá— luego de su captura. En lugar de recluirlo en prisión, permaneció en un apartamento en Chapinero, Bogotá, custodiado por la inteligencia estatal, pese a ser requerido por narcotráfico y lavado de activos.
La delegación de Gobierno
Finalmente, aunque no se les atribuyen responsabilidades directas, los negociadores del Gobierno resultan inevitablemente alcanzados por la crisis. Su rol como interlocutores institucionales con la disidencia queda cuestionado, pues la aparición de supuestos vínculos entre miembros del Estado y la estructura de Calarcá obliga a revisar los procedimientos de verificación, los filtros de seguridad y los protocolos para interactuar con los disidentes.
Entre el operativo de Anorí y la explosión del escándalo hubo además un giro en la conducción del proceso de paz: el equipo negociador del Gobierno cambió de liderazgo, pasando de Camilo González Posso a Gloria Quiceno. Ese relevo coincidió con la fase en la que la mesa intentaba estabilizarse y definir mecanismos de verificación más sólidos, en medio de tensiones internas y presiones externas por la continuidad del proceso con el EMBF.
El episodio no solo plantea dudas sobre el funcionamiento interno de la mesa, sino que también golpea la credibilidad del proceso y presiona al Gobierno para reforzar los mecanismos de supervisión que deben regir cualquier diálogo con un grupo armado.
3. Investigaciones, sanciones y consecuencias institucionales
La Fiscalía General de la Nación anunció en noviembre de 2025 que abrirá líneas de investigación formales sobre posibles vínculos entre agentes del Estado y la disidencia. La investigación obedece a los informes periodísticos que divulgaron los archivos incautados.
A partir de esos hechos, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al general Huertas y a Mejía, como medida cautelar mientras avanzan las indagaciones disciplinarias.
El Ministerio de Defensa abrió un proceso interno para aclarar responsabilidades y asegurar que la institución no tenga miembros implicados en nexos con grupos ilegales.
La DNI se encuentra en crisis institucional: el director de operaciones señalado (Mejía) está suspendido, y la institución ha defendido su actuar, pero enfrenta pérdida de legitimidad pública por el alcance de las acusaciones.
A nivel político, el caso tensó de nuevo la credibilidad del Gobierno en sus negociaciones de paz, generando desconfianza en sectores de oposición y la opinión pública —justo cuando se buscaban consolidar acuerdos con la disidencia—
4. Los impactos
El proceso de paz
Aunque la mesa con el EMBF sigue en funcionamiento, las revelaciones la dejaron en una posición frágil. El Gobierno teme que el escándalo erosione la confianza en el modelo de negociaciones, que ya venía enfrentando cuestionamientos por su lentitud y falta de resultados visibles. Ahora, cada decisión del equipo negociador debe ser explicada con más detalle y el proceso depende, en buena parte, de recuperar credibilidad frente a una opinión pública desconfiada.
Inteligencia estatal
El caso reveló tensiones internas dentro del aparato de inteligencia y dejó al descubierto debilidades en los mecanismos de control. La aparición de información reservada en poder de la disidencia plantea preguntas sobre filtraciones, disputas entre agencias y fallas en los protocolos de supervisión. El episodio obliga a revisar la cadena de mando, las responsabilidades disciplinarias y la capacidad del Estado para proteger información estratégica en medio de procesos sensibles.
* Un clima político y electoral más polarizado
La controversia escaló rápidamente al terreno político. Sectores de la oposición han acusado al Gobierno de falta de transparencia y de haber permitido que funcionarios con acceso a información clave actuaran sin supervisión suficiente. Con el calendario electoral avanzando, el caso se transformó en disputa. La oposición lo usa para cuestionar la seguridad y el manejo de la paz, mientras el Gobierno intenta contener el daño. El presidente calificó de “falsos” los supuestos nexos y ordenó verificaciones forenses.
5. ¿Qué dijo la disidencia?
“Como revolucionarios, nunca hemos tenido acercamientos con la Fuerza Pública —llámese Policía, Ejército o inteligencia militar—. Nunca seremos aliados ni haremos pactos con quien nos ha perseguido toda la vida”, aseguró la disidencia en un video publicado el viernes, su primera referencia pública frente al escándalo.
Además, advirtieron que cualquier relación con la Fuerza Pública se limita exclusivamente a los observadores militares y policiales que participan en la mesa de paz. Según el EMBF, los señalamientos buscan desacreditar el proceso y frenar los avances logrados en el séptimo ciclo de diálogos.
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