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Hace dos años el espacio de diálogo socio jurídico entre el Gobierno y las principales bandas criminales de Buenaventura, Shottas y Espartanos, se perfilaba como un proceso de estrella en el marco de la apuesta de paz urbana del presidente Gustavo Petro. Pero ese laboratorio de paz entró en una crisis desde finales del año pasado que no solo estancó los avances en la mesa sino que sumergió al puerto en un espiral de violencia y miedo.
El pasado 18 de julio de 2023, el gobierno instaló formalmente el primer espacio de diálogo urbano en el puerto con una agenda sobre la mesa que consistía en desmantelar la violencia armada, eliminar las fronteras invisibles, apoyar las iniciativas comunitarias y otros temas que le apostaban a desescalar la guerra, incluyendo treguas entre las bandas.
En ese contexto, las delegaciones que se conformaron en el espacio, tanto por parte del gobierno como de las bandas criminales, decidieron extender varias veces en el tiempo pactos de no agresión como una muestra de voluntad de paz. Esos compromisos surtieron un efecto importante en Buenaventura, pues lograron salir de la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo y los índices de homicidios se redujeron considerablemente.
Sin embargo, esa tregua que era considerada uno de los más largos en la paz total de Petro llegó a su fin el pasado 6 de febrero y junto a esa ruptura de 19 meses de tregua, al puerto regresó la violencia en su máxima expresión.
Marzo cerró como el mes más violento en dos años y el asesinato del joven futbolista Vladimir Bravo, conocido como Vlacho, marcó un punto de inflexión en Buenaventura, pues volvieron los fantasmas del confinamiento, las fronteras invisibles y la violencia armada. La guerra tocó tan fuerte la puerta que las comunidades decidieron marchar por las calles para exigir a las bandas criminales frenar la violencia. Solo en el primer trimestre del año se registraron más de 50 homicidios.
Asimismo, a esa ola de violencia se le suma el asesinato del hijo de uno de los principales cabecilla de las bandas, lo que provocó duros enfrentamientos en el puerto como venganza y de una vez el control territorial. Desde marzo esa guerra no se ha frenado, a pesar de que las estructuras criminales emitieron un comunicado en el que anunciaron un pacto de no agresión entre ellos y pidieron la llegada de la gobernadora del Valle y la alcaldesa a la mesa. Las comunidades, aún con miedo, no creyeron en ese anuncio y la zozobra siguió.
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Un reciente informe de la organización Vivamos Humanos junto con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que hace un balance de las mesas de paz total señaló que desde enero de 2023 a mayo de 2025 en Buenaventura se registraron 108 eventos violentos. Solo en este año se han reportado 29 eventos violentos asociados directamente con las estructuras armadas en los barrios relacionados principalmente con amenazas, agresiones contra líderes y lideresas, restricciones a la movilidad, extorsión y reclutamiento forzado.
La extorsión y la cartelización de la canasta básica se fortalece
Más allá de los índices de homicidios, una de las dinámicas más fuertes en el puerto, y que ha estado en alza, tiene que ver con la extorsión y la cartelización de la canasta básica familiar. Así lo reconocen habitantes de Buenaventura. “No estamos en el peor momento de la violencia urbana, pero el tema de la extorsión es quizá una de las violencias más graves y casi imperceptibles. Se alimentan a través de negocios, de economías que generan extorsionando desde el más pequeño hasta el mediano”, señaló un líder social que prefiere mantener en reserva su identidad porque reconoce que es un tema delicado y riesgoso.
“Algunas comunidades han denunciado que está mucho peor que antes. Sabemos que el fenómeno lleva más de 10 años. Nadie en Buenaventura puede montar un negocio sin tener una extorsión. La cartelización es un asunto más complejo porque no solamente incluye a los actores ilegales sino también a un circuito económico de comerciantes”, agregó.
Precisamente, la extorsión es una de las principales economías ilegales de las bandas criminales porque les permite ejercer control en los territorios y sostener la estructura. En una reciente entrevista con Colombia+20, Linda Posso Gómez, coordinadora de la Oficina Regional Pares Pacífico, explicó que la extorsión en el territorio afecta mayormente a los comerciantes, lo que impacta de manera directa el comercio. De acuerdo con un enlace en el territorio, al año se pueden cerrar aproximadamente 20 negocios porque no tienen forma de financiarlo y pagar la extorsión, que además ha generado casos de desplazamiento forzado por amenazas.
