Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A finales de esta semana se conoció el borrador del proyecto de ley de sometimiento de grupos armados, pieza central de la política de paz total del presidente Gustavo Petro, que busca ofrecer beneficios penales a grupos como el Clan del Golfo.
El expresidente Juan Manuel Santos, uno de los arquitectos del Acuerdo de Paz con las FARC, cuestiona abiertamente tanto el proyecto como la estrategia general del Gobierno en materia de paz. Según Santos, se trata de un proceso sin claridad jurídica ni política, que arriesga desviar el foco de la implementación del Acuerdo de 2016 y repetir errores del pasado.
¿Cuál es su lectura del borrador del proyecto de sometimiento de Gobierno que se conoció en estos días?
Yo diría sobre ese proyecto de ley que lo que comienza mal termina mal. Cuando se posesionó el presidente Gustavo Petro tuvimos una reunión en donde el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, explicó cómo iba a adelantar unas negociaciones con 14 grupos diferentes, aunque al tiempo estaba desmantelando lo poco que había dejado Iván Duque de la estructura para implementar el Acuerdo de Paz.
Yo les dije al presidente y a los presentes de la reunión que eso que ellos pretendían era imposible, que si no conocían muy en detalle con quiénes se iban a sentar, cuáles eran los objetivos, cuáles eran las líneas rojas, sobre qué marco jurídico iban a trabajar, eso no tendría futuro. Infortunadamente la situación sigue realmente igual.
¿Cómo ve el proyecto?
Creo que presentar un proyecto de ley cuando uno no tiene nada claro sobre las negociaciones con estos grupos generales, ni quiénes son, ni cuántos son, ni cuál es el objetivo, me parece que sería un salto al vacío y una irresponsabilidad. Por eso espero que el Congreso no vaya a aprobar ese proyecto de ley.
El proyecto recoge el tema de la justicia transicional, cuyo ejemplo fue lo que se pactó en La Habana con la Jurisdicción Especial para la Paz. En este caso se quiere aplicar a un grupo considerado “no político” como el Clan del Golfo. ¿Lo ve viable?
No es que yo opine o lo vea viable o no, sino que la comunidad internacional no acepta que se aplique una justicia transicional como la que se aplicó, por ejemplo, con las FARC, a un grupo delincuencial como es el Clan del Golfo.
Eso requiere un marco jurídico de sometimiento a la justicia, no de negociación, como si fuera un grupo político. Lo que muchos no han entendido es que el conflicto armado en Colombia -y así lo ve la comunidad internacional-, terminó con la negociación que se hizo con las FARC. Los grupos que quedaron son considerados grupos criminales, a los que no se les puede atribuir intención política, y por eso el régimen que se les aplica es un régimen de justicia final y sometimiento a la justicia.
<b>Pero si usted ve y habla con los miembros del Consejo de Seguridad, se va a dar cuenta que, como dicen, la paciencia se está agotando.</b>
Expresidente Juan Manuel Santos
En el proyecto se incluye un punto sobre “segundas oportunidades”, que busca reincorporar a personas excluidas de Justicia y Paz y de la JEP. Esto podría incluir a desertores del proceso con las FARC. ¿No había una restricción que el mismo Acuerdo de Paz dejó sobre eso?
Así es. Tal como usted lo dice. Los reincidentes no pueden volver a tener los beneficios de una justicia transicional y ese acto legislativo sigue vigente. Es que el error fue haberse metido en un proceso sin haberlo planeado, sin rigor ni método. Ese ha sido el error desde el comienzo y sigue vigente, infortunadamente.
¿Cree que este proyecto puede pasar, teniendo en cuenta la pugna entre Petro y el Congreso?
Yo espero que no pase. Además, les queda menos de un año para negociar con estos grupos y eso es ya un imposible. Eso se lo puedo asegurar. Sobre todo si ni siquiera saben con quiénes se estarían enfrentando y quiénes serían los interlocutores. No hay tiempo. Aprobar un proyecto de ley en esas condiciones sería una irresponsabilidad.
¿El proyecto centra mucho del papel de investigar y dictar sentencias en la Fiscalía? ¿En su experiencia, cree que esa entidad tiene la capacidad y la independencia necesarias para liderar un proceso de justicia transicional?
Esa es una magnífica pregunta para la Fiscalía.
