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La delegación de Gobierno en el proceso con el ELN se pronunció este miércoles sobre el reciente anuncio de esa guerrilla de adelantar un “juicio revolucionario” contra dos agentes del CTI de la Fiscalía y dos miembros de la Policía, secuestrados desde el año pasado.
Se trata de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como a los integrantes de la Policía Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados en mayo y junio de 2025.
El pasado 5 de mayo, el ELN publicó una serie de videos donde indicó que la decisión se trata de una “sentencia condenatoria” y que no les impondrá una “pena capital”.
En el video, el grupo armado “sentencia” a José Pacheco a “60 meses de prisión revolucionaria” y a Rodrigo López a 55 meses. En paralelo, los miembros de la Policía, fueron condenados a 36 meses por los supuestos “delitos” de espionaje “contra el ELN y la población civil”.
De acuerdo con el mensaje publicado en su cuenta de X, los negociadores rechazaron “la decisión de mantener secuestrados” a los funcionarios y aseguraron que se han hecho gestiones para liberarlos.
“Durante un año hemos hecho gestiones para la liberación de los cuatro funcionarios en diversas instancias, la Gestoría de paz del ELN, comunidad internacional e Iglesia Católica. Igualmente, hemos estado en permanente comunicación con las familias”, afirmó la delegación.
En el mensaje también se pide al ELN que le respeten la vida a los cuatro hombres.
“Hoy de nuevo solicitamos al ELN un gesto humanitario para que no solo respete la vida de los funcionarios, sino que los libere sin condiciones. Nuestra delegación continuará trabajando y utilizará los canales posibles para buscar la liberación”, indicó.
La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación exigieron la liberación inmediata y sin condiciones de cuatro funcionarios secuestrados en Arauca el año pasado por el ELN.
Las entidades reiteraron que el respeto por la vida, la integridad y la libertad es un principio esencial del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.
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