“Buenaventura tiene los precios de la canasta básica muy elevados, y eso tiene que ver con el hecho de que los comerciantes y los pequeños vendedores de las tiendas de los barrios se ven afectados por la extorsión. Esta eleva el doble el valor de los productos, lo que se ve reflejado en que los tenderos tienen que vender para poder ganar a un precio irrisorio. Las bandas controlan la economía”, aseveró Posso Gómez.
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De esa manera, productos como huevos, arroz, carne y plátanos son comercializados por las bandas criminales: Shottas o Espartanos. Un reciente artículo de El País, de Cali, señaló que más de 35 productos de la canasta básica están completamente monopolizados.
“Aunque las treguas han tenido efectos puntuales sobre los homicidios, no han eliminado de manera sustancial las dinámicas extorsivas, lo que evidencia que estas estructuras mantienen su poder de coacción aún en momentos de diálogo formal. Frente a esta situación, desde el año 2024 la delegación de Gobierno señaló que hubo consenso de las estructuras para la “descartelización” de los alimentos en zonas específicas del territorio donde se desarrollan mercados campesinos”, señaló el informe de Vivamos Humanos.
A través de ese acuerdo de “descartelización” se logró crear un mercado campesino en Matía Mulumba en el que los campesinos pueden traer sus productos al puerto y no les pueden cobrar extorsión. Sin embargo, ese modelo no se ha podido replicar en otros puntos. “Aquí se produce comida, el tema es que no se puede traer porque hay amenazas y muertes. Queremos que se reactiven los circuitos económicos y protegerlos, esa es una manera de acabar con el negocio criminal”, explicó el líder social.
“Aquí hay una gobernanza criminal. No es solamente un tema de violencia urbana de unos muchachos desocupados, alcoholizados o con drogas que quieren matar a la gente, sino que aquí hay una orquesta que funciona, incluyendo el tema de seguridad. ¿Cómo es posible que ese negocio lleve 10 años y que nadie le meta el diente, ni siquiera la Fuerza Pública o la Fiscalía? Este tipo de negocios terminan deteriorando rápidamente la vida de las comunidades y engordando estos carteles en los territorios”, agregó.
En eso coincide Fabio Cardozo, jefe de la delegación del gobierno en ese proceso. “No es posible que exista en Buenaventura un modelo como el de la cartelización de los productos básicos de la canasta familiar. Es un modelo que tiene más de una década donde unos sinvergüenzas son los que distribuyen a mayoristas y minoristas por lo menos 35 artículos de primera necesidad. Buena parte de los productos que salen para los municipios costeros salen vacunados. Esta es una especie de extorsión masiva y al parecer aceptada por las instituciones del Estado porque uno no siente que haya realmente una decisión de desmontar semejante esquema criminal”, señaló y pidió celeridad por parte del Gobierno.
Cabecillas en el extranjero y voceros en las cárceles: así está el espacio de diálogo
A lo largo de la crisis que derivó en el estancamiento del proceso tras dos años de su instalación, las delegaciones han sufrido cambios importantes que también explican el problema. Por un lado, la llegada de Cardozo fue un punto importante porque las bandas no lograron acomodarse del todo a la nueva delegación y varias veces han pedido su renuncia.
A eso se le suma que los principales cabecillas de Shottas y Espartanos están fuera del país, y los voceros que quedaban en Colombia han ido cayendo a la cárcel. En febrero, la Secretaria de Paz del municipio, Karolina Guerrero, denunció la salida de uno de los voceros de Los Espartanos de la mesa de negociación. El delegado Cardozo explicó que se debía a una orden de captura activa contra ese miembro. Posteriormente, se efectuó la captura de William Carvajal y Jimmy García, otros dos voceros de Shottas.
Ante las inquietudes sobre los impactos en la mesa, la delegación entregó un parte de tranquilidad: “Seguimos adelante en este propósito con mayor fuerza. Vamos a seguir adelantando el ejercicio y la implementación de nuestra estrategia de paz urbana”.
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Por otro lado, Jorge Mapaya y Diego Optra, los principales cabecillas de Espartanos y Shottas respectivamente, están en el extranjero y conservan su poder. Mapaya, está prófugo y tiene una orden de captura vigente por lo que vive fuera del país. Sin embargo, mediante una carta conocida por este diario y enviada a la delegación del Gobierno en el espacio, afirmó que tenía la intención de regresar al país y unirse de manera definitiva a la mesa y al proceso.