El viernes se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el más reciente informe trimestral sobre el Acuerdo de Paz, con críticas muy duras sobre todo de parte del representante de Estados Unidos.
Sí. Hubo unanimidad en las críticas a la implementación del Acuerdo de Paz y nunca se han presentado unas críticas tan severas como las que se expresaron en esa reunión. Estaban no solamente los países de México, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, sino también los otros miembros como Panamá, Corea, Sierra Leona, Guyana, Argelia, Somalia, Eslovenia. Todos muy críticos de lo que están viendo, cómo el gobierno de Petro ha dejado de implementar el Acuerdo de Paz. Estados Unidos fue muy crítico, pero los demás también.
¿Qué destaca de lo que dijeron?
Le voy a dar algunos de los puntos que se mencionaron específicamente, prácticamente todos los miembros del Consejo. Primero ratificaron que el Acuerdo de Paz es un éxito global y un modelo de resolución de crisis. Y que por eso todos siguen apoyando el acuerdo, no la paz total, sino el acuerdo con las FARC.
Criticaron la falta de coordinación estatal y hubo una preocupación unánime por la falta de resultados, la fragmentación de las iniciativas gubernamentales y la falta de coordinación. También criticaron la violencia política y muchos equipos recordaron que no hay democracia si hay temor a la participación política y por supuesto condenaron el atentado contra el senador Miguel Uribe. No se nos olvide que el año más pacífico que hemos tenido en los últimos 50 años es el año 2017.
También criticaron mucho la ampliación de la violencia en los territorios y todos los miembros alertaron sobre este tema diciendo que la falta de implementación es lo que ha generado buena parte del incremento de la inseguridad en el país. El otro punto que criticaron es la insuficiencia, aunque ahí ha habido un avance de la Reforma Rural Integral. Y pidieron al gobierno acelerar la entrega y formalización de tierras. También haciendo referencia a la paz total, diciendo que hay una total falta de resultados de los diálogos con los grupos armados.
El otro punto fue el tema de las sanciones propias de la JEP, la primera que está próxima a darse. El Consejo pidió celeridad, ¿cómo ve ese tema?
Todos los miembros del Consejo de Seguridad presionaron a la JEP y pidieron la emisión de la sentencia lo más pronto posible, recordando que la enorme dificultad de la Jurisdicción en cumplir con la agenda lo único que ha hecho es generar problemas. La JEP es el sistema de justicia transicional más ambicioso que jamás se haya concebido y eso tiene que generar resultados.
En contexto: Así se prepara la JEP para su primera sentencia que será sobre falsos positivos
¿Usted cree que estos primeros desacuerdos y críticas tan duras son una alerta para el Gobierno y para implementar el Acuerdo de Paz?
Todos los miembros del Consejo de Seguridad dicen que seguirán apoyando el Acuerdo de Paz con las FARC, por eso hay que seguir insistiendo en su implementación.
¿No cree usted que este panorama al final sí tiene relación con lo que hablábamos al principio? Es decir, que este proyecto de paz total es un intento de contener la violencia que el propio Consejo de Seguridad señala.
No sé. El Consejo de Seguridad ha sido bastante crítico de la paz total. Porque, ahí también, no ven claridad para dónde va, no ven los parámetros definidos. Por eso ellos se han concentrado en que se implemente el Acuerdo de Paz con las FARC. Cosa que aquí en Colombia muchos hemos venido repitiendo desde hace años. Que la falta de implementación del Acuerdo de Paz va a generar muchísimos problemas. Y buena parte del desastre que estamos viviendo se debe a la falta de implementación. No solo de este gobierno, sino del anterior.
¿Cree usted que el Consejo de Seguridad podría perder esa unanimidad de respaldo al Acuerdo de Paz si no se avanza rápidamente? Por ejemplo, si las sanciones no son impuestas o si no son aceptadas por los comparecientes.
Lo único que en el mundo entero tiene todavía la unanimidad del Consejo de Seguridad es el Acuerdo de Paz que firmó Colombia en el año 2016. Pero si usted va y habla con los miembros del Consejo de Seguridad, se va a dar cuenta que, como dicen, la paciencia se está agotando. Porque van siempre a decir, vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas, y nunca lo hacen. Y entonces ese es el reclamo también unánime de todos los miembros del Consejo.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
