Este viernes 8 de mayo se cumple un año del secuestro de dos investigadores del CTI en Arauca. La fecha llega atravesada por una nueva incertidumbre tras el reciente anuncio del ELN sobre que los someterá -junto a dos policías secuestrados en julio- a un “juicio revolucionario”.
Se trata de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como a los integrantes de la Policía Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados en mayo y junio de 2025.
El martes, esa guerrilla afirmó en un video que “sentenciaba” a Pacheco a “60 meses de prisión revolucionaria” y a López a 55 meses. Los miembros de la Policía fueron “condenados” a 36 meses por los supuestos “delitos” de espionaje “contra el ELN y la población civil”.
Las familias afirman, sin embargo, que, hasta hace pocas semanas, el mensaje que recibían era otro. Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López, habla de gestiones “muy discretas” que, según le dijeron, podían desembocar en una liberación después de cumplido el año.“Nos dijeron que había un adelanto, que había voluntad. Por eso estamos muy desconcertados. No sabemos absolutamente qué está pasando y esto nos toma por sorpresa”, afirmó este miércoles Macualo a Colombia+20.
Alejandra Sanabria, esposa del policía Franki Hoyos Murcia -también en poder del ELN-, indicó por su parte que también les habían dicho que se adelantaban gestiones y que se esperaba la luz verde del presidente Gustavo Petro para concretar un posible acercamiento. El diálogo de paz entre esa guerrilla y el Gobierno Nacional está en pausa desde enero de 2025 tras el ataque del ELN y los posteriores enfrentamientos entre ese grupo armado y el Frente 33 en Catatumbo.
Especial multimedia: Catatumbo, un año de la guerra que Colombia no logra detener
Aunque el mismo presidente ha dicho en varias ocasiones que la puerta del diálogo no está rota -la más reciente el viernes pasado-, el ELN dejó claro en una respuesta a inicios de esta semana que su propuesta de un “Acuerdo Nacional” y de retomar el proceso será con el próximo gobierno.
La delegación de Gobierno en ese proceso confirmó este miércoles que sí se ha adelantado actividades para lograr la libertad de los cuatro hombres. “Durante un año hemos hecho gestiones para la liberación de los cuatro funcionarios en diversas instancias, la Gestoría de paz del ELN, comunidad internacional e Iglesia Católica. Igualmente, hemos estado en permanente comunicación con las familias”, afirmó la delegación, que también pidió que se les respetara la vida.
Las familias de los secuestrados del CTI afirman que tras el anuncio del ELN ninguna persona del Gobierno, de la delegación o de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz las ha contactado para darles parte de la situación.
“Después de ese anuncio, ninguna persona se ha comunicado conmigo. Es un completo abandono”, dice Macualo.
En el caso de los policías, Alejandra Sanabria señala que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sí habló con ella el martes, pero solo para solidarizarse por la situación de su esposo.
Los juicios revolucionarios y el canje humanitario
El anuncio del ELN introduce un término cargado de historia en el conflicto armado. El llamado “juicio revolucionario” no es nuevo. Como explica la analista Laura Bonilla, ha sido usado por distintas guerrillas como una forma de “suplantación de justicia”, generalmente hacia adentro de sus propias filas.
Se trata de un “mecanismo” sin sustento legal que es usado por grupo armado no solo para simular un proceso contra personas que han sido secuestradas sino también contra sus propios miembros. En el caso del ELN este tipo de prácticas fue adoptada por Fabio Vásquez Castaño, uno de los fundadores de esa guerrilla, quien ante deserciones o desacuerdos hacia este tipo de juicios que terminaba en “castigos o, a veces, pena de muerte”, señala Bonilla.
Que esa lógica se traslade a personas secuestradas —y, en este caso, a funcionarios del Estado— amplía el margen de incertidumbre. “Puede pasar de todo (…) Desde prolongar la retención hasta escenarios más graves”, advierte Bonilla.
El ELN, además del “juicio”, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un canje humanitario, una fórmula también conocida en la historia del conflicto y presente en los procesos de paz que durante 30 años se ha llevado con la guerrilla del ELN. “Hablan de un cuatro por cuatro, pero no sabemos con quiénes ni cómo sería”, indicó Sanabria.
Ese cuatro por cuatro no es más que el resumen del canje. Intercambiar personas secuestradas a cambio de la liberación de guerrillero presos. En el caso del ELN, mientras la mesa de paz con Petro estuvo activa, se propuso una variación de ese canje con los llamados alivios humanitarios para población en prisión que tenía enfermedades terminales, entre otros.
“Esto lo único que muestra es cómo el ELN endureció su discurso después del sexto congreso que hicieron en 2024 y donde tomó las riendas Antonio García y toda el ala dura de esa guerrilla”, dice Bonilla.
La investigadora afirma que este tipo de acciones no solo corresponden al momento político-electoral del país, sino también a que -según mediciones de Pares-, el ELN sigue perdiendo terreno y control territorial en el país.
Tras un año del secuestro de los funcionarios del CTI y los policías, la sensación que se impone en las familias es la de un proceso sin resultados visibles y ahora con un anuncio que eleva el riesgo.
“Nos dicen que van a seguir con las gestiones humanitarias, pero no hay nada concreto. Necesitamos acciones reales”, dice Macualo.
Y agrega: “Yo solo le pido al señor presidente, a la delegación accedan a las peticiones para el regreso de mi esposo. Y al ELN le pido que le respeten la vida, que le den un trato digno y que le suministren el medicamento que requiere”.
Para Sanabria, estos meses también han sido un reto para sostener económica y emocionalmente a su hijo. “Él esta pequeño, pero todos los días mi hijo pregunta por el papá. Eso me ha implicado, por ahora, contarle una y otra vez que está trabajando, es lo que le he dicho, pero no es una situación fácil”, dice.
Con la hija mayor de su pareja, de 12, es distinto. “Ella ya entiende lo que pasa, pero no entiende por qué. Ahora es más difícil decirle que su papá puede estar tres años sin volver”, indica.
Las autoridades, entre ellas los ministros de Justicia y Defensa, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia han rechazado el anuncio del ELN y otras instancias como la delegación de Gobierno le han pedido expresamente liberarlos. Sin embargo, en vísperas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las gestiones sobre la liberación de los dos agentes y los dos policías se pueden dificultar.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.