“El jefe del grupo Espartanos, Jorge Mapaya, nos envió una carta a la delegación diciendo que está dispuesto a llegar a Colombia y vincularse al espacio y a la mesa de conversación. Sin embargo, no había un camino judicial expedito para tomar esa decisión. Además, por esos días estaba pasando lo de las famosas circulares rojas. Nosotros con reticencias dejamos un poco en el congelar la solicitud”, explicó Fabio Cardozo.
Y agregó: “Recientemente la señora fiscal general emitió una directriz señalando que se deben levantar las órdenes de captura contra voceros y representantes que estén en la construcción de paz. Esto genera unas condiciones favorables para avanzar en esa dirección. En la carta que suscribe Mapaya señala que está dispuesto a cumplir a cabalidad la agenda que nosotros les proponemos. En eso estamos”.
Los principales avances y retos del espacio
Para las comunidades, así como para la delegación de Gobierno, el espacio de diálogo ha representado un avance en términos de paz. Para uno de los líderes sociales que habló con Colombia+20, la mesa permite llegar a acuerdos y no generar más confrontación con la fuerza pública, como se hacía antes. “En este momento se mantiene el espacio de conversación. Es muy valiente que se mantenga y desde ahí se pueda buscar una salida dialogada a lo que llamamos el desescalamiento de las violencias, eso antes no existía. A raíz de la mesa o de este ejercicio se puede confrontar, dialogar y acordar cosas”, explicó.
Dentro de los principales avances que destaca la mesa está la creación de una agenda que no responde únicamente a la conversación socio jurídica sino que incluye la transformación territorial como uno de sus ejes. Esto a través de cuatro puntos: promoción de paz, desescalamiento de violencia, procesos de transformación y el desmonte de las bandas criminales. En ese sentido, si bien el contexto refleja que la mesa tambalea a través de una crisis, para Cardozo y la delegación el proceso ha tenido solidez.
“No podemos medir el desarrollo y la solidez de un proceso de paz urbana por la reducción de homicidios y menos si estos homicidios responden a decisiones de los armados, como en el caso de una tregua. Entonces nos tocaría ponerle la medalla de la Cruz de Boyacá a los armados porque gracias a ellos, gracias a su buena devoción, entonces no hay homicidios. Las cifras de homicidios tienen que obligar al Estado a hacer mayores esfuerzos para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la libertad de la ciudadanía”, señaló.
Para Cardozo, dentro de los logros a destacar está la instalación de un comité institucional que involucra a mujeres, líderes sociales, comunidades indígenas, entre otros. Además, señala como uno de los puntos fuertes del proceso el compromiso de no reclutamiento.
“Ese acuerdo hoy goza del respaldo de sectores importantes y hay un acuerdo relevante con el ICBF. Estamos esperando la visita de la directora del ICBF para realizar un foro con el acompañamiento de la red de universidades por la paz. En el marco de este foro vamos a firmar un acuerdo que beneficiará a la niñez”, explicó Cardozo.
Y agregó: “Hemos tenido avances sustantivos. Hemos logrado vincular a la ciudadanía, a las instituciones. Esa no es una negociación, este es un proceso social y político de construcción de una agenda de paz urbana. Esperamos que haya avances en este último tramo del Gobierno”.
Sin embargo, uno de los retos que identifica Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la organización Vivamos Humanos es precisamente la continuidad de esos avances que expone la delegación de gobierno.
“Uno de los principales retos es asegurar cómo se van a cumplir los acuerdos logrados hasta el momento. El segundo reto es lo que tiene que ver con la influencia de grandes grupos armados organizados sobre las bandas criminales. Además hemos visto que no es el único proceso al que le ha pasado lo de activación y reactivación de órdenes de captura y eso evidentemente muchas veces le pone el palo en la rueda al proceso mismo. Lo tercero, en definitiva, es el escenario del marco jurídico”, señaló.
En todo ese contexto, Cardozo le envía un mensaje a las bandas criminales que todavía hacen parte del espacio de diálogo que, en medio de todo, se sostiene. “Es importante seguir adelante, lograr acuerdos y levantar la presión existente sobre las comunidades. No se construye paz asesinando, extorsionando, desplazando o robando al pueblo”, dijo.
El espacio de diálogo en Buenaventura está a la espera del proyecto de ley que quiere presentar el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para destrabar uno de los principales puntos en las mesas urbanas: el marco jurídico. Mientras la paz urbana sucede, las comunidades viven en la zozobra de que la violencia continúe y pagando el sustento del diario a precios elevados.
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