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A través de un comunicado los jefes de las bandas criminales de Medellín que están en un proceso de paz urbana con el Gobierno de Gustavo Petro se pronunciaron sobre el escándalo por una fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí y le pidieron al mandatario retomar el diálogo.
En el comunicado —dirigido a la comunidad de Medellín y el Valle de Aburrá, al Comisionado de Paz, al Ministro de Justicia y al presidente Petro, entre otros— los voceros de las estructuras también pidieron disculpas públicas por la fiesta realizada dentro del centro penitenciario, que obligó al Gobierno el pasado 9 de abril a frenar esa mesa de paz.
“Solicitamos al presidente de la República, levantar la suspensión ordenada para los diálogos de paz urbana (…) Reiteramos nuestra disposición al diálogo y al respeto institucional. La paz urbana no puede convertirse en un escenario de confrontación política, sino en un espacio de construcción colectiva que requiere corresponsabilidad de todas las partes”, se afirma en el documento.
Y agregan:
“En ese sentido, los hechos recientes ocurridos en la cárcel de Itagüí deben ser asumidos con seriedad y en su justa dimensión. Por ello, les ofrecemos a través de la presente excusas públicas y asumimos la responsabilidad política que nos corresponde como voceros de paz y personas privadas de la libertad en proceso de resocialización. Entendemos y lamentamos el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno Nacional nos ha depositado”, afirman.
En las últimas horas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó un operativo sorpresa al penal, donde se incautaron distintos prohibidos como celulares, alcohol y drogas.
Al menos 11 funcionarios de esa institución fueron apartados de sus cargos porque estaban prestando servicio al momento en el que ocurrió la fiesta. La Procuraduría abrió también una investigación disciplinaria.
En el balance se menciona el hallazgo de tres teléfonos celulares con accesorios, un módem de internet, unos manos libres, un computador portátil, una tablet y una consola de videojuegos tipo PlayStation con controles para seis personas. Todos, equipos de comunicación y tecnología prohibidos.
Las autoridades afirmaron que hallaron drogas: 1.323 gramos de “sustancia vegetal” y 271 gramos de “sustancia pulverulenta”. Además de 375 mililitros de aguardiente, 2.250 mililitros de champaña y 750 mililitros de licor tipo Smirnoff. También hubo electrodomésticos.
En algunos videos de las cámaras de seguridad también se registró el ingreso el día del a fiesta del cantante Nelson Velásquez, quien fue contratado para ese evento, así como de carros de alta gama, mujeres. Incluso se ve a civiles controlando el ingreso.
Sobre ese tema también se pronunciaron los jefes de las bandas criminales y afirmaron que corresponden a una “estrategia electoral”.
“Rechazamos de manera enfática las afirmaciones calumniosas de algunos actores políticos locales, quienes han realizado señalamientos injuriosos y calumniosos en contra nuestra y entornos familiares, en particular nuestras esposas, para quienes les exigimos respeto. Estas manifestaciones lejos de ser fruto de una valoración objetiva de los hechos objeto de reproche, corresponden más al morbo político y estrategia electoral de quienes pretenden construir la paz basada en el silencio de los sepulcros y la desesperanza de los presidios”, se indica en el comunicado.
El escándalo de la fiesta se dio en medio de otro episodio de tensión en la mesa con la Fiscalía General de la Nación de reactivar 16 de las 23 órdenes de captura de los jefes de estas bandas urbanas.
Según señaló la fiscal general, Luz Adriana Camargo, desde el ente investigador evidenciaron que la mayoría de esas personas que habían sido beneficiadas ya están privadas de la libertad y cumpliendo una condena.
La senadora Isabel Zuleta, jefe de la delegación de Gobierno, sostuvo a este diario que la solicitud de garantías jurídicas no implica beneficios indebidos, sino que responde a la necesidad de proteger el diálogo. “La petición de garantías surge por la persecución judicial y mediática contra el proceso”, afirmó, al explicar el origen de las solicitudes elevadas ante las autoridades.
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