Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó este domingo en el Congreso de la República el proyecto de ley de paz total para el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores, colaboradores y personas procesadas por hechos relacionados con la protesta social.
Esta iniciativa es una de las piedras angulares de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El proyecto fue presentado por Montealegre, horas después del inicio de la última legislatura. El acto de radicación tuvo lugar en el Capitolio y contó con la presencia de varios congresistas de las comisiones primeras.
La propuesta legislativa busca crear un marco normativo específico para desmantelar de forma negociada las organizaciones armadas sin estatus político —como las que dominan economías criminales en zonas urbanas y rurales—, mediante beneficios condicionados a la entrega de bienes, la contribución a la verdad, la reparación a las víctimas y el cese definitivo de actividades ilegales.
Además, el texto contempla un tratamiento especial para personas judicializadas en el contexto de disturbios o manifestaciones sociales, así como reglas diferenciales para miembros de grupos armados con motivación política que no hayan accedido previamente a regímenes como Justicia y Paz o la JEP.
El proyecto articula normas de justicia transicional con mecanismos de colaboración eficaz y justicia restaurativa, e incluye garantías para las víctimas, como su participación efectiva, el derecho a la verdad y a la reparación, y medidas contra la revictimización.
Con esta radicación, el Gobierno busca que el Congreso tramite la iniciativa durante el último periodo de sesiones ordinarias, en medio de crecientes cuestionamientos sobre los resultados y el alcance de la política de Paz Total.
A pesar de estas tensiones, el Gobierno espera que el inicio de la nueva legislatura sea un punto de inflexión para su política de paz total, que enfrenta numerosos retos: fracasos en las negociaciones con algunos grupos armados, escaladas de violencia en territorios clave como el Cauca, Nariño y Guaviare, y la necesidad de mostrar resultados concretos ante la ciudadanía.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca abrir una vía jurídica para la desarticulación de estructuras armadas ilegales que no son parte de procesos políticos como los que se adelantan con el ELN o las disidencias de las FARC.
En esta última legislatura, marcada por un clima preelectoral y por la fragmentación del Congreso, el reto será mayúsculo. Aun así, el mensaje político que se enviará hoy con la radicación es claro: el presidente Petro no renuncia a su bandera más ambiciosa, la paz total, y buscará llevarla hasta el último año de su gobierno, con el Congreso como campo de batalla decisivo.
Este es el documento:
